Muy preocupante resultó para la prensa local la intervención del secretario de Gobierno de Tuluá, coronel (R) Jorge Gallego Chávez, quien, durante la sesión descentralizada realizada en el Concejo Municipal de esa localidad, convocada por la Asamblea Departamental para abordar la situación de inseguridad y las extorsiones, indicó “tan delincuente y miserable es aquel que desde las cárceles intima a la ciudad como aquel que desde las redes sociales imprime el miedo, el terrorismo y el caos en los municipios, y particularmente acá”.
Pisoteando los derechos constitucionales a la libertad de expresión y prensa, Gallego Chávez se atrevió a exigir en el recinto a los oficiales de Policía que investiguen y lleven ante los jueces a quienes repliquen en redes sociales la información que publican los medios nacionales sobre los diferentes tipos de extorsión que se registran en Tuluá, “para que los condenen por intimidación, calumnia e injuria frente a los diferentes gobiernos municipales”.
El funcionario no respondió a los cuestionamientos puntuales de los diputados y se limitó a soltar cifras sobre los “resultados” operativos, números que como es de conocimiento público no se ven reflejados en una mejoría en el manejo de la seguridad, ni la disminución de la criminalidad y mucho menos en el control o reducción de la extorsión.
Puede ser entendible su molestia porque medios regionales y nacionales evidencien el deterioro de la seguridad en el corazón del Valle y que alerten al país sobre la delicada situación que ha cobrado la vida de transportadores de productos básicos de la canasta familiar, vendedores y empresarios, cuyo único delito ha sido trabajar para ganarse la vida y garantizar la sostenibilidad de sus familias.
Y aunque seguramente es cierto que en el municipio no se han instaurado denuncias por las extorsiones contra productores y comercializadores de huevos, el funcionario omite explicar que esa situación se explica por la falta de confianza en las autoridades locales y la filtración que se estaría presentando de las denuncias instauradas ante la Fiscalía por parte de los ciudadanos afectados por las extorsiones, un hecho que sí se debería investigar.
Además, falta a la verdad Gallego Chávez cuando afirma: “hemos sido nosotros, la Policía nacional y la alcaldía los que hemos puesto de oficio las denuncias para propósitos operacionales”, pues la realidad, y todos los tulueños la conocen, es que sin el revuelo que generaron los medios nacionales frente a esta problemática ni siquiera se estaría realizando la sesión de la Asamblea Departamental en el municipio de Tuluá.
Que mas quisieran los poderes locales, regionales y nacionales que los medios callaran ante los hechos de horror que sacuden al país, pero la prensa tiene la responsabilidad de buscar la verdad y desnudar esas realidades que si vienen afectan la imagen de funcionarios, ciudades, regiones o el propio país, no pueden ser desconocidas porque no solo afectan la convivencia, la seguridad y el empleo de ciudadano inermes, sino que está costando muchas vidas de personas inocentes.
Quién en Tuluá desconoce la existencia de los carteles del cilantro, la cebolla, la papa, el huevo y las amenazas que vienen sufriendo contratistas, empresarios y hasta funcionarios de la Administración Municipal como para que el secretario de Gobierno pretenda que esta información sea omitida por los medios y sus periodistas, sino que amenace con investigaciones y condenas a ciudadanos que repliquen dichas noticias.
Negar esta realidad es hacerle el juego a los violentos y a las estructuras criminales que están sembrando el terror en Tuluá, al tiempo que se coloca en grave riesgo la vida de los periodistas que se atreven a realizar su trabajo con responsabilidad y entereza aun a consta del riesgo que implica para su vida.
Muy delicado y preocupante el señalamiento del secretario de Gobierno de Tuluá a los medios y periodistas, máxime cuando aún está fresca sobre el piso la sangre del veterano y reconocido periodista tulueño Marcos Efraín Montalvo Escobar, cuyo homicidio según informó en su momento el ministro de Defensa, Diego Molano, está relacionado con sus denuncias frente “a la corrupción en la administración pública”.
No se puede olvidar que un día después del asesinato de Montalvo Escobar, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, afirmó sin tino en La FM Radio, que, “era un periodista retirado y no lo veía activo en ningún medio de comunicación, sino que se limitaba a hacer publicaciones esporádicas a través de las redes sociales”.
Ante este peligroso señalamiento y hostigamiento contra ciudadanos y periodistas por parte del responsable de la seguridad en Tuluá, hago un llamado a la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, Periodistas Sin Fronteras y los círculos de periodistas del Valle y Bogotá para que denuncien públicamente estas declaraciones que nos ponen una lápida en el pecho a los periodistas del corazón del Valle.
