El Caribe es una región anti dialéctica, en la que todo cambia (en apariencia), pero nada cambia (en esencia). Ello es en gran parte responsabilidad exclusiva de sus habitantes que parecieran beber de las míticas aguas del río Lete y no del Magdalena.
La amnesia colectiva y el actuar folclórico de los hombres y mujeres del Caribe, permanentemente ha posibilitado, y posibilita, que unas cuantas familias, de manera reiterada y valiéndose del engaño, realicen negocios que engrosan sus finanzas pero deterioran la calidad de vida de millones de personas.
Alguna vez leyendo a Eduardo Galeano, encontré una frase impactante que adquiere sentido en nuestra propia y triste realidad: "Quien no conoce la historia está condenado a repetirla". Desde esa lógica, uno entiende cómo el Atlántico reelige gobernantes comprometidos en quiebras y tragedias pasadas y recientes que ni siquiera han terminado de superarse.
La historia de la mala prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa no es nueva, como pretenden hoy presentárnosla desde intereses mezquinos detrás de los cuales se esconden nuevos y lucrativos negocios.
Las Electrificadoras de la Costa eran de propiedad de todos los colombianos (Nación), pero dentro de la turbia dinámica política característica de nuestro país, pasaron a ser jugosos fortines electorales y de negocios en los que lo que menos se privilegió fue su razón de ser y su utilidad social. Su administración se entregó a barones politiqueros, que hicieron con ellas lo que quisieron (botín) en beneficio exclusivo de sus intereses de grupo (clientelismo).
Los gerentes, entre los que hay hoy en día algunos premiados ejerciendo cargos de elección popular, no tenían control ni ley, pues sólo rendían cuentas a sus intocables padrinos "políticos". Es algo que ocurrió y que muchos no recuerdan o sencillamente olvidaron. Como consecuencia de ello, las pérdidas para 1997, reportadas por un gerente, que después fue un famoso prófugo de la justicia, fueron de 111 mil 331 millones de pesos.
Aunque gran parte de la responsabilidad se atribuyó a los trabajadores, usándolos como chivos expiatorios, SINTRAELECOL atribuyó en su momento la debacle (acertadamente) a la corrupción administrativa, a la contratitis, la desviación de recursos, sobrecostos, politiquería y las pérdidas mensuales del orden de los cinco mil millones de pesos. Todo lo anterior se expresó en el intermitente servicio de electricidad, por el no mantenimiento a las redes.
Similar a como ha ocurrido en la actualidad con Electricaribe, la Nación (en el período 1992 a 1996) le inyectó al "barril sin fondo" medio billón de pesos de la época (dizque para "mejorar el servicio") a empresas que más que distribuir energía repartieron puestos y contratos entre la clase política regional.
Parte de esos recursos los invirtió Electranta en lo mismo: contratos. En mayo de 1996, por ejemplo, se firmó un contrato innecesario con Coenergía S.A. para "distribuir electricidad" en los estratos 4, 5 y 6 y sectores industrial y comercial de Barranquilla.
Dentro de los "negocios" que se tejieron desde la Electrificadora también resalta un contrato para la compra de energía a un tercero, para lo cual se abrió licitación pública el 13 de enero de 1997.
Curiosamente, tres días antes, se creó en Barranquilla, TermoRío S.A., con quien en junio 20 de 1997 se firmó un contrato por 20 años, que no se pudo ejecutar por la liquidación del contratante, pero que convenientemente le significó a la firma contratada y "afectada", en una demanda de primera instancia en donde la representó el abogado uribista Fernando Londoño Hoyos, una orden de pago de un tribunal de arbitramento de París por 60 millones de dólares (2001). Afortunadamente dicha demanda fue revocada por el Consejo de Estado.
