El programa Ser Pilo Paga fue una apuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el fin de generar equidad y transformar la realidad social del país, que no permite que jóvenes de bajos ingresos y buen desempeño académico accedan a la educación superior, mediante la instauración de unos mecanismos de financiación más accesibles.
En 2014 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) inició este programa con el reto de convertir a Colombia en el país más educado de Latino América para el año 2025, en el marco del plan Paz, Equidad y Educación. Estudiosos y analistas coincidían en que cerca de 60 % de los 27.000 puntajes más altos de la prueba Saber, 11 fueron obtenidos por estudiantes de estrato 1, 2 y 3, un 23 % de ellos no contaba con los recursos para continuar sus estudios en la universidad.
Uno de los requisitos para ser beneficiario del programa era alcanzar un puntaje mínimo en la prueba Saber 11, además de un tope máximo en el Sisbén, y la admisión en una IES acreditada de alta calidad. Este último, fue muy criticado porque algunas universidades privadas sacaron provecho económico de esta altruista iniciativa.
Pero la visión de las barreras a la entrada de los sectores de bajos ingresos, no era nada novedosa, ya se habían abordado desde mi paso por la rectoría de la UNAL (1988-1990), donde se realizó un diagnóstico a través de la Misión de Ciencia y Tecnología, liderado por nuestra alma máter; Se evalúo no solo el atraso que en este campo acusaba nuestro país, sino la debilidad de la investigación, la carencia de doctorados y el difícil acceso de los sectores sociales más desfavorecidos.
Como su compromiso es con toda la nación desde la perspectiva de la inclusión social se creó un programa especial “Para la vinculación de estudiantes de las comunidades indígenas y, también para facilitar el acceso a la institución de los mejores bachilleres de los municipios pobres del país” (Plan Excelencia).
Ello a tono con lo establecido en la Constitución Nacional, que establece que la educación es “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (Const. 1991, art. 67). Es claro, que la educación no debería ser un negocio que beneficie a un sector en particular.
El estudio y la formación para la vida es un proceso continuo que, como bien lo señaló Gabo, miembro de la llamada misión de sabios: “Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal”.
Quienes hemos formado parte de la vida académica sabemos de primera mano que un título profesional no se obtiene en unos cuantos meses y que una maestría o doctorado exigen una dedicación investigativa y de conocimiento de un problema social o científico que obliga a la revisión de una amplia bibliografía nacional e internacional, además del cumplimiento de otras responsabilidades académicas, tales como cursos o publicaciones científicas que dan cuenta de la validez del conocimiento y la titulación que se otorga.
Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto normal que quienes ostentan el poder político o aspiran a altos cargos en la burocracia estatal se conviertan en “magísteres y doctores” de la noche a la mañana, yéndose por los atajos, burlando el rigor académico y la excelencia investigativa a través de plagios, uso de los recursos públicos para el pago de supuestos estudios o la modificación de requisitos ante notarios para validar liderazgos de papel, buscando el reconocimiento exprés sin importar los medios utilizados.
Sorprende que algunas Instituciones de Educación Superior, abusando de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y reglamentada en la Ley 30 de 1992, se presten para que políticos o personajes de la vida pública obtengan títulos o abusen de los reglamentos internos de que gozan, desviar los recursos de la educación para su beneficio, parapetados en las llamadas fundaciones sin ánimo de lucro, que como dijera un experto “Lucran con mucho ánimo”, y con buenos socios más allá del campus universitario.
Sin agotar el tema de la corrupción, esta vez en la educación superior, ilustremos con algunos casos conocidos: Carlos Felipe Córdoba, contralor general, que hizo pregrado y doctorado en derechos en tan solo 5 semestres en el Politécnico Grancolombiano; logrado a través de un convenio académico firmado entre las dos instituciones. Curiosamente, el numeral nueve le permitió al contralor terminar la carrera en tiempo récord.
En 2021, el contralor Córdoba obtuvo su título de abogado e igualmente le fue otorgado su título de doctor en Derecho de la Universidad de Jaén, cuya tesis fue calificada como “summa cum laude”, es decir un alto rendimiento académico “con máximas alabanzas o sumamente destacado”.
Pero, además, el contralor acumula otro título: un máster de seis meses en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El MEN no lo pudo convalidar porque ni siquiera es reconocido en España, lo cual motiva a nuestro ilustre personaje a interponer una acción de nulidad ante el Consejo de Estado que le dio la razón y un título inexistente (?).
