Con el bien publicitado programa Ser Pilo Paga, nuestro Estado social de derecho se ha transformado en un Estado filántropo, que abandona sus responsabilidades con la educación superior y la universidad pública, para dedicarse al altruismo con el dinero de otros, a entregar dádivas a 23 000 jóvenes pobres que han tenido que demostrar que son pilos.
En la copiosa publicidad del programa, particularmente la que diariamente hacen por CM&, lo que predomina en el mensaje es la filantropía del Estado, mostrada como una dádiva, un favor, algo por lo que se debe estar eternamente agradecido, un acto de generosidad del Príncipe y su corte con los humildes, con el vulgo pueblo y sus jóvenes pilos.
Con la Constitución del 91 abrigábamos la esperanza de que los deberes no solo fueran del ciudadano, sino también del Estado, y uno de esos deberes, según la Constitución, es el de garantizar el derecho a la educación a todos los niños y jóvenes. El Artículo 67 es claro: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (...)Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia es signatario, señala con total claridad: "La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita". Artículo 13, numeral C
Cada año en Colombia se gradúan en promedio, 550 000 bachilleres. De ellos, el 93 % pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Son 480.000 estudiantes que necesitan apoyo estatal para poder continuar sus estudios. De otra forma no lo pueden hacer. “El programa SPP financia a 10 000 por año. ¿Qué pasa con los otros 470 000? Son estudiantes cuyos sueños se truncan por completo cada año, porque el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2 % de la población. Para los beneficiarios del programa, el apoyo es excepcionalmente favorable, pero para el 98 % que quedan abandonados, es un programa que no garantiza su derecho a la educación. En Chile, por ejemplo, la meta para este año es ofrecer la educación universitaria gratuita al 50 % de quienes la requieran. No podemos declararnos satisfechos si solo la garantizamos al 2 % de la población que requiere apoyo”.
Cada año 470 000 estudiantes truncan sus sueños,
porque el Estado ha abandonado sus responsabilidades con la educación superior
para dedicarse a entregar dádivas al 2 % de la población
El Ministerio de Educación argumenta que el programa favorece la igualdad de oportunidades: “Los estudiantes pilos seleccionados eligen libremente la universidad en dónde quieren estudiar y qué quieren estudiar”. Es evidente que los estudiantes beneficiados han preferido las universidades privadas. Nadie puede negar los efectos sobre las posibilidades futuras en calidad de vida para los 40 000 pilos, pero también es cierto que ellos, aunque pobres, serán una minoría privilegiada por una política pública.
Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, de los 22 089 estudiantes beneficiarios hasta hoy, solo 3555 (16,09 %) asisten a 14 Instituciones de Educación Superior oficiales, mientras que 18 534 estudiantes (83,91 %) asisten a las privadas. Siete universidades privadas atienden el 51 % de la matrícula de los pilos, entre las cuales se destacan la Fundación Universidad del Norte (2244) Universidad de la Salle (1701) y Universidad Javeriana (1662). Además, el 98,4 % de todo el presupuesto lo recibieron las universidades privadas y solo el 1,6 % se destinó a las universidades oficiales.
“El costo de matrícula y sostenimiento por estudiante promedio para los pilos seleccionados en 2016 ascendió a $18 152 740 por estudiante. A partir del año 2018 los 40 000 pilos (10 000 por año) necesitarán $726 110 millones anuales. Esto equivale al 28 % del total del presupuesto que en el presenta año le asignó la Nación al conjunto de las universidades oficiales para cubrir tanto sus necesidades de funcionamiento como sus proyectos de inversión.
Reducir el alcance de la política universitaria a 10 000 cupos por año
durante el cuatrienio 2014-2018,
es la renuncia manifiesta a tener una política universitaria de gran aliento
Reducir el alcance de la política universitaria a 10 000 cupos por año durante el cuatrienio 2014-2018, es la renuncia manifiesta a tener una política universitaria de gran aliento, sustentada en el fortalecimiento de la universidad pública.
Antes que actos de generosidad, cobrados con creces por la publicidad oficial, lo que el país reclama es una política de fortalecimiento de la universidad pública en todos los órdenes: la ampliación de su oferta de cupos, la creación de nuevas universidades públicas, el financiamiento y saneamiento de las universidades regionales, hoy convertida en focos de corrupción y politiquería. El apoyo a la investigación y la ciencia en la universidad como soporte de nuestro sistema de ciencia y tecnología.
Una política de educación superior menos cicatera, que abandone el empeño de convertir a las universidades privadas en las EPS de la educación superior y a las universidades públicas en hospitales de caridad.
Como lo ha señalado el profesor Salomón Kalmanovitz, “hay que fundar varias universidades públicas de investigación (4G), dotadas de generosos presupuestos, de 50 000 estudiantes cada una, localizadas en las regiones, organizadas por mérito y blindadas de la política. Sería bueno dotarlas de administradores profesionales, restringiendo el democraterismo que facilita su captura por grupos internos y externos. Se podría ir marchitando las instituciones de mala calidad, cuyos presupuestos irían a fortalecer las nuevas”.
De persistir el presidente Santos en su política filantrópica, que se ufana de atender 40 000 jóvenes de los estratos más pobres, mientras condena al ostracismo, la pobreza y la marginalidad a los otros, a los 480 000 también pobres, negándoles el derecho a la educación superior, quedará en evidencia que la propaganda de Ser los más educados de América latina, no era sino eso, propaganda, publicidad oficial, discurso de posesión.
