El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renuncia por segunda vez ese cargo en el Gobierno de Colombia y todo apunta a que se repite la historia registrada en los años 2006 y 2018.
En esos dos años, Carrasquilla quiso presentar ambiciosos proyectos de reforma tributaria, pero perdió el apoyo del partido de Gobierno –e, incluso, del mismo Gobierno-.
El partido de Gobierno en Colombia, el Centro Democrático, manifestó desde los primeros días su oposición a varias de las propuestas de Carrasquilla dentro de la nueva reforma tributaria que esta vez –al igual que las anteriores- buscaba eliminar exenciones, aumentar el IVA, entre otras ideas.
Después de aprobarse la reforma de 2006, el propio Carrasquilla terminó diciendo que el proyecto salió del Congreso siendo un “esperpento”.
El jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, trinó recientemente varias veces desde su cuenta de Twitter (en la que tiene cinco millones de seguidores) manifestando su oposición a varios de los puntos más importantes de la reforma que será retirada tras la petición que hiciera ayer el presidente colombiano Iván Duque.
De hecho, luego, cuando el Gobierno de Duque decidió sustituir el texto de la reforma manifestó su apoyo en otro trino.
En 2018, cuando el Gobierno de Colombia radicó una nueva reforma tributaria, Uribe Vélez dijo estar en desacuerdo con varias de sus propuestas.
Duque, quien fue senador del Centro Democrático y después su candidato presidencial tras el apoyo recibido directamente de Uribe, anunció el retiro del proyecto inicial de reforma tributaria radicado en el Congreso tras casi una semana de un paro nacional que ha venido acompañado de protestas masivas en varias ciudades, bloqueos en vías principales y episodios de vandalismo.
Desde el comienzo de la radicación de la reforma tributaria, gremios y líderes empresariales se manifestaron en contra de propuestas como pasar de exentos a excluidos algunos productos alimenticios que, en su opinión, afectaría la cadena productiva y, por consiguiente, elevarían los precios al consumidor.
Después a las críticas se unió la gran mayoría de partidos políticos en el Congreso colombiano advirtiendo que votarían en contra del proyecto por, entre sus argumentos, atentar contra la población afectada en plena pandemia.
