Ya han transcurrido 100 días de gobierno, periodo donde la esperanza del pueblo se ha centrado en superar la paranoia suscitada en la posesión del nuevo gobernante. En esta se manifestó que nuestro país era un caos, que se encontraba en una profunda crisis política, social, administrativa y económica, creando miedo, inseguridad y terror, pero a la vez alimentando la ilusión por la llegada del nuevo gobernante.
El presidente comenzó su periodo constitucional con un llamado a la unión, afirmando su voluntad de construir y no destruir, además de su vehemente compromiso de combatir la corrupción. Para ello, después de que la la consulta anticorrupción no alcanzara los votos necesarios, se reunió con sus promotores para impulsar mediante proyecto de ley estas iniciativas, las cuales han naufragado en el legislativo sin el decidido apoyo del gobierno y su bancada.
Por otro lado, el anterior gobierno dejó un gran déficit, por ello se hizo necesario radicar una ley de financiamiento que permita conseguir recursos que garanticen sanear el hueco fiscal. Para esto planteó gravar con el IVA los productos de la canasta familiar, lo que generó inconformismo y rechazo del pueblo y el legislativo. En consecuencia, el presidente llamó al diálogo y a buscar alternativas, no obstante, en los diferentes encuentros con los partidos la sentencia fue una sola: si no se aprueba la ley se acabarán los subsidios y se reducirán los programas sociales. En pocas palabras, se debe apoyar la ley de financiamiento sí o sí.
En ese orden de ideas, las universidades públicas padecen un déficit fiscal, estimado en más de 18 billones de pesos, que pone en riesgo su funcionamiento, por ello estudiantes y docentes decidieron movilizarse para reclamar mayor financiamiento y hacer un llamado al gobierno para establecer mesas de diálogo que permitan buscar soluciones a la problemática de la educación. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a este llamado, pero prefirió reunirse con Carlos Vives, Maluma y Silvestre Dangond... mientras tanto que el futuro de la educación pública siga en el limbo.
Además, en los últimos años ha existido un adoctrinamiento donde se planteaba que si no apoyábamos las ideas políticas del actual presidente y su partido político, Colombia corría el riesgo de convertirse en Venezuela, pero pese a su triunfo, ahora desde las huestes de su partido encontramos propuestas como la creación de una supercorte, la ampliación del periodo presidencial y, peor aún, la convocatoria de una constituyente, que cambiaría las reglas de juego y quebrantaría la seguridad jurídica, sin convertirnos en Venezuela, toda vez que las propuestas no son impulsadas por la oposición.
Es claro que el nuevo gobierno apenas comienza, que está realizando los ajustes necesarios para establecer la hoja de ruta que presentará al pueblo, pero también es necesario que el presidente se apersone de las decisiones y políticas de su gobierno para construir un mejor país, donde el diálogo social garantice el futuro de todos. Claro está que para ello no puede permitir la imposición de argucias jurídicas que permitan el regreso al poder del presidente eterno.
Si asume el compromiso y la responsabilidad depositada por el pueblo es probable que sea el artífice de un gran cambio en el país, que su legado político y social quede en los anaqueles de la historia; de lo contrario, será recordado por un gobierno funesto para Colombia.