También es notorio el caso de la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias por el plagio de tesis de maestría en la que habría incurrido con el rimbombante título de “Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional”, conocido públicamente.
Como si lo anterior fuera poco, el H. senador Ernesto Macías, presidente del Senado, se vio involucrado en señalamientos de este tipo luego de que en 2019 circularan imágenes en las que se escribía una supuesta cita de él en la que mencionaba: “No estudié porque me dedique a la política”, para justificar la validación de sus estudios de bachiller ante el Icfes.
El exalcalde del municipio de Mosquera (2016), Raúl Emilio Casallas, falsificó el diploma de ingeniero mecánico de la universidad Santo Tomás, la cual señaló que el mismo no se graduó porque no cumplió con todos los requisitos para obtener un título de dicha institución.
La lista podría ampliarse con casos sonados como el de los ministros de: Ciencias, Tito Crissien; de Vivienda, Jonathan Malagón, Jerónimo Uribe (hijo del expresidente Uribe), el exalcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cote y la excomisionada nacional de televisión Adela Maestre.
De resaltar el caso de uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, quien estuvo en el ojo del huracán por cuenta de supuesto plagio realizado en el año 2006, cuando Jerónimo Uribe fue señalado de hacer “copialina” en su tesis en la U. Andes. Para entonces, su escudero y asesor legal, el abogado Jaime Lombana evitó que el tema tuviera consecuencias mayores.
Desafortunadamente, ni las comunidades académicas, ni las asociaciones de profesionales y las agremiaciones de universidades (ASCUN o SUE) han planteado una posición diáfana que rescate la importancia de la ACADEMIA, y su ética en la sociedad que es de las pocas instituciones que no estaba permeada por la corrupción y goza, aún, de credibilidad, frente a un escaso 20 % de confianza en las instituciones del Estado y el congreso. Pero además el Ministerio de Educación es el máximo órgano de inspección y vigilancia, que en estos casos, pareciera que su silencio es elocuente.
Esta actitud coadyuva al desprestigio de instituciones de educación superior, que pareciera ven como una opción legítima, las pretensiones de quienes tienen poder económico o político para lograr sin ningún esfuerzo ni mérito académico, títulos y reconocimientos, apoyados en el tráfico de influencias (caso que lleva la Fiscal Angélica Monsalve, quien no accede a estas indelicadezas) que el rector de la Universidad Sergio Arboleda, no duda en calificar como “RI-DÍ-CULA” (…) porque “no conoce cómo funciona la sociedad.”[1]
Los objetivos de ascenso social, previó a un exigente esfuerzo por capacitarse que realizan nuestros jóvenes, y alcanzar una meta académica con mucho esfuerzo y dedicación, comprometiendo muchas veces el patrimonio familiar, se ve birlado por quienes convirtieron algunas IES en una cueva de mercaderes, incluso del saber.
Quizás eso explique los pobres resultados que, según la Ocde, en su último informe, dan cuenta de los avances en la agenda 2030, Para el Desarrollo Sostenible. Solo hemos logrado 11 de las 117 metas, con resultados más bajos entre los 38 países miembros de la OCDE, en hambre, nutrición, empleo, corrupción y soborno; y el caso específico de la educación los resultados “son bajos, las desigualdades aún altas (entre campo y ciudad). La entidad dijo que en el año 2018 solo un tercio de los jóvenes de 15 años de edad llegó a un mínimo de competencia de las pruebas PISA en Matemáticas y únicamente la mitad lo logró en Lectura”.
Paradójicamente, cobra validez la conocida frase de una senadora: “Estudien Vagos” pero habría que agregar, para no tener que comprar los títulos o acudir al tráfico de influencias. A propósito, sería muy pertinente que más allá de la consigna abstracta de lucha contra la corrupción en que todos los candidatos presidenciales coinciden, plantearán propuestas concretas para acabar con estas prácticas perversas (del todo vale) que le quitan la esperanza a los jóvenes y a las nuevas generaciones.
Muy visionaria la pregunta que se hizo Sor Juana Inés de la Cruz (1695) cuando refiriéndose a la prostitución señalo: “¿Cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?
Referencia
[1] https://www.wradio.com.co/2022/03/31/empiezan-a-conocerse-pruebas-de-presunto-trafico-de-influencias-y-presi
