Hace más de un año, el 22 de junio de 2021, el administrador de un conjunto residencial en Bogotá presentó un derecho de petición solicitando una visita técnica y un permiso para talar unos árboles sembrados en una de sus plazoletas internas, área privada. El motivo: sus raíces habían fracturado los muros de la plazoleta y literalmente, se presentaba el riesgo de caer encima de alguno de sus residentes o, en caso menos grave, de los vehículos parqueados.
La respuesta de la subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestres, dos meses más tarde, (Radicado 2021EE161072) se hizo en 3 páginas, pleno en formalidades y transcripción detallada de unos artículos del Acuerdo Distrital 531 de 2010.
|Le puede interesar: Calamidad pública en La Mojana se extiende por seis meses más
La visita técnica se realizó concluyendo que, “los individuos arbóreos de las especies Acacia morada, Cheflera, Sauco, Jazmín del cabo y Ciprés, entre otras…que actualmente no están generando susceptibilidad al volcamiento, pero requieren manejo silvicultural” (subrayado nuestro). Acto seguido manifiestan que “Luego de realizar una consulta en el sistema de información Geográfica de esta Entidad, sobre el tipo de espacio de la zona del parque del barrio, se pudo establecer que los ejemplares arbóreos que allí permanecen se encuentran emplazados sobre espacio privado, haciendo parte de la Agrupación de Vivienda Parque de los Sauces” (sic).
Foto: Cortesía
Nótese que el Distrito requirió de una consulta a su Sistema de Información Geográfica para conceptuar que los “ejemplares arbóreos” efectivamente estaban sembrados en donde se les había dicho por escrito e ilustrado con fotografías, y en el lugar correcto donde la visita técnica verificó personalmente que los arbolitos permanecían incólumes.
Asombra por demás el escepticismo de los funcionarios que no le dan crédito a la petición ni a la visita técnica de los mismos, sino que se ven obligados a verificar en sus sistemas cartográficos lo que sus propios ojos ya lo hicieron. Es evidente, además, que la visita se limitó a reseñar los nombres de los árboles (o arbustos), pero desconoció las fracturas de los muros, que viene siendo la preocupación real de sus habitantes.
Como podrá deducirse, no bastó que en el derecho de petición se les informara que los árboles estaban causando un daño a la infraestructura del conjunto; que existía un peligro de volcamiento sobre personas y automotores que por allí transitaban; que se había generado una humedad sobre los muros, demostrando de manera clara e incuestionable el daño producido por las raíces.
Tampoco fue posible que la visita técnica se percatara de la dimensión de los daños causados, lo que implica nada menos que la totalidad de los muros deban ser demolidos y vueltos a construir una vez que la inefable Secretaría de Ambiente autorice la tala de los árboles.
Valga mencionar que el costo de la demolición de los muros y su reconstrucción, sin incluir el tratamiento de los “individuos arbóreos” en los trece meses de trámite cursados, probablemente sea el doble de lo presupuestado en el 2021, con cargo al bolsillo de los copropietarios. La devaluación monetaria les pasa una costosa cuenta de cobro a los residentes, por culpa de una negligente administración ambiental, incapaz de responder de manera ágil y práctica a una petición sencilla.
Lo peor del viacrucis sobreviene en los artículos 12 y 14 del acuerdo, que se refieren a “Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado de manejo en propiedad privada”. En el segundo de estos, señalan los siete (7) requisitos para presentar el Plan de Podas (?) en espacio público y privado. Son estos de tanta complejidad retórica que lejos de encomendarle la solución arbórea al modesto jardinero de la agrupación, se requiere la contratación de un equipo de expertos ingenieros forestales, en capacidad científica y académica de elaborar un plan. Véase solamente uno de sus 7 artículos:
- … "En Espacio privado el solicitante requiere presentar inventario forestal, análisis del mismo relativo a especies presentes, zonificación del área por presencia de especies, número de individuos (universo por área) portes, alturas, estado físico y sanitario de fuste y copa, y la cartografía correspondiente a escala 1:500"
Luego de transcribir los 7 artículos, la respuesta de la secretaria Ambiental anuncia que, “de requerir la intervención del arbolado presente en espacio privado, el representante legal/o propietario del predio, debe solicitar ante la Secretaria Distrital de Ambiente, permiso para tal fin. Dicha autorización para efectuar cualquier actividad silvicultural se emitirá una vez el representante legal o propietario del predio, cumpla con los requisitos exigidos por esta Secretaría”.
Esto fue exactamente lo que hizo el representante legal de la agrupación residencial: solicitar el permiso y concepto mediante visita técnica. Lleva 13 meses esperando una solución.
Es de tal magnitud y complejidad la tarea de talar unos árboles que están causando gravísimo deterioro de la infraestructura física, que se decidió contratar a un ingeniero forestal, quien el pasado 31 de mayo del presente año radicó los diez (10) documentos de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados. Esta es la fecha en que no se ha recibido respuesta.
Mientras el farragoso proceso burocrático de la secretaria de ambiente y la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestres transita entre la prepotencia y el autoritarismo, plagado de exigencias expresadas en un lenguaje pretensioso para complejizar las soluciones a los problemas más sencillos de la gente (respaldadas en el Acuerdo Distrital 531 de 2010, que probablemente fue aprobado por un somnoliento y aburrido concejo distrital), 2 viejos pinos han caído por el inclemente invierno o por vejez, pero peligrosamente, sobre las aceras aledañas a la agrupación. Por todo ello, cabe advertir a la ciudadanía: si quiere sembrar un árbol en el patio de su vivienda, piénselo dos veces, puede convertírsele en un indeseado dolor de cabeza.
