Extendidos por todo el mundo desde la exitosa experiencia de Porto Alegre-Brasil en el año 1989, se conocen como presupuestos participativos a procesos de diverso alcance y metodología que tienen algo en común: permiten a la ciudadanía concertar con el gobierno en qué se invertirán los recursos públicos[1].
Los presupuestos participativos pueden convertirse en una poderosa herramienta de control e incidencia ciudadana para una gestión pública efectiva y pertinente si existe real compromiso de la cabeza del ejecutivo, responsabilidad técnica y fomento de una cultura política democrática.
Decidir sobre el destino de los recursos públicos es la más concreta expresión de la democracia participativa, se acuerda lo tangible, qué bienes o servicios suministrará el Estado, y, de manera casi inmediata, se hace seguimiento y evaluación al cumplimiento de lo pactado.
El control social se facilita con estos ejercicios por cuanto la rendición de cuentas es su requisito y consecuencia, la administración se obliga a informar sobre el presupuesto: cuál es el monto real, en qué se está ejecutando y en qué diferentes opciones se podría invertir. De esta manera se posibilita que la gente[2]:
- Verifique que el gasto público sí responda efectivamente a las prioridades, que sea pertinente, que no se pierda en actividades sin impacto alguno.
- Identifique y visibilice sobrecostos en la contratación.
- Formule propuestas creativas y viables para resolver los problemas sociales.
- Apoye la tarea del Estado, sea corresponsable en la gestión del desarrollo.
- Desarrolle hábitos democráticos, entre ellos el de participar con lógicas ganar-ganar.
- Redistribuya la inversión, pues son los sectores más vulnerables quienes históricamente más participan.
- Comprenda la necesidad de austeridad en el gasto, se entiende la insuficiencia del dinero frente al volumen de necesidades.
Sin embargo, para que los presupuestos participativos sean exitosos se requiere de algunas condiciones. La primera, que realizarlos sea compromiso real e indelegable de la cabeza de la administración, solo quien toma las decisiones, quien lidera las entidades, puede disponer de lo necesario para respetar la voluntad ciudadana, las buenas voluntades de mandos medios no son suficientes.
Si no se cumple inmediatamente con lo concertado, si no se ejecutan los proyectos, se pierde la confianza y se fracasa. Cumplir depende del rigor para proponer desde el comienzo del ejercicio, opciones viables técnica y financieramente, que respondan a diagnósticos aceptados por la ciudadanía. Son numerosos los casos en que por esta razón se fueron al traste valiosas intenciones.
La metodología y la forma condiciona muchas veces el resultado del ejercicio de participación. Además de ser ágiles, de utilizar las tecnologías de información para cautivar a amplios sectores poblacionales y para no pedir a quienes intervengan que sacrifiquen el tiempo de su familia o de su desarrollo personal, se requiere que todas las actividades practiquen y fomenten una cultura política democrática de reconciliación, de amor, de respeto por lo público y por el otro. Los lenguajes y las lógicas a observar deben buscar la unidad más allá de las ideologías y de los partidos políticos.
En Colombia se han implementado varias experiencias de presupuestos participativos, entre las más conocidas y duraderas se destacan las del departamento de Nariño y las ciudades de Pasto y Medellín, pero existen también otras menos publicitadas como la de la mayoría de resguardos indígenas que en reunión general de la comunidad decide el destino de la totalidad de sus recursos[3]. La Ley 1757 de 2015, estatutaria del derecho a la participación, explicita en su artículo 100 la potestad de los entes territoriales de definir mediante presupuestos participativos la asignación de un porcentaje de sus recursos.
Después de un auge a comienzos de este siglo, el tema había perdido relevancia en la opinión pública de nuestro país hasta que dos recientes hechos políticos parecieron traerlo de vuelta: el punto cuatro de la consulta anticorrupción votada el pasado 26 de agosto: presupuestos públicos con participación ciudadana y la propuesta de candidatos a alcaldías, como Antonio Navarro Wolff en Bogotá, de ejecutar presupuestos participativos desde el primer día de su mandato[4]. Esta última opción tiene la palabra, de la exigencia que haga la ciudadanía a los candidatos a alcaldes y gobernadores en las próximas elecciones, depende que la gente pueda seguir e incidir en el rastro del dinero público en Colombia.
[1] En Colombia, la Ley Estatutaria 1757 DE 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” establece: “Artículo 90. Definición. El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos”.
[2] Numerosos estudios evidencian las conclusiones que se presentan en este artículo, se han revisado, entre otros, los siguientes documentos: El ‘retorno de las carabelas’: los presupuestos participativos de Latinoamérica en el contexto europeo Por Giovanni Allegretti y Carsten Herzberg; Participatory Budgeting - Public Sector Governance and Accountability Series Edited by Anwar Shah; Què es y cómo se hace el presupuesto participativo, UN Habitat diciembre de 2005; Revista La Era Urbana, marzo de 2004; Memorias del Foro Políticas Públicas y Corresponsabilidad Ciudadana: Experiencias de Presupuesto Participativo en Ciudad México, año 2002.
[3] Marcelo Caruso en el documento Estado del arte de los presupuestos participativos, Defensoría del Pueblo-Asdi, Marzo 2004, disponible en http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/sucre/Estado%20del%20Arte%20de%20los%20PP.pdf relata el caso de Toribío, municipio caucano con aproximadamente 97% de población indígena.
[4] La propuesta de Antonio Navarro Wolff tiene dos elementos que pueden convertirla en punto de quiebre de los presupuestos participativos en Colombia: él sabe de qué habla, tiene experiencia exitosa en realizar este ejercicio en más de un período de gobierno; un proceso de esta naturaleza en una ciudad del tamaño de Bogotá se convertiría en ejemplo a seguir en el país y la región.
