Cuando las encuestas alcanzan un 96 % histórico en la percepción de los colombianos sobre el empeoramiento de la inseguridad; no vemos hasta el momento en la agenda de los precandidatos presidenciales, propuestas categóricas que conduzcan al país a un punto de inflexión determinante. Pareciera nos estamos acostumbrando a ciclos interminables de violencia y criminalidad, que profundizan la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad.
Las encuestas de percepción están rosando el techo, registramos los peores indicadores de los últimos 20 años. No logramos puntos de quiebre irreversibles, al contrario cada vez se tornan más preocupantes la corrupción, la inseguridad y el desempleo que se ubican en la cima de los problemas que no nos dejan avanzar y que no hemos podido solucionar.
En 8 años la Política de Seguridad Democrática logró someter a criminales y violentos. Estuvimos ad portas de acabar con las Farc, el ELN, las bandas criminales y los cultivos ilícitos. Desapareció el paramilitarismo y sus cabezas fueron extraditadas. En los siguientes 8 años, la política de paz del gobierno logró desmovilizar al 93 % de las Farc, y selló un largo capítulo repugnable de violencia y criminalidad; no obstante, el ELN se fortaleció, al igual que el Clan del Golfo y los cultivos ilícitos volvieron a cifras históricas. Y en los últimos 3 años, catalogado como un periodo de transición posacuerdo de La Habana, no logramos definir el cauce de una política de seguridad que avizoraba un adecuado equilibrio entre la implementación de la Paz con legalidad y la confrontación total contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Se avanzó en esta doble ruta, pero sin puntos de ruptura que definieran un giro diametral en materia de seguridad, criminalidad y violencia.
¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos anclados en puntos de no retorno?, ¿se necesitó más tiempo para que se lograran los objetivos estratégicos de la política de seguridad democrática?, ¿debimos apostarle a una reconciliación nacional total, integral y definitiva?, ¿algo así como una ley de perdón y olvido?, ¿de punto final?, ¿de amnistía total? ¿Acaso la zanahoria y el garrote, en un país como el nuestro, polarizado, egoista, indiferente, donde la trampa y el atajo son la regla; está llamado al fracaso? Tal vez es el momento de echarle tierra a las ambigüedades, salir de las zonas grises y jugárnosla por el ejercicio firme de la autoridad suprema. Claro en el marco de la Constitución y la Ley, y por qué no, reviviendo normas excepcionales exitosas del pasado.
¿Queremos continuar en esta especie de “patria boba”, con candidatos y dirigentes políticos que proliferan mensajes claudicantes, ausentes de estrategia y autoridad? Solo cantos de sirena en época preelectoral, sin fondo y pendulares. Genuina ambigüedad.
Si bien, la acepción “guerra” genera temor y decepción, no saldremos de ella, si no se declara una contienda de confrontación total, con tiempos y espacios definidos, y con voluntad inquebrantable de atacar estructuralmente al ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y los cultivos Ilícitos. Sin este paso, seguiremos atrapados en ese inframundo, signados por el estigma del terrorismo, la criminalidad, el narcotráfico y la violencia. Y así nos seguirán viendo, el mundo entero y las nuevas generaciones. ¡No hay derecho!
Una “guerra de decisión rápida”, no una guerra de tierra arrasada; busca someter de manera fulminante y urgente a toda forma de violencia y criminalidad. Hombro a hombro con la justicia que aún no llega a las zonas más apartadas y violentas, de la mano de las autoridades y del desarrollo, por supuesto; y así rescatar el control institucional del territorio urbano y rural.
Debe comenzarse por convertir a los territorios más afectados en reales zonas futuro, que han sido el gran fiasco y ejemplo demoledor de impotencia del Estado; en el Catatumbo, Tumaco, el Bajo Cauca y Arauca, cuatro núcleos fronterizos que engendran la violencia y el crimen, y que tienen azotadas las ciudades, pues allí subayacen y se reproducen las peores economías criminales que ha padecido la nación.
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Tenemos las mejores Fuerzas del Orden de cualquier democracia. Es sofisma que reformando la Fuerza Pública se acaba el crimen y la violencia, el asunto no está aquí, pero es caballo de batalla de quienes quieren desaparecerlas
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Y el problema no está en la Fuerza Pública. Tenemos las mejores Fuerzas del Orden que cualquier democracia quisiera tener. Es sofisma pretender que reformando la Fuerza Pública se acaba el crimen y la violencia, y el asunto no está aquí, pero es caballo de batalla de quienes quieren desaparecerlas. Acaba de ocurrir en México con la Policía Federal, ahora Guardia Nacional comandada por militares, y hace dos semanas en Chile, donde la Convención Constitucional que reforma la Carta Magna de ese país, aprobó en primer debate la sustitución de los legendarios Carabineros de Chile, la más prestigiosa fuerza policial de Latinoamérica, ya algunos preven su extinción, al contar con el 75 % de constituyentes de izquierda a favor de la medida. Primera evidencia del gran error de haberla sacado del Ministerio de Defensa y llevarla a su máxima politización.
Una “guerra de decisión rápida “ para solucionar con carácter urgente los problemas de seguridad del país, quizá requiera explorar de nuevo y con urgencia los roles y misiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Que conlleve la concentración militar en areas rurales y fronterizas y la policial en ciudades grandes e intermedias para conjurar la inseguridad que nos acecha. La dispersión policial y militar en todo el país, conservando el esquema tradicional de jurisdicciones geográficas, sin foco problema-territorio, es no apuntar, no atinar.
Y finalmente, con la falta de carácter y estrategia de los candidatos en materia de seguridad, seguiremos avanzando como el cangrejo y en un callejón sin salida, o en el círculo infinito de violencia y criminalidad. ¿Cuál es entonces el mensaje de esperanza y alivio para los colombianos?
Publicada originalmente el 10 de septiembre 2021
