"Cuidado con los regalos de los griegos" es un adagio que se escucha cuando hay peligro de repetir lo del caballo de Troya.
En diciembre de 2021 el presidente Duque, muy orondo, visitó a Barranquilla para darles un regalo griego a sus autoridades y habitantes, anunciado por el alcalde Jaime Pumarejo con anterioridad.
Se trataba de recuperar la mayoría accionaria del Distrito en la aludida empresa que presta sus servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la capital del Atlántico y a 14 municipios más. Resulta que desde 2018 la Fiscalía General de la Nación había embargado el 82,16 % de las acciones de la Triple A, de propiedad de Inassa S. A. Lo hizo con fines de extinción de dominio por detrimento patrimonial en hechos notorios de malos manejos.
Esta empresa, la joya de la corona de Barranquilla, venía pagando desde 1996 una supuesta asesoría técnica del 4,5 % del recaudo bruto mensual a Inassa –controlada por el Canal Isabel II de la municipalidad de Madrid–, dueña de la mayoría accionaria de la empresa. Pero resulta que tal asesoría nunca existió, como lo confesó ante la Fiscalía española el señor Edmund Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y de la junta directiva de Triple A durante años: “Canal cobraba una asistencia técnica (que no daba) y la cobraba mensualmente, Canal cobraba como dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado”. Se calcula el total de este despojo en más de 80mmillones de dólares, más de 300.000 millones de pesos.
En 1996 la Triple A, con el 85 % de las acciones de propiedad del Distrito de Barranquilla, sufrió uno de los más grandes despojos cuando el alcalde de la época y los integrantes de la junta directiva de la empresa le entregaron el 43,31 % de las acciones a Inassa S. A., una empresa constituida días antes con la irrisoria suma de un millón de pesos por la trasnacional Aguas de Barcelona y por encumbrados personajes de Barranquilla, y para colmo del descaro, con acciones pagadas con un préstamo del Banco Ganadero.
Tan impudente fue la operación que el economista y periodista Jorge Vergara tituló en una de sus columnas: “Con un millón de pesos los españoles se apropiaron de la Triple A”. Más tarde, a principios del siglo XXI, la alcaldía de la época prorrogó hasta 2033 una concesión que vencía en 2013 y ratificó el pago mensual de la supuesta asesoría técnica que Inassa se hacía a sí misma por ser ella la dueña de la Triple A.
Cero y van dos despojos, pero faltaban más. El 26 de octubre de 2016 renunció Ramón Navarro a la gerencia de la Triple A, después de estar ocho años en el cargo. Ese día Alejandro Char, siendo alcalde de Barranquilla, expresó a los medios de comunicación que “la ciudad está en mora de rendirle un homenaje a Navarro por los logros al frente de la empresa”.
Char, genio y figura, porque su homenajeado fue puesto preso en marzo de 2018 por presuntos hechos de corrupción consistentes en enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir por 27.000 millones de pesos. Navarro confesó y fue condenado a 16 años de cárcel, pero no reveló el nombre de sus cómplices ni devolvió los cuantiosos recursos.
Como se dijo al principio de este escrito, el presidente Duque vino a Barranquilla a entregarle, supuestamente al Distrito, el 82,16 % de las acciones de los españoles embargadas para extinción de dominio. No era realidad tanta belleza, porque, utilizando el artículo 93 de le Ley 1708 de 2014, sobre “enajenación temprana”, hizo una transacción dudosa, no con el Distrito, sino con la APP llamada Alumbrado Público, en la cual el Distrito posee el 65 % de las acciones y dos potentados privados el otro 35 %.
El acuerdo consistió en que el sector privado de la APP paga el 50 % este año del monto de la transacción, que fue de 560.000 millones, y el otro 50 % lo pagan con las ganancias de la Triple A en los años futuros. En esta forma los potentados quedaron con el 28,7 % de las acciones, haciendo recordar lo ocurrido en 1996, cuando el Distrito perdió la mayoría accionaria entregando el 43 % a una trasnacional y a grandes empresarios de Barranquilla, pero luego perdió más poder accionario al socaire de las capitalizaciones que hicieron los privados y que no hizo el Distrito. ¿Se repetirá la historia?
Lo más acorde con el resarcimiento o reparación que exigen los usuarios por las enormes pérdidas sufridas es que se le devuelva la empresa al Distrito, no a los potentados, y también al departamento del Atlántico, ya que en 14 municipios la empresa presta el servicio, cuyo millón de usuarios también sufrieron las dentelladas de estos manejos.
