El gobierno, a través de ceremonia presidida por el presidente y el ministro de Defensa, con un acto simbólico, quiere borrar un hecho evidente de injusticia que negó la aplicación de la verdadera justicia en el orden constitucional como lo es la acción de la fuerza pública en defensa del orden social y legal respetando los bienes ajenos y el maltrato a sus miembros investidos para hacer cumplir estos preceptos superiores: Arts. 216 y 217, que en uno de sus apartes expresan: "Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional".
El día 11 de abril en la escuela General Santander reúnen a los policías secuestrados el 2 de marzo, en una petrolera de Los Pozos (Caquetá), con el fin de condecorarlos con las máximas distinciones en reconocimiento a la humillación e incumplimiento del deber, porque tuvieron que aceptar órdenes superiores de dejarse vapulear por una horda de sujetos camuflados de campesinos, unos, y otros quizás verdaderos labriegos de la región intimidados, quizás, por fuerzas subversivas.
Pero lo más aberrante de este acto es la desvergonzada citación a la familia del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, para condecorarlo con la Orden al Mérito Nacional; uniformado asesinado y torturado en este "encierro intimidatorio", al que fueron sometidos dychos policías, que a pesar de poseer la investidura de cuerpo civil armado que vela por el orden, recibieron la consigna superior de dejarse someter a un acto de lesa humanidad, que el Ejecutivo quiso llamarlo, de manera amañada “cerco humanitario”.
Esta práctica de secuestrar a miembros de la fuerza pública ha degenerado en una costumbre, por parte de quienes dicen representar a la autoridad indígena, que en muchos casos le están haciendo el mandado al narcotráfico u organizaciones armadas al margen de la ley, en casos repetitivos, para mostrar solo algunos como:
- El 22/04/2017 La Guardia indígena en Caldono Cauca secuestra a 6 policías que hacían labores de inteligencia contra el secuestro, con la versión de una "Audiencia ancestral".- El 16/01/2023 fueron secuestrados al menos 30 integrantes de las Fuerzas Militares mientras desarrollaban operaciones de patrullaje en los sectores Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas del municipio Vista Hermosa, Meta."De acuerdo con las primeras versiones, los uniformados —dentro de los cuales hay dos sargentos y un cabo— habrían sido retenidos por integrantes campesinos que, supuestamente, estarían influenciados por grupos residuales de las extintas Farc".
- El 12/04/2023, 10 militares fueron secuestrados en la vereda La Pila, por el Resguardo de San Francisco, zona rural de Toribío, "Se conoció un comunicado del Ejército Nacional en el que explicaron que las tropas del Comando Específico del Cauca hacían presencia en la zona como respuesta a una orden judicial de la Fiscalía tras la captura de un sujeto que era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego".
- Y el más reciente que hacemos referencia al inicio de este comentario. Todo esto nos llama a una reflexión: Será que nuestros uniformados que representan la autoridad y el orden en el país, además de estar cumpliendo instrucciones de autoridad judicial, deben someterse a quienes la Constitución del 91 les otorgó la potestad de establecer su propia legislación en respeto a su cultura ancestral y, pueden, por este prurito, hacer justicia por sí mismos, violando nuestras leyes macro del bloque constitucional, aplicando el secuestro como elemento intimidatorio que metafóricamente quieren trasladárnoslo como una práctica para ellos legítima, así desborde nuestra auténtica norma de normas ?.
Sumándose a ello las comunidades campesinas, que también lo han tomado como una forma de impedir la intervención del Estado, en sus prácticas, muchas veces ilegales, preguntándonos ¿en que queda la autonomía institucional que deben ejercer las reales autoridades de la soberana Colombia?
