Según el gobierno, seguirán asesinando defensores de derechos humanos, líderes sociales, defensores de la paz y desmovilizados de las Farc, pero lo prioritario será la manipulación de las cifras.
Como un reconocimiento a su propia incapacidad para garantizar la vida de defensores de derechos humanos, líderes sociales, defensores de la paz y desmovilizados de las Farc, el gobierno nacional decidió tratar de esconder sus ineptitudes, falta de transparencia e imparcialidad, y dispuso que los asesinatos y masacres que han de venir los registre y certifique solo su amigo, el que puso como fiscal general de la nación, despojando a otras entidades de sus facultades para manejar las cifras.
Con esta decisión, de nuevo, el propio gobierno motiva la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones, la democracia y el estado de derecho en este maltrecho país, pues se sabe que, precisamente, Barbosa, el fiscal, ha sido un manipulador de datos desde cuando era consejero para los derechos humanos del mismo Duque. Ahora le tocará minimizar y maquillar la tragedia, en lugar de determinar con precisión las causas de los crímenes y la identificación de sus determinadores.
Esto demuestra que al gobierno de Duque, más que garantizar la vida y la paz, le interesa es que los indicadores de su privativa ineptitud no sean tan escandalosos y condenables, y que, por consiguiente, pudieran perjudicar la campaña en curso para intentar mantener a su directorio político en las mieles del poder con el imperio de la mermelada por doquier.
El nuevo tropel se desató el pasado miércoles 3 de febrero, cuando Duque anunció “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de la información relacionada con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”.
Con esta decisión, en principio, el gobierno parece que buscaba acabar con la disparidad de cifras de homicidios de líderes sociales que existe en el país. Por ejemplo, desde 2016 y hasta diciembre de 2020 las Naciones Unidas —que era la fuente que el gobierno utilizaba como "oficial"— había registrado 462 homicidios de líderes. La Defensoría del Pueblo documentó 710 casos en ese mismo periodo y la ONG Somos Defensores, había reportado 600.
Pero lo que desató la mayor algarabía es que el presidente Duque le quitó esa facultad a la Defensoría del Pueblo, entidad que tenía mayor confianza popular que la Fiscalía. Lo hizo porque Carlos Camargo, defensor, igual que Barbosa, fiscal, también es aliado incondicional de Duque, por lo cual aceptó perder esa autonomía en la “nueva hoja de ruta”.
La Defensoría, entonces, dejó de ser un órgano de control autónomo, con funciones constitucionales. Perdió su labor de verificación que se hace en el Sistema de Alertas Tempranas y que había significado un trabajo importante de sistematización y reporte de cifras y análisis.
El asunto grave es que al poner a la Fiscalía a cargo de las cifras, se van a mezclar dos labores que son esencialmente diferentes, inclusive contraproducentes, la investigación y calificación de los crímenes, y la valoración política de las víctimas para reconocerlas como defensores de derechos humanos, líderes sociales, o defensores de la paz.
En este país todos saben que esa calificación obedece a factores políticos, en consecuencia, las decisiones judiciales de la Fiscalía estarían cargadas de esa índole ideológica para el debate.
Es más, en este gobierno, que no es autónomo tampoco porque está orientado por el expresidente Uribe, esas víctimas anticipadamente han sido consideradas enemigas del sistema implantado. Es por esta razón que al fiscal Barbosa le sumaron un nuevo conflicto de interés político, difícil de superar, en detrimento de la justicia colombiana.
Las contradicciones que enredan el gobierno de Duque, que cree que al tener la posibilidad de bajar las estadísticas aumentará la eficiencia y la eficacia, tienen plena vigencia si se tiene en cuenta que a la Fiscalía le corresponde investigar los crímenes, pero no el monitoreo de la situación de agresiones y en particular de los asesinatos.
Así lo confirmó el mismo fiscal antes de que el presidente Duque los convocara junto con la procuradora para que la Defensoría se quedara sin presencia regional, ni autonomía ni independencia.
Francisco Barbosa, a mediados de enero, de manera desafiante le dijo al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de que este le pidiera prioridad y celeridad en las investigaciones que se adelantan por las múltiples amenazas que ha recibido la población del corregimiento El Salado, en el departamento de Bolívar, por parte del grupo las Águilas Negras, que la Fiscalía no es la entidad encargada de tomar las medidas urgentes correspondientes a la protección de la vida, integridad seguridad y libertad de las personas defensoras de derechos humanos… y lo invitó a que antes de “remitir este tipo de comunicaciones se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias en la protección de los derechos humanos en nuestro país”.
Barbosa le había advertido a Camargo: "La función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General", institución que es parte de la rama judicial del poder público. Hoy debiera haber dicho que tampoco es función de la Presidencia de la República. Pero a Duque no le respondió.
"Lo mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas porque la estadística nos da un grado de respetabilidad en el manejo de estos asuntos”, enfatizó el fiscal Barbosa Delgado, para revelarnos que lo significativo no son los muertos, ni los determinadores de los crímenes, sino la apología de su vanidad personal, el grado de respetabilidad que espera de un asunto de burocracia confundida, es decir, que las cifras no puedan seguir afectando su reputación ni la del gobierno. Además, esa fue la orden que le dieron.
Para finalizar mi opinión, tengo que rogarle al Todopoderoso que las cosas no les resulten como indican los mojones que van instalando en esa “hoja de ruta”, y que regresen al orden lógico de prioridades. Ojalá.
