El periodista guatemalteco, considerado como uno de los principales críticos del Gobierno de Alejandro Giammattei, irá a prisión por seis años luego de ser condenado por un panel de tres jueces en un caso de lavado de dinero. El proceso ha sido señalado por estar marcado de irregularidades y ha estado bajo la lupa de entidades internacionales.
La sentencia fue criticada por el fiscal especial, Rafael Curruchiche, quien levantó la voz para dejar en claro que su grupo de abogados apelará la decisión y buscará que Zamora sea condenado a 40 años de cárcel, como originalmente se solicitó.
"Soy inocente de los crímenes. Sigo siendo inocente y él (Giammattei) sigue siendo un ladrón", afirmó Zamora luego de conocer la sentencia. El documento también informaba que quedaba absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias de los que se le acusaba.
“Todos mis derechos fueron violados, incluido el derecho a la defensa. Nos trataron como animales, destruyeron pruebas”, agregó, haciendo alusión a que varios de sus abogados defensores fueron arrestados durante el periodo previo al juicio.
Según sus declaraciones, cuatro de sus abogados fueron acusados y procesados por la Fiscalía y otros dos se vieron obligados a exiliarse del país debido a diversas amenazas.
El Tribunal Octavo de Sentencia del Organismo Judicial de Guatemala argumentó su fallo: explicó que los testimonios entregados con el material probatorio mostraban que “el periodista simuló una transacción comercial para darle una apariencia lícita a un monto de 300.000 quetzales (38.000 dólares), cuyo origen no fue determinado”. Por lo que el tribunal multó al comunicador por la misma cantidad de dinero.
La determinación llegó luego de 40 días de debate oral público en la sala del organismo judicial. El lugar estuvo abarrotado de periodistas y defensores de derechos humanos.
El periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador y presidente del periódico El Periódico, escucha con su abogado al juez durante su audiencia judicial en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 28 de febrero de 2023. © REUTERS/Josue Decavele
José Rubén Zamora, fundador del diario de investigación 'El Periódico', divulgó en el medio de comunicación trabajos periodísticos en los que denunciaba presuntos casos de corrupción y sobornos al presidente Giammattei. Los contenidos fueron publicados antes del 26 de julio de 2022, cuando ocurrió su captura.
El periódico era conocido por ser ampliamente independiente y por publicar investigaciones y reportajes sobre presuntos hechos de corrupción en la Administración del actual presidente y sus predecesores.
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Varios de los trabajos han sido galardonados internacionalmente y aplaudidos por entidades de todo el mundo. Pero con las presiones externas se vieron forzados a ser detenidos.
El 30 de noviembre, 'El Periódico' aseguró que “se vio obligado” a dejar de publicar su edición impresa debido a dificultades financieras. Unos meses después, el 15 de mayo de este año, el medio de comunicación cerró por completo sus operaciones.
Precisamente, la Fiscalía argumentó que el tema monetario y la falta de liquidez del diario sirvieron como escenario para el supuesto lavado de dinero del periodista.
El tribunal explicó que Zamora habría entregado los 38.000 dólares al exbanquero Ronald García Navarijio para que él le realizara un cheque por ese monto y así poder incorporarlo a una cuenta de 'El Periódico', con el fin de pagar los salarios pendientes de sus trabajadores.
Quedó acreditada su calidad de actor en la afectación de la economía y sistema financiero de Guatemala, porque el acusado no logró acreditar el origen lícito del dinero, aseguró el juez vocal Hugo Otto Valvert.
El próximo 21 de junio, el Tribunal Octavo de Sentencia desarrollará la audiencia de reparación contra Zamora Marroquín.
Un proceso bajo la lupa internacional
En medio de un proceso penal general que se extendió por lo menos 10 meses, organizaciones internacionales, activistas y entidades de derechos humanos señalaron a los encargados de hacer justicia en este caso.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que existían irregularidades en el proceso penal y según el más reciente informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, publicado en 2022, en Guatemala existe “un deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
El organismo documentó un aumento de la intimidación y el hostigamiento contra periodistas, así como ataques contra su integridad física y difamaciones.
El mes pasado, la Asociación Guatemalteca de Periodistas informó que al menos 20 periodistas se han visto obligados a huir del país en los últimos años y tras la sentencia del miércoles, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, condenó el procedimiento judicial en contra de Zamora.
“La sentencia es vergonzosa y hace parte de los intentos del Gobierno de Giammattei de criminalizar el periodismo. Esto definitivamente erosiona la libertad de prensa en Guatemala”, argumentó Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ.
"Los funcionarios guatemaltecos deben poner fin a la absurda farsa de los procesos penales en su contra. Es hora de que José Rubén Zamora sea liberado, porque su único 'crimen' ha sido el ejercicio intrépido de su profesión", agregó.
En mayo, nueve organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos desarrollaron una misión de observación en Guatemala para hablar con los periodistas y saber, de primera mano, cómo estaba la situación en torno a su seguridad por la labor que ejercen.
Según el informe, publicado en Reporteros Sin Fronteras (RSF), la conclusión de la misión es que no solo los medios y quienes trabajan en ellos están siendo vulnerados, sino también “la ciudadanía que debe ser informada para tomar decisiones de manera libre y consciente”.
"En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. En un contexto en el que solamente 16% de la población, de acuerdo con la reciente encuesta de Prensa Libre, confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de un proceso electoral democrático, tales restricciones a la prensa pueden afectar aún más la credibilidad del resultado del escrutinio".
En el informe, las organizaciones dictaminan que “la criminalización de José Rubén Zamora y demás periodistas de 'El Periódico'” son solo un ejemplo del sistema al que calificaron de “represivo” y que envía constantemente mensajes intimidatorios a la prensa en general.
