El gobierno nacional acosado por los compromisos e irresponsabilidades de los gobiernos neoliberales y especialmente el anterior de Iván Duque, se debate entre atender esos compromisos sociales con los ciudadanos de a pie con los que se comprometió en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo y el cumplimiento de las reglas neoliberales de la regla fiscal y una política monetaria de mantener altas tasas de interés.
La una obliga a reducir el gasto, como ocurrió ya este año en $20 billones con los correspondientes descensos en las metas sociales y de inversión y la otra no permite una reactivación económica. Es decir, una política encaminada a que el gobierno del cambio de Gustavo Petro, no pueda presentar mayores logros económicos y sociales y consolidar así, la apreciación de la extrema derecha de que este gobierno es un "desastre" y por tal deben volver a "reinar" ellos a partir del 2026.
Hoy esta discusión se concentra en la aprobación del proyecto del Presupuesto General de la Nación PGN.
El gobierno propone que sea aprobado por $523 billones de los cuales $12 billones estarían desfinanciados y por lo cual se anuncia la presentación de una ley de financiamiento, tributaria, por ese monto.
Gran escándalo ha salido a generar todo el gran empresariado agremiados en el Consejo Gremial Nacional CGN, el establecimiento neoliberal desde sus típicos organismos como el Comité de la regla fiscal, los centros de pensamiento idem como Fedesarrollo, Anif y algunos directivos de universidades privadas, aduciendo que el país no aguanta más impuestos.
Deberían decir, que ellos no quieren pagar impuestos, porque además no dejan de señalar, rememorando al tristemente recordado minhacienda Alberto Carrasquilla que se deben incrementar los impuestos a la comida vía IVA.
Los 12 billones se requieren de forma muy especial para los propósitos de reactivación económica, haciendo inversión en salud, infraestructura y educación
Los 12 billones se requieren de forma muy especial para los propósitos de reactivación económica, haciendo inversión en salud, infraestructura y educación.
Los actuales desajustes presupuestales del gobierno se deben a mala proyección en los ingresos desde la Dian, pero también a los fallos de la Corte Constitucional, que como lo dice el Dr Uprimmy en su columna del domingo anterior en El Espectador, son fallos para defender a los megarricos, pues a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras los eximió de pagar las regalías, que eran parte integral de la reforma tributaria del 2022 y por lo cual el estado dejo de recibir $6,7 billones anuales y ahora se anuncia que podrían también tumbar desde la Corte el impuesto al patrimonio que estaría cerca a los $3 billones anuales, con lo cual harían trizas la única reforma tributaria progresiva que se hay aprobado en el país.
El gobierno viene proponiendo que la ley de financiamiento debe buscar esos $12 billones, y que ellos estarían fundamentalmente en elevar el gravamen a las ganancias ocasionales del 15 % al 20 % y aumentar el impuesto a la renta para las empresas de la industria extractivista hasta el 15 % según los niveles de precios promedios de los últimos años.
Adicionalmente el gobierno propone que se adelante para el 2025 la regla fiscal del 2026, con lo cual el déficit fiscal podría pasar de 2,6 % al 5,1 % para el 2025, permitiendo un mayor gasto del gobierno y con lo cual se podrían cumplir los compromisos que los gobiernos anteriores dejaron en la altísima deuda externa.
La reforma tributaria de la ley de financiamiento, así sería necesaria acompañada de adelantar la regla fiscal.
Huelga decir que la sobre tasa de impuestos a la renta para la industria extractivista están más que justificados, pues ya fueron exonerados por la decisión apátrida de la Corte Constitucional de pagar $6,7 billones de regalías.
El régimen tributario como bien lo señaló el anterior director de la Dian y hoy ministro de Comercio, Dr. Luis Carlos Reyes, está lleno de zig zag para evadir y eludir pagos de impuestos, que él tasó en cerca de $100 billones anuales, que para nadie es un secreto, los mayores evasores son las grandes corporaciones nacionales y extranjeras emparentadas con los megarricos.
De esta manera la justicia tributaria nos señala que los megarricos deben contribuir con más impuestos para lograr una justicia social que este gobierno quiere impulsar con un presupuesto para la inversión social y la reactivación económica. No hacerlo así, es continuar de espaldas al país y al estallido social.
Posdata: ¿Y será que la Corte Constitucional fallará en contra de la ley pensional que tanto beneficia a la vejez? Hay ya cerca de 120 demandas. La revolución de las canas tendrá que cumplir su papel en la calle frente a la Corte.
X: fabioariascut
