La situación se vuelve cada vez más difícil para el gobierno del Cambio en su segunda parte.
Ya no se trata solamente de que las reformas sociales estratégicas no se aprueben en el Congreso. Ahora todo es más complicado. Ni siquiera se da el debate democrático, como sucedió con el presupuesto general de la nación, negado por primera vez en décadas.
Hay una intención manifiesta de la ultraderecha de impedir que el gobierno complete su mandato. Algunas de sus figuras más notorias lo expresan abiertamente. Se está configurando un golpe blando para destituirlo o subyugarlo e impedir que cumpla con su programa de gobierno.
El cerco institucional y mediático contra el presidente se estrechó desde la primera semana de septiembre y la tensión crece. Superado el paro camionero promovido por grandes propietarios e intermediarios del transporte, pasó a primer plano la perspectiva de ser acusado por el Consejo Nacional Electoral por supuestamente sobrepasar los gastos de campaña. De ser así, pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde sería juzgado por presunta indignidad.
Sin embargo, la amenaza es todavía mayor. Hay inquietantes indicios de un atentado contra su vida. Recordemos las amenazas de los Zapateiro y demás militares retirados. Y algunos activos.
Frente a esta situación, el fin de semana se realizó en la Universidad Nacional la Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad de Colombia. El importante y oportuno evento, convocado por organizaciones sindicales, sociales y políticas, reunió a más de diez mil personas de todo el país.
El discurso del presidente allí se centró en la necesidad de defender el gobierno. Se refirió a la “manipulación mental de una maquinaria corrupta y sanguinaria (…) frente a una tarea que todos los días hacen los grandes medios de comunicación, hasta ahora infructuosamente: quitarle a este gobierno el apoyo popular”.
“La orden ya está dada, para los próximos tres meses, o tumban al presidente o lo asesinan, una de dos”, señaló. Los indicios son claros.
Primero, el pasado 20 de Julio, cuando se realizaba el desfile militar del día de la independencia, el presidente recibió del embajador de EEUU en Colombia la información de un plan para asesinarlo. Un abogado estadounidense de un mafioso le había transmitido esta denuncia a la DEA, señalándole que la operación estaría a cargo de Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC.
Segundo, en abril pasado el gobierno de Petro adelantó lo que él mismo calificó como la mayor operación en la historia del país contra el contrabando, en colaboración con autoridades españolas. Logró detener allí a alias Pitufo, responsable del 80% del contrabando que ingresa a Colombia.
Este delincuente, cercano al Cartel de Cali, llevaba décadas pagándole sobornos a varios generales del Ejército colombiano, incluidos algunos hoy activos, para que dejaran entrar a Colombia mercancías por miles de millones de dólares.
De acuerdo con información privilegiada con la que cuenta Petro, en retaliación por esta medida, se empezó a hablar de la compra de una volqueta para llenarla de dinamita y volarla al paso de la caravana presidencial.
El asunto se conoció también por otras fuentes. Tres integrantes del temible tren de Aragua hablaron de un camión cargado de dinamita, que estallaría y mataría al presidente. Y todavía hay otra versión de un pastor evangélico en el mismo sentido.
Pero la gran prensa, la ultraderecha y el centro siguen insistiendo de manera perversa en la locura del presidente. “Lo de Petro es mitomanía, distraer al país con cuentos de golpes de Estado y atentados que no existen”, señaló María Fernanda Cabal. “La enfermiza obsesión de Petro”, dice el columnista Ramiro Bejarano.
Tercero, además de estos indicios, hay otros asuntos preocupantes. Hace unos días el presidente denunció la compra secreta e ilegal de Pegasus, un software de espionaje electrónico israelí. La hizo el gobierno de Duque, al mejor estilo mafioso: un avión fletado llevó a Israel 11 millones de dólares en efectivo en dos viajes. El software ha sido utilizado para reprimir al movimiento social en Colombia.
Pregunta Petro “¿Habrá gente de la oligarquía y la política colombiana que tiene que ver con Pegasus?”. Pero de nuevo la oposición cuestiona la denuncia, no el delito.
En Latinoamérica, después de los golpes militares cruentos del Cono Sur en la segunda mitad del siglo pasado, tenemos experiencias muy claras de lawfare o manipulación política de la justicia; los casos recientes de Brasil, Argentina y Perú, entre otros.
Sin embargo, en lo referente a asesinato de personas amenazadas, supuestamente protegidas, Colombia tiene una tradición tenebrosa difícilmente equiparable con la de otros países. Entre 1987 y 1991 se produjo el asesinato todavía impune de cuatro candidatos presidenciales y de decenas de jueces. En todos ellos estuvo presente el narcotráfico vinculado a fuerzas estatales.
La violencia en Colombia no tiene parangón. Según Informe de la Comisión de la Verdad, el conflicto armado colombiano ha dejado 700.000 muertos, una cifra que multiplica las víctimas de todas las dictaduras del continente juntas.
Está también la experiencia de los mal llamados falsos positivos, 6.402 jóvenes asesinados por el ejército durante el gobierno de Uribe. Según declaraciones recientes de un militar implicado, esta cifra podría duplicarse. Aunque se ha conocido mucho de la verdad, sigue la impunidad de los determinadores de estos crímenes. Recordemos también las numerosas fosas comunes en diversos lugares y los hornos crematorios en la frontera con Venezuela.
Esas fuerzas tenebrosas, ligadas al narcotráfico, a grandes empresarios, traficantes, terratenientes, a la llamada “gente de bien”, siguen vivas. Están dispuestas a impedir el cambio. Son responsables de masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales, ambientales, campesinos.
Por todo esto, en Colombia las amenazas de muerte deben ser asumidas con seriedad. ¿cómo no creerle al Presidente?
La declaración final de la Asamblea es contundente: “Rechazamos todos los intentos golpistas que, por la vía de las amenazas a la vida e integridad del Presidente, o por vías jurídicas, contrarias a las garantías constitucionales, pretenden desconocer la voluntad popular. Ante cualquier acción desestabilizadora, llamamos al pueblo de Colombia (..) a estar alerta y a responder de manera masiva, organizada y pacífica en las calles en defensa de la voluntad popular y la democracia”.
Petro llama a la organización de la gente a todos los niveles. Si el enemigo avanza, habrá revolución, resistencia viva
¿Qué pasará si esos asesinos vuelven al poder en Colombia?, pregunta Petro. Por eso llama a la organización de la gente a todos los niveles. Si el enemigo avanza, habrá revolución, resistencia viva.
Está en juego mucho más que un debate académico sobre la alternancia en el poder.
