La discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking se centra habitualmente en la amplísima gama de daños ambientales generados en los territorios donde se ha implementado; ante la contundencia de la evidencia, los petroleros llevan su argumentación a un terreno más cómodo, en el que se entienden como autoridad irrefutable, el de la seguridad energética: la necesidad de garantizar por un tiempo determinado del abastecimiento nacional de petróleo y gas. Afirman que las reservas de petróleo alcanzarán para 7 años, y las de gas, para 10; amenazan con que nos quedaremos sin gasolina, que no habrá gas suficiente para calentar nuestros desayunos. A renglón seguido, aseguran que la única solución es el fracking, con el que se triplicaría la cantidad de petróleo disponible, y el gas duraría para los próximos 30 años. Esta versión gremial simplificada pierde su contundencia cuando se rodea de elementos que su sesgo no tiene en cuenta, y que son hoy parte central de la discusión: hablar de soberanía energética implica necesariamente hacerlo en el contexto ecológico y político de la crisis climática, de un mundo al borde del colapso en el que la mayor parte de la responsabilidad está en la industria de los combustibles fósiles.
“Los daños climáticos catastróficos se encuentran más allá del horizonte de acción de las instituciones centrales, más allá del ciclo comercial, más allá de ciclos políticos como los períodos electorales y más allá del horizonte de las instituciones tecnocráticas como los bancos centrales”, esta no es la declaración precisamente un ambientalista, se trata del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, en el mercado de seguros Lloyd´s de Londres en 2015 refiriéndose a los riesgos climáticos del sistema financiero y de los calificados “activos obsoletos”, en los que se convertirán las reservas de carbón, gas y petróleo ante la necesidad de tomar decisiones políticas efectivas para atender con urgencia la crisis climática. La desinversión en energías fósiles se acelera, tanto desde las instituciones que quieren alinearse con los objetivos climáticos globales, que ya suman casi 15 billones de dólares, hasta bancos de inversión como JP Morgan Chase, el mayor prestamista de la industria fósil, o el fondo BlackRock y sus 8,7 billones de dólares que a través de su jefe administrador de activos dirigió en enero una carta a los directores las empresas en las que tienen participación, donde reconoce que los mercados comienzan a reflejar el costo del riesgo climático en el precio de los valores, y que necesariamente habrá una reasignación de capital fundamental.
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La desinversión en energías fósiles se acelera, tanto desde las instituciones que quieren alinearse con los objetivos climáticos globales, hasta bancos de inversión como JP Morgan o BlackRock
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Además de las percepciones de los grandes jugadores del mercado, las predicciones de la industria van en el mismo sentido. La edición de 2020 del informe global de energía de la petrolera BP, el más importante del tema, muestra que la demanda mundial de petróleo no volverá los niveles del 2019 y que caerá rápidamente en al menos 10 % en esta década y hasta en un 50 % en la siguiente. En otras palabras, BP plantea que no habrá posibilidades de usar todas las reservas de hidrocarburos. Si analizamos el caso colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos dice que por cada barril producido en 2019 el país logró incorporar a sus reservas probadas 1,24 barriles, con lo que la vida útil de las reservas aumentó de 6,2 años a 6,3 años. Desde 2006, a pesar de producir alrededor de 300 millones de barriles anuales, el cálculo de años de reservas se ha mantenido entre 5,1 y 8,1 años; en palabras de la misma ANH, esto se debe al desarrollo de proyectos de recobro mejorado, y de campos de crudo pesado, como Acacías, Quifa Suroeste, Rubiales, Caño Sur Este, Chichimene y Moriche.
El caso de la minera Prodeco nos permite ver lo que pasará con las petroleras en el futuro cercano. La empresa, poseedora de títulos de extracción de carbón en el Cesar, explicó que los devolvería porque no les resultan económicamente viables después de invertir más de 3.000 millones de dólares en los últimos 30 años. Entre las causas de esta crisis, según dicen, estaría una “caída estructural de los precios asociada a la transición energética y el Acuerdo de París”. Y un peligro adicional: ante una situación económica como la que presentan, y una débil legislación ambiental, es muy probable que los costos de abandono, de un negocio basado en la externalización de los costos ambientales, tengan que ser asumidas por el Estado colombiano. Las decisiones que tomemos en esta década, o dejemos de tomar, afectarán de una manera aún más drástica el futuro. Colombia y el mundo tendremos que actuar con urgencia para cambiar el curso de la crisis: alejarnos de la dependencia de los combustibles fósiles es una exigencia, y dejar la mayoría de las reservas enterradas, incluyendo las de los yacimientos no convencionales, la decisión acertada, tanto en términos ecológicos como económicos.
