En Colombia hay 688.534 permisos especiales para porte de armas, lo que quiere decir que hay ese número de personas especiales que tienen ese privilegio. Los demás ciudadanos de bien no somos especiales, según criterio de Mindefensa. No tenemos derechos a defendernos de cualquier agresión. Nos toca esperar a que llegue la fuerza pública y nos defienda después del atraco, secuestro u homicidio. Sin embargo, los delincuentes no solicitan permisos para porte y las armas con las que se cometen delitos son ilegales en su mayoría, lo dicen las estadísticas.
Mindefensa acaba de ajustar las reglas para su expedición. Tener armas de fuego en Colombia ─un país con elevados índices de delincuencia, con la peor crisis económica de los últimos tiempos─ para defenderse de cualquier agresión es un privilegio. ¿Por qué tienen que haber privilegios? Tanto derecho tiene un empresario, un político, un funcionario público, policía o militar como lo tiene un tendero, un finquero, un taxista o cualquier persona de bien. Los privilegios dividen, resienten y acentúan diferencias que bajan la autoestima y dan rabia. ¿Por qué unos sí y otro no?, ¿acaso hay ciudadanos de primera o de segunda? Ese fue uno de los motivos de la revolución francesa y de muchas revoluciones, hasta la cubana, unas con buenos resultados y otras no tanto.
La seguridad en democracia ─como dicen los liberales para no recordar a Uribe─ requiere de principios como igualdad, prevención, sensatez y pragmatismo. ¿Para qué enredar lo que es sencillo, señores Mindefensa? La gente necesita amparar sus armas para la legítima defensa, proteger sus vidas y bienes. Sin seguridad no hay nada. Además, los privilegios son actitudes nocivas para la convivencia y seguridad ciudadana.
Miren esta otra singular situación de este hermoso país. El Estado expide permiso para tenencia y porte, previo examen psicométrico o de aptitud psicofísica y revisión de antecedentes judiciales, requisitos que son necesarios y que se cobran (en mi caso particular, me toca trasladarme tres horas, porque en la capital de mi departamento no hay quien los haga). Luego, mediante actos administrativos generales suspende el permiso de porte por razones de seguridad nacional o regional. Vuelvo y resalto, los delincuentes no necesitan permisos para porte. ¿Entonces para qué los expiden y los restringen simultáneamente? Insólito.
A manera de ejemplo, el batallón me entrega un arma amparada y si en el trayecto de allí a mi residencia me detectan el arma, me la decomisan y me toca pagar una sanción que equivale a un salario mínimo. ¿Quién entiende esto? El Estado está obligado a brindar seguridad y proteger los bienes e integridad física de su población, pero también a permitir que el ciudadano se defienda. No puede un ente del gobierno prohibir lo que no está prohibido. ¡Defenderse no está prohibido! Y el que se dedique a delinquir con armas amparadas, que lo castiguen. Los que necesitamos protegernos somos más y somos buenos ciudadanos. Los delincuentes son minorías. Vivimos en democracia y no en plutocracia, señores Mindefensa, ¡reflexionen!
