No hace falta ser experto en conflictos y negociación para percatarse de que la actitud por parte del gobierno consiste en hacer que el tiempo debilite el paro nacional y se resulte a fin de cuentas negociando elementos que configuren el gatopardismo, hacer que todo cambie para que todo siga igual.
Seis puntos están sobre la mesa o mejor sobre el pliego único de emergencia, ya que no se ha iniciado la negociación en materia de garantías para el ejercicio de la protesta. El gobierno no ha querido ceder, en especial en lo concerniente a la no participación militar en las protestas, el respeto a la autonomía de quienes son las autoridades locales frente al manejo de las mismas, la no utilización de armas de fuego, entre otras medidas. A propósito, valga precisar que un juez de Popayán falló una acción de tutela para impedir el uso del Venom hasta que no esté claro el protocolo para su uso, fallo que se espera sea acatado por el Ministerio de Defensa.
Esta actitud del gobierno se percibía ya en la negativa ante el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, la cual finalmente llegará a la nación en visita oficial el día 8 de junio; donde se espera no solo salgan a la luz las violaciones a los derechos humanos en medio de la protesta, sino que se tomen las acciones respectivas a nivel internacional frente al desconocimiento del respeto a la vida y la protesta social por parte de las autoridades nacionales.
En este contexto se requiere que el país tenga cambios en la estructura, no solo que se maquillen las situaciones o políticas por una visita de la comisión internacional de derechos humanos, o que se negocien aspectos irrelevantes para el transcurrir de la nación y las solicitudes de fondo, tal como ha ocurrido con la entrega de becas y opciones de trabajo para jóvenes en algunos bloqueos como lo declarara la gobernadora del Valle para el levantamiento de los mismos.
Los y las jóvenes requieren becas y empleos, pero no como un chantaje para levantar un bloqueo, sino como una política de largo aliento. El anuncio de matrícula cero ha de ser un proceso argumentado no por el paro ni por la pandemia, sino como algo que se estabilice en el país, a lo cual debe sumarse la ampliación de cupos para el acceso a la educación superior, así como una verdadera política de empleo que llegue en especial a los grupos poblacionales más golpeados por el desempleo: mujeres y jóvenes.
En materia de salud se requiere lo mismo, un cambio estructural, que contrario a profundizar el mercado en el sistema de salud como se pretendía con el proyecto de ley 010, dé una verdadera garantía al derecho a la salud garantizado por parte del Estado; un modelo que haga prevención y promoción de la salud, y termine con la prestación por parte de las EPS (que facilita lo que está sucediendo en la actualidad con Coomeva, a la cual tan solo se hace intervención por la Supersalud y no su liquidación, hecho que recuerda lo sucedido con Saludcoop que utilizó los recursos públicos en inversiones ajenas al propósito de la garantía del derecho a la salud).
Finalmente, la separación de poderes debe ser una garantía en el país contrario a ejemplos como el apoyo abierto de las cortes a Duque o la rápida apertura de procesos a congresistas de la oposición por parte de la procuraduría encabezada por Margarita Cabello. Que el diálogo con el ELN sea una realidad encabezada por el comisionado para la paz y no una pantomima en medio de la crisis nacional, que el diálogo y negociación nacional se desarrolle en el espacio correspondiente y no en espacios paralelos como el de la derecha internacional encabezada por el expresidente Andrés Pastrana.
