Este 21 de noviembre el Concejo Municipal de Santander de Quilichao eligió como nuevo presidente del cabildo para el periodo 2019 a Edgar Melo Portilla del partido Cambio Radical, quien obtuvo 9 votos contra 6 votos logrados por el concejal conservador Ancizar Duque Morales.
Igualmente resultaron elegidos como primer vicepresidente John Maro Reyes, del Partido Verde, y segundo vicepresidente Francisco Elías Figueroa, del Partido Liberal.
Estos resultados desataron la ira del derrotado candidato a la Presidencia de esa corporación Ancizar Duque Morales, quien lleva 22 años atornillado en una curul de concejal y 6 años como miembro de la junta directiva del Instituto Municipal de Deportes de esta ciudad nortecaucana.
Esa actitud lo llevó a denunciar ante las cámaras del periodista Diego Luis Carabalí una serie de presuntos delitos cometidos por algunos funcionarios de la Administración Municipal y por concejales, que según Duque, no votaron por él porque “al Concejo le quitaron la autonomía para elegir la mesa directiva” y la elección se dio irregularmente por la intervención directa de funcionarios de la Alcaldía Municipal.
La tarea importante para la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao y la coordinación de la Fiscalía General de la Nación con sede en esta ciudad, es establecer la comisión de una serie de irregularidades en la sesión del Concejo en el día de hoy, y determinar a los responsables de los presuntos delitos denunciados a través de medios de comunicación y redes sociales y las implicaciones disciplinarias y penales que en consecuencia deben derivarse.
El concejal Duque Morales denunció que tiene pruebas, “si las necesitan”, en las que demuestra que Edna Grijalba, secretaria de Fomento desarrollo Económico; Orlando Zúñiga, secretario de Hacienda y Alberto Bustos, secretario de educación y cultura, cometieron el presunto delito de cohecho al ofrecer dinero a un grupo de concejales para que no votaran por Duque sino por Melo para la Presidencia del Concejo Municipal, resultando efectivamente elegido Melo Portilla.
Simultáneamente, el concejal Duque quiso incurrir en un presunto delito de prevaricato por omisión al negarse, públicamente, a pesar de las evidencias que tiene, a acudir a las autoridades competentes argumentando que “no voy a denunciar a nadie, aunque tengo la grabación cuando Orlando Zúñiga le dio plata a un concejal… No estoy interesado en poner esto en manos de la Justicia porque no soy un bochinchero”, insistió Duque Morales.
En estas condiciones las actuaciones administrativas de los funcionarios de la Alcaldía y de los servidores del Concejo ratifican que la administración pública del Municipio de Santander de Quilichao es una de las más contaminadas por la corrupción en sus diferentes modalidades, situación que reclama la intervención urgente de los entes de control.
El prevaricato por omisión
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias ha ratificado que el prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario, mediante cualquiera de las conductas alternativas previstas en su descripción típica, lo cual constituye el aspecto objetivo de la infracción.
Sin embargo, la corporación advirtió que es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que con su “no hacer” falta a sus deberes oficiales.
En consecuencia, se trata de una actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como propio de las funciones constitucionales, legales o reglamentarias discernidas en el agente.
Es de recordar que la tipificación como hecho punible de la omisión de denuncia o noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito perseguible de oficio (presunto prevaricato), se aprecia como una medida que impone a las personas un deber que busca hacer conocer de la autoridad los hechos delictuosos con el fin de que se desarrolle la necesaria actuación estatal requerida para su investigación y juzgamiento.
Es decir que el señor Ancízar Duque Morales, como servidor público, tenía la obligación de denunciar el presunto delito de cohecho, lo cual tiene su sustento en los deberes constitucionales que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia y obrar conforme al principio de solidaridad, mediante la oportuna y eficaz denuncia de los hechos delictuosos.
El cohecho
Es un delito que cometen, mínimo, dos personas, que se engloba bajo el término genérico de corrupción.
En el cohecho el servidor público (concejal) tiene que recibir algo a cambio, o aceptar promesa remuneratoria, directa o indirectamente, de realizar una actividad incluida dentro de las funciones de su cargo (votar por un candidato a la Presidencia de la Corporación) para beneficiarse él mismo u otra persona. Así, la actividad por la que se le dan los objetos o el dinero, por la que recibe dádivas o presentes, será una tarea legal, dentro de las funciones que la ley le da.
Los servidores públicos que incurran en el delito porque tengan interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirán en prisión, multa e interdicción de derechos y funciones públicas.
Este episodio local desató todo un ‘tsunami’ social en Santander de Quilichao, pues esa sesión, que fue calificada como “absolutamente bochornosa”, se estaba transmitiendo a través de Facebook Live
Investigación publicada originariamente en www.proclamadelcauca.com
