Esta es una situación que data de hace mucho tiempo, pero las autoridades han hecho caso omiso, por lo que habitantes y defensores de derechos humanos han venido denunciando alza en homicidios, extorsiones y amenazas.
Las cifras hablan por sí solas, desde la última semana van más de 12 asesinados y una incautación de fusiles AK 47. Además, en los dos últimos meses se han registrado varios homicidios a líderes sociales, así como a campesinos y pequeños mineros. Aunado a esto, en el municipio también aparecieron grafitis alusivos a disidencias de grupos armados ilegales, un helicóptero incinerado, hubo destrucción de maquinaria de obras de infraestructura, amenazas a líderes de sustitución de cultivos ilícitos, un alcalde amenazado, entre otros hechos que reportan con horror las comunidades y ONG.
Por todo esto varias organizaciones han hecho un llamado de urgencia para que el Estado les brinde protección ante el inminente peligro en el que se declaran por el aumento de la violencia en el territorio.
Ante lo anterior es preciso hacer las siguientes interrogantes: ¿Quiénes están detrás de estos hechos? ¿Con qué propósito quieren adueñarse del municipio y generar zozobra en la población? ¿Acaso tiene que ver el tema de la minería ilegal, narcotráfico, bacrim y guerrilla?
De acuerdo con integrantes del comité de derechos humanos de esta región cada vez se deteriora más la seguridad en la zona, lo que vulnera los derechos a la vida, la libertad, el patrimonio y la integridad. Ante esto, la comunidad teme salir a las calles para evitar ser parte de la larga lista de muertos.
Lo cierto del caso es que la mayoría de los acontecimientos se debe en mayor parte de los casos en contra de aquellas personas que se encuentran organizadas en los diferentes movimientos sociales existentes en el territorio.
