Hace unos días en el debate en la Comisión Quinta del Senado, el candidato presidencial del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, señaló que lo que ocurrió con la venta de Electricaribe “es el peor caso de corrupción, por encima del sucedido en el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones –MinTIC– con la Unión Temporal Centros Poblados, en donde están perdidos $70 mil millones” y con seguridad caerán presos dos o tres “bobos”, pero los “peces gordos” seguirán disfrutando de las mieles del Poder.
En el caso de Electricaribe, Robledo demostró que “el Estado le metió $7 billones a ese negocio, pero Air-e pagó solo $285 mil millones y EPM, que para su manejo creó su filial Afinia, canceló $320 mil millones. El negociado es tan redondo que las empresas recuperan la inversión en un año... En el Plan de Desarrollo, que con orgullo voté en contra, impusieron el aumento de tarifas en la Costa Caribe porque según el Gobierno pagan tarifas muy bajas... Hoy las tarifas están disparadas... Además, el Gobierno les regaló la cartera”, concluyó.
Efectivamente, un estrato tres en Cartagena está pagando un recibo promedio al mes de 400 mil pesos, más del cuarenta por ciento del salario mínimo legal vigente. Como si fuera poco, hay una arremetida de las empresas, cobrando saldos vencidos en sectores no formalizados, que es una deuda que le fue cancelada a Electricaribe, y esta siguió facturándosela a los usuarios.
“Si este país fuera otro, este sería el escándalo más grande de la historia de la corrupción… No es sorprendente que estemos ante un caso como ese. Pero no tengo la certeza, porque tampoco se investiga. Aquí no hay Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, para que hagan las cosas; entonces estamos en manos de que se le haga la gana al presidente de la República y a sus empleados... No estoy exagerando y llamo a los medios de comunicación a que le echen ojo a esto. Estamos observando cómo se traspasó del poder público al privado a Electricaribe: Una empresa 100 % en el poder público se pasó al poder privado en un proceso absolutamente turbio, encabezado por el presidente de la República, utilizando el Plan Nacional de Desarrollo para este horror que han hecho en contra de este país”, agregó el candidato presidencial del partido Dignidad.
La página de la Contraloría reproduce el artículo de El Espectador: Electricaribe, la deuda que vale cuatro veces vacunar contra el COVID-19 a toda Colombia, en el que dice: “El Estado terminó asumiendo gran parte de la deuda de Electricaribe. En total, del bolsillo de los colombianos se pagarán $7 billones 293 mil millones de pesos... Cuatro años después de intervenir a la empresa... Incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo una sobretasa de $4 por kilovatio de energía para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país... Y tomó la decisión de asumir toda la deuda pensional de Electricaribe, que era del orden de $2,48 billones de pesos. Lo hizo por recomendación de la FDN, pero también porque la necesidad de entregarle el negocio a un inversor era urgente, y eso se veía reflejado en sus cuentas. Desde que Electricaribe fue intervenida, el Estado gastó $863 millones en temas de inversión y $3 billones 947 mil millones en créditos...”.
Todo este actuar puede ser legal, pero va en contra del interés general, ¡lo que demuestra que los maleantes se cubren con la ley!
