La exasperación y desconfianza compendian el estado de ánimo de millones de costeños en un asunto de tanta importancia como la prestación del servicio eléctrico en la región, después que múltiples planes y proyectos han quedado en poco menos que pañitos de agua tibia. La situación en vez de mejorar, empeora y se presenta una sucesión de acontecimientos en los que predominan la mala calidad de la energía, la discontinuidad de la misma, las oscilaciones del voltaje, apagones intempestivos, los cobros excesivos, la indigna atención a los usuarios, los daños de electrodomésticos sin que nadie responda por las indemnizaciones, la tercerización laboral desenfrenada que pone en peligro la vida misma de los operarios, entre otras.
Los hechos nuevos reseñados estos días por los medios de comunicación rebosan la copa. La Contraloría General de la República realizó una investigación especial durante varios meses del año 2015 sobre los proyectos de normalización de redes en zonas informales (Prone) y de electrificación rural (Faer) financiados enteramente con recursos estatales, encontrando hallazgos que indican que muchas de las obras no fueron realizadas y que recopilaron en un documento oficial a fines del año pasado, pero solo ahora fue dado a conocer a la opinión pública. La empresa española Gas Natural Fenosa accionista mayoritaria de Electricaribe respondió que los recursos que no utilizaron estaban a buen recaudo en entidades fiduciarias.
La sorpresa fue mayúscula cuando la Contraloría General reveló el martes 26 de julio en un comunicado oficial que recursos por más de 65 mil millones de pesos de solo tres contratos no se encontraban en ninguna fiduciaria, por lo que se podría suponer, según varios analistas, que la empresa hubiere caído en el presunto delito de omisión, cuando menos. Muchas veces el Movimiento de Indignados con Electricaribe ha señalado ese tipo de contratos como leonino por cuanto el Ministerio de Minas le ha entregado en diez años alrededor de 700 mil millones de pesos para que contrate las obras Prone y Faer y las interventorías, sin que se avance en la solución de la subnormalidad eléctrica que en la Costa representa el 92% del total nacional, sino todo lo contrario, cada año hay muchos más barrios y veredas en semejante situación.
Diferentes sectores de las fuerzas vivas de la Región Caribe están coincidiendo en que lo más conducente frente a las graves anomalías es la intervención de Electricaribe por parte del gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya que están dadas las causales contenidas en el artículo 59 de la ley 142 de 1994 como son: la prestación del servicio sin continuidad ni calidad, la violación de las normas y el incumplimientos de los contratos, la no entrega de información veraz, completa y oportuna a los entes oficiales y en caso de calamidad o perturbación del orden público ( como sucede casi a diario). Además, en el artículo 60 de la misma ley se contempla que si transcurrido un tiempo después de la posesión de la empresa sin solucionarse la situación el Superintendente podrá ordenar que se “liquide la empresa”.
Es el momento de la más amplia unidad de toda la gama de sectores sociales, políticos, gremiales, comunitarios, institucionales de los siete departamentos del Caribe para exigir este tipo de intervención oficial, que es de fondo, y no caer en los cantos de sirena de buscar otro operador que alquile la infraestructura obsoleta de los españoles para pagarles un arriendo porque sería peor el remedio que la enfermedad, un intermediario más y mayores tarifas para los sufridos usuarios, sin resolverse la crisis estructural que exige soluciones integrales.
@normanalarcon
