Desde el inicio del programa Ser Pilo Paga se han generado múltiples cuestionamientos sobre su alcance, particularmente en términos de cobertura educativa y la destinación de dineros públicos a fondos privados.
Como respuesta a las críticas que han surgido de distintos actores sociales y académicos, el Gobierno nacional presentó el 8 de noviembre la cuenta versión de Ser Pilo Paga, la cual incluye modificaciones respecto a sus antecesores, además de un presupuesto de 860 mil millones de pesos, los cuales tendrán como beneficiarios a 40000 pilos.
Una de los grandes modificaciones que sufrirá esta nueva versión del programa tiene que ver con el objetivo de beneficiar a 8000 pilos, de los cuales, según el Gobierno nacional, se espera que el 30% se matriculen en las universidades públicas acreditadas e inscritas. De hecho, estos nuevos 8000 pilos se sumarán a los ya 32 000 beneficiarios, para así lograr que se propuso el gobierno Santos de 40 000 pilos.
A primera impresión pareciera que SPP ha cambiado considerablemente su estructura, pues para esta versión las universidades públicas podrán contar con 2400 pilos, lo que no sucedía en las versiones anteriores. Pero si ese es el objetivo, verdaderamente SPP seguirá manteniendo un bajo porcentaje de estudiantes matriculados en universidades públicas.
Visto desde otra perspectiva, de los 860 mil millones de pesos del presupuesto de SPP, las universidades privadas se quedarán con el 93% del presupuesto, lo que equivale a 808 millones de pesos. En cambio, las universidades públicas solo recibirán por SPP el 7% del presupuesto
Lo anterior permite dar testimonio de que el Gobierno nacional apuesta por una política de financiación a la educación superior pública que tiene como principio la financiación a la demanda y el derecho a la educación otorgado por mérito; pero con el agravado de que se profundiza la política de destinar los recursos públicos a fondos privados, tal como fue el caso de Agroingreso Seguro, solo que esta vez en el sector educativo.
