El municipio de Segovia, Antioquia se declara en desobediencia civil, debido a la orden de cierre de más de 7 unidades mineras que se encuentran en el RPP, 140 propiedad de la multinacional Gran Colombia Gold. Los mineros se declararon en paro indefinido que inició el jueves 5 de noviembre a las 00:00 horas, cerrando la vía principal y evitando la circulación de los vehículos de la multinacional, con el objetivo de negociar los amparos administrativos que esta ha aplicado a las unidades mineras que están dentro de su título.
El paro ha sido apoyado por todos los gremios del municipio, el comercio, los transportadores, las escuelas y demás instituciones que entienden que el cierre de estas unidades mineras significaría las ruinas del pueblo. Más de 1.200 familias dependen de esta actividad económica, y por este motivo la comunidad se encuentra en desacuerdo con las políticas que el Estado viene aplicando a la minería, pues estas, en vez de estar más cerca de dar una solución a las problemáticas que aqueja a la pequeña minería, apuntan más a una posible extinción de esta actividad, y terminan por favorecer a las multinacionales que están saqueando la riqueza de los pueblos colombianos.
Los mineros, cansados de estos atropellos por parte del Estado y la multinacional, argumentan que las políticas del Gobierno han sido implacables, nocivas y arbitrarias, mientras las políticas que han impulsado para las multinacionales, que quieren someter y realizar una nueva colonización y esclavitud a esta comunidad son suaves. Por este motivo, los mineros, después de haber agotado todos los recursos de diálogo para una solución concertada a esta problemática y al no obtener una respuesta positiva del Estado y de la multinacional, se vieron obligados a tomar, como último recurso, la acción popular de cese de actividades de manera indefinida.
Pliego de peticiones para la solución de la pequeña minería de Segovia y Remedios.
- Cesar de inmediato los amparos administrativos con la notificación por parte del titular a las autoridades competentes.
- Negociación en conjunto con el acompañamiento de la mesa minera y sus respectivos representantes legales y su equipo asesor.
- Reconocimiento de la ancestralidad minera en la zona del Alto Nordeste.
- Reglamentar el articulo 11 literal b) de la ley 1658 de 2013.
- Reglamentación del proyecto de ley 1073 de 2015, proporcionando a los propietarios de las plantas de beneficio ( entables), los recursos para la reubicación y así poder tener unas políticas de producción más limpia.
- Revisar las políticas de Responsabilidad social frente al desalojo de algunos habitantes en el sector del barrio Manzanillo del municipio de sus casas, por parte de la empresa Zandor Capital, igualmente el desalojo de los mineros de las minas en el municipio de Segovia; conjuntamente se solicita la devolución de la sede de la Universidad de Antioquia, que por haber quitado este inmueble está en peligro de perderse esta sede para la región del alto nordeste.
- Elaboración en conjunto de propuestas de contratos y cesión de áreas.
- Revisar las políticas de inversión social y afectación a las cuencas hidrográficas de los municipios de Segovia y Remedios.
- Solución a la problemática para la adquisición de material explosivo para las operaciones mineras.
- Conformar una comisión interdisciplinaria que fiscalice en todas sus áreas como: laborales, sociales, financieras, ambientales y legales la operación minera y el Estado real de la empresa Zandor Capital.
La nueva normatividad que el Estado está aplicando para la minería; más la entrada de las multinacionales a este territorio les están cerrando el camino a la pequeña minería y cada día se ven más cercados y obligados a desaparecer, lo que afectaría gravemente la economía de la comunidad segoviana.
Si el mismo Estado no garantiza el acceso de estos mineros a los componentes que propone la política de formalización, los mineros no tienen la capacidad técnica y económica para acceder a todos los elementos de la formalización. Lo que agrava más esta situación es que no hay áreas libres para trabajar la minería y legalizar a los mineros, los títulos mineros están en poder de las grandes multinacionales con los cuales hacen grandes cantidades de dinero especulando con ellos en la bolsa; estas multinacionales generan contratos de operación o subcontrato de formalización, que no le generan una garantía a los mineros, y el Estado no brinda un acompañamiento para que las unidades cumplan con esos parámetros que exige la ley o para que las multinacionales les den una garantía a los mineros; al fin y al cabo son esas empresas las que les están quitando el sustento a toda la comunidad.
Estas cosas hacen que la política de formalización que tanto promueve el Estado sea una estrategia muy poca atractiva para la minería artesanal, hasta que el Estado no haga una política que se acerque a la realidad que vive día a día la pequeña minería y se haga una separación de minería a gran y pequeña escala en el ámbito normativo y en las políticas y normas que se diseñan para la minería, no se verá un verdadero cambio positivo en este tipo de minería. No se le puede aplicar a esta minería unas políticas y normas que están ajustada a la realidad de la minería a gran escala, la pequeña minería presenta unas necesidades muy distintas.
A este punto vale la pena cuestionarnos si en verdad estamos dejando que estas multinacionales se lleven nuestras riquezas naturales y nos dejen a su paso contaminación y daños irreparables a nuestra comunidad, o que estamos haciendo para defender y demostrar que la minería a pequeña escala se puede realizar de una manera segura y amigable con el medio y con la comunidad, esto es posible si se realiza un trabajo coordinado y participativo tanto del Estado como de la comunidad, donde el Estado le brinde las herramientas necesarias a los mineros y les haga un acompañamiento más cercano y adaptado a la realidad de esta comunidad en especifica.
El Estado debe aplicar políticas que se adapten a la realidad que viven estos mineros y que le brinden beneficios y soluciones reales a las necesidades que ellos viven en su día a día, esto sería un verdadero apoyo para ellos, porque más que una norma que regule la minería, ellos realmente necesitan una política pública participativa, creada por ellos mismos y la comunidad, no creada por doctores y especialistas que en realidad no conocen el panorama minero que vive la minería a pequeña escala en los municipios de Segovia y Remedios.
