Cientos de árboles crecen en el Jardín Botánico de Bogotá, listos para ser sembrados en el páramo de Sumapaz, pero no se trata de una siembra cualquiera. El excomandante Henry William Torres Escalante junto a 50 exmilitares, todos condenados como responsables del asesinato de jóvenes inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros, los llamados falsos positivos.
El castigo lo impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) después de varios años donde escucharon a las víctimas y a los victimarios, los exmilitares que aportaron una verdad que contribuyó al esclarecimiento de los hechos. En las distintas audiencias ante el Tribunal de Justicia Restaurativa, como parte de los acuerdos de La Habana, y ratificados en el Teatro Colón de Bogotá, los comparecientes escucharon a los dolientes, pero también a los magistrados. En muchos casos pidieron perdón público.
El castigo por parte de la JEP
Por primera vez, en una decisión sin precedente en la historia de Colombia, tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en contra de un exmilitar del más alto rango en la línea de mando de las Fuerzas Militares, Henry William Torres Escalante, fue condenado por la JEP, a través del primer programa del sistema restaurativo denominado “siembra de vida” donde él y los demás comparecientes redimirán sus deudas con la justicia trabajando en proyectos restauradores que pueden durar hasta 8 años.
Sobre el tema, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal López, dijo que el objetivo es restaurar los bosques de Sumapaz y la sociedad teniendo en cuenta que en Bogotá es donde hay más víctimas del conflicto armado. Trabajarán de lunes a viernes en jornada continua monitoreados por la JEP y no solo laborarán en restauración ambiental, también lo harán en desminado de artefactos explosivos en zonas de conflicto armado y poblaciones o resguardos indígenas con el lema, “sembrar vida donde antes hubo muerte”.
De acuerdo con lo manifestado por Vidal López, los comparecientes llevarán a cabo sus labores en 15 hectáreas de terreno de propiedad de la Empresa de Acueducto de Bogotá donde, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, sembrarán unos 3.000 árboles para restaurar el corredor ambiental del borde sur de Bogotá que comprende parte del municipio de Soacha, la Localidad de Ciudad Bolívar y la Localidad 20 de Sumapaz realizando trabajos de adecuación del suelo, retiro del retamo espinoso, siembra y cultivos de árboles para restaurar los bosques afectados y proteger el páramo.
Los falsos positivos del General Escalante en Casanare
Fue en Casanare donde la Brigada XVI realizó sus operaciones militares entre el 10 de diciembre de 2005 y el 8 de junio de 2007 al mando del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante quien reconoció ante la JEP su máxima responsabilidad en los casos de falsos positivos y aceptó ser el autor mediato de crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales y desaparición forzada de personas en el Casanare.
De igual forma, el Teniente Coronel en (R) Henry Hernán Acosta Pardo, quien comandó el Batallón de Infantería Nro. 44 Ramón Nonato Pérez entre diciembre de 2006 y junio de 2008, también el Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007, quienes reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, su máxima responsabilidad en calidad de coautores mediatos.
Estos altos oficiales en (R) junto a otra veintena de exmilitares, el 18 de septiembre de 2023, fueron imputados por la JEP en una audiencia pública donde también participaron familiares de las víctimas y donde los imputados reconocieron su responsabilidad por más de 300 “falsos positivos” cometidos en el Casanare.
En esta audiencia pública ante los magistrados la JEP, el Mayor General en (R) Henry William Torres Escalante, también reconoció haber participado en un fraude a la justicia al ofrecer dinero a un subalterno suyo para que cambiara las declaraciones en su contra para favorecerlo. Le ofreció 45 millones de pesos al excomandante del Grupo Delta 6 del Batallón N. 44 del Ejercito, el Teniente en (R) Marco Fabián García Céspedes.