Por vías de convencernos (a través de medios convenientemente manipulados) de que lo público era malo y que la salvación de todos los males lo representaba el sector privado, el Estado “resarció” sus omisiones y complicidades, privatizando a Electranta, sin que se hiciera juicio de responsabilidades y/o existieran sanciones fiscales, penales, políticas o morales algunas. Se vendió al sector privado, lo que nos pertenecía a todos sin rendir cuentas a sus legítimos propietarios (todos los colombianos).
Inicialmente, la Superservicios, mediante Resolución 002261 del 8 de abril de 1998, tomó posesión de bienes, haberes y negocios (para liquidación) de la Electrificadora del Atlántico. Posteriormente y mediante Escritura Pública 02633 de fecha 4 de agosto de 1998 (Notaria 45 de Bogotá), la saqueada empresa transfirió sus activos a Electricaribe E.S.P., haciéndose efectiva la venta de lo que quedaba de la empresa. Nunca se supo ni se ha sabido a ciencia cierta quiénes estaban detrás del nuevo negocio.
Más de 6.470 días después (más de 17 años), quedó perfectamente demostrado que la privatización tampoco resolvía el problema de prestación del servicio público de energía en términos de calidad y de precios que no afectasen el bolsillo de los usuarios.
El problema no es que las empresas de servicios domiciliarios sean públicas. EPM de Medellín, una copia o replica de EPM Barranquilla, lo ha demostrado convirtiéndose en una de las empresas más sólidas del continente, mientras que su modelo o arquetipo también sucumbió ante el cáncer de la politiquería que hizo metástasis hasta acabar todo lo público (lo de todos) en la ciudad (EPM, EDT, Electranta)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Sistema de Recolección de Basuras implementado por Gustavo Petro y la ETB son también ejemplos de que cuando lo público se maneja sustrayéndolo del control de la politiquería (no político), genera rentabilidad económica y beneficio social en términos de calidad de vida.
Nada de extraño hay que, sumado al incuestionable mal servicio prestado, detrás del desprestigio de Electricaribe haya también saboteo y manos criminales. Cuando se fraguó acabar con la empresa de telefonía pública de Barranquilla (recordada como EMT – EDT y/o BATELSA) para abrirle espacio al "negocio" de los privados, muchos de los armarios de la Empresa Distrital y de su cableado subterráneo fueron destruidos para, mediante la manipulación, crear inconformidad ciudadana y abrir paso a una empresa que inició bien pero que tampoco resultó ser la panacea que nos vendieron.
Hoy en Barranquilla y la Costa pareciera haber "consenso" en que Electricaribe debe irse y muchos lo repiten sin mirar los trasfondos. Infortunadamente, detrás de esta "propuesta salvadora" huele otra vez a un "negocio" (que probablemente ya esté montado y a la espera) y al retorno de la clase "política" para el manejo del sector eléctrico a través de testaferros y empresas “privadas”.
Sorprende que sectores incluso políticamente consecuentes le hagan el juego a este tipo de iniciativas, cuando lo que debería estarse planteando es la reversión de los fracasados procesos de privatización y la exigencia de que sea el Estado (sin injerencia politiquera) quien cumpla con sus responsabilidades y deberes para con sus asociados que pagan (y bastante) impuestos, que no se ven revertidos en bienestar social y en mejores condiciones materiales de existencia.
A propósito de esto último y para solo citar un ejemplo, no hay que perder de vista que hay “extraviados” U$ 7.800 millones de dólares (18 billones) que por cargo de confiabilidad se giraron a las plantas térmicas en los últimos nueve años (para evitar un apagón) y que salieron de los bolsillos de todos los usuarios cuando pagaban sus facturas, sin que hoy nadie responda desde el gobierno o los entes de control, qué rumbo tomaron o cómo o en qué se esfumaron.
Qué tristeza la fragilidad de nuestra memoria y que muchos de los que hoy asumen la vocería y representación pública, presentándose como salvadores, sean sepultureros del pasado, con las manos untadas de culpa, o hijos de los corsarios del erario acompañados de sus renovados cómplices.
@barranquilla67