La siembra de árboles en Sumapaz, el programa restaurativo con que se estrena la JEP
Pues bien, Sumapaz es la Localidad rural más grande de Bogotá, donde se encuentra el páramo y la fábrica de agua más grande del mundo y donde el retamo espinoso, una especie invasora de Grecia, siempre ha intentado sobresalir ante los imponentes frailejones para ocasionar incendios en este corredor ambiental por excelencia. Durante muchos años fue el habitat y corredor estratégico de los grupos insurgentes ilegales que sembraron el terror en Sumapaz.
Es aquí, en este corredor ecológico, cinturón ambiental de protección de Bogotá ante el cambio climático, donde Torres Escalante adelantará el proceso de restauración ambiental con la siembra, cultivo y mantenimiento de los bosques con especies nativas.
En la restauración de los bosques de Sumapaz, trabajarán en principio y durante cuatro meses que se extenderán progresivamente, 50 comparecientes de la Fuerza Pública que contarán con el acompañamiento de las asociaciones de víctimas del Sumapaz, Soacha, Ciudad Bolívar y comparecientes de las antiguas Farc.
Todos estos exmilitares, en cabeza del Mayor General en (R) Henry William Torres Escalante, de acuerdo con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, deberán pagar una condena entre los 2 y 8 años dependiendo de la gravedad de los hechos y no se contará por días de cárcel, sino por días trabajados en labores impuestas por la JEP para reparar los daños causados.
Los falsos positivos, de los más doloroso de lo ocurrido del conflicto colombiano
Fue en el año 1998, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper cuando empezaron a prenderse las alarmas sobre el problema de los asesinatos extrajudiciales en el marco del conflicto armado interno en Colombia, donde de acuerdo con las estadísticas, ese año se registraron 18 casos de falsos positivos a manos de miembros de la Fuerza Pública en varios Departamentos del país como Valle del Cauca, Antioquia y La Guajira.
Pero diez años después, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue cuando se dispararon las muertes extrajudiciales entre los años 2003 y 2008. Les dieron el nombre de “falsos positivos”. Todo este horror tuvo su inicio en un Decreto que expidió el Ministerio de Defensa Nacional el 17 de noviembre de 2005. A través de esta Directiva del Gobierno Nacional, se reglamentó algo así como el pago de recompensa a miembros de la Fuerza Pública por capturar o dar de baja en combate a cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley, incautación de material de guerra e intendencia.
La directriz se dirigió a soldados, policías e informantes que entregaron información relevante a las Fuerzas Militares sobre los grupos insurgentes, ubicación de caletas y material de guerra e intendencia, la cifra de la recompensa llegó hasta los 3.800.000 pesos de acuerdo con lo especificado en el mencionado Decreto.
No fue solo esta directriz que empujó a los militares a convertirse en máquinas de guerra, de barbarie, el horror y la impunidad, matando campesinos, niños y jóvenes incautos inocentes en las distintas regiones del país porque a través de otro Decreto que expidió el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el 1400 del 5 de mayo de 2006, se crearon los incentivos económicos denominado “BOINA” bonificación por operaciones de importancia nacional para miembros de la Fuerza Pública y el DAS, que participaron en operaciones de importancia nacional y se le entregó la bonificación a una sola persona tantas veces que se hizo acreedor de ella y se otorgó hasta por un valor de 12 asignaciones básicas mensuales.
En el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, entre los años 2003 y 2008 los mal llamados “falsos positivos”, se incrementaron, registrándose masivamente en las distintas regiones del territorio colombiano, operaciones militares a causa de los incentivos que se otorgaron a militares por sus resultados positivos en combates, que en muchos casos nunca existieron y los muertos eran registrados como dados de baja en combate con la Fuerza Pública y en muchas ocasiones resultaron siendo campesinos, jóvenes, estudiantes y hasta habitantes de calle.
Durante este periodo, en Colombia se registraron muchas masacres, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, que de acuerdo con las estadísticas entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se registraron más de 6.400 casos en los que participaron oficiales, suboficiales y soldados de los diferentes Batallones y Brigadas el Ejército Nacional.
