El acceso al servicio de telecomunicaciones, específicamente al servicio de internet, es uno de los puntos de partida para la construcción de equidad a lo largo del territorio. Parecen obvios los beneficios de tener el acceso a dicho servicio, no obstante es importante recordar que dicho servicio es: (…) un instrumento esencial para el goce efectivo de los derechos humanos; para la economía, la sociedad, el entrenamiento la seguridad, el ambiente y para contrarrestar el cambio climático, entre muchas otras áreas que inciden directamente en la vida cotidiana¹.
Pues bien, al realizar una mirada hacia la dispersión del servicio de internet en Colombia, el resultado es desalentador. El territorio nacional actualmente se encuentra dividido en dos sectores: por un lado, está el sector urbano, en donde el acceso a internet es la regla general y a través de este se garantiza el goce efectivo de derechos por parte de los ciudadanos y una economía cada vez más globalizada; por el otro, está el sector rural en donde el acceso a internet es algo excepcional, una aspiración para muchas personas y, en consecuencia, la mayoría de la población de estas zonas se encuentra aislada y con obstáculos mayores para hacer valer sus derechos fundamentales.
Según los datos arrojados por el Dane en el 2017, el 58,6% de los hogares ubicados en cabeceras municipales cuenta con acceso a internet. No obstante, si se mira la otra cara de la moneda, únicamente el 17% de los hogares ubicados en centros poblados y rurales cuentan con un acceso al servicio de internet.
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Las cifras presentadas por el Dane evidencian una marcado abandonado por parte de los proveedores tradicionales de servicios de telecomunicaciones, especialmente el servicio de internet. Este abandono se explica en atención a los elevados costos para la expansión de la infraestructura para llevar el servicio a las zonas rurales del país y la marcada falta de interés por parte de estos para realizar una serie de inversiones que no tenga un retorno tan alto. Así las cosas, los proveedores tradicionales no tienen incentivos para expandir el alcance de su operación. La existencia de barreras de entrada sitúa a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en una posición privilegiada en donde por la regulación existente es sumamente improbable la aparición de un nuevo competidor que entre a ofertar servicios de mejor calidad o con un alcance superior al de los proveedores tradicionales.
En la presentación que realiza el gobierno alrededor del proyecto de ley para la modernización del sector TIC se establece que este se radicó el 19 de septiembre del 2018 ante la Secretaría General del Senado de la República. También, que esta iniciativa está enmarcada en el primer pilar de la política 2018-2022 El futuro digital es de todos, que busca crear un entorno TIC para que el desarrollo digital llegue a todos los colombianos.
Así mismo, se señala lo siguiente:
Este proyecto de ley pondrá la institucionalidad y la regulación del sector en el estándar internacional, para así dinamizar a la industria TIC; de esta manera, se consolidará un matrimonio entre el sector público y privado que tendrá un solo objetivo: conectar a todos los colombianos y conectarlos bien. Es decir, se crearán las condiciones para que aumente la inversión y esta se refleje en el cierre de las brechas digitales, enfocándose en la población de bajos recursos y en zonas rurales.
El proyecto actualiza la Ley 1341 de 2009 y su primer objetivo es aumentar la certidumbre jurídica. Para esto, la asignación del espectro radioeléctrico quedará en cabeza del Ministerio TIC, siempre privilegiando la calidad y cobertura para maximizar el bienestar social de toda la población. Además, se pretende ampliar el periodo de los permisos para el uso del espectro. Así, se generarán las condiciones para impulsar las conexiones última milla en las zonas más apartadas del país y reactivar la economía.
Al margen de disposiciones como las que pretenden centralizar la regulación del sector en un único ente regulador autónomo e independiente, unificando la regulación del sector que actualmente se encuentra dispersa entre el MinTIC, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio en aspectos residuales que giran alrededor del consumidor, o el tema de la extensión en el periodo de las concesiones para la explotación del espectro, la ley se centra en aspectos que no atacan el problema central que adolece el país acerca de la inmensa brecha digital. A pesar del anuncio de crear condiciones más propicias para la inversión en el sector, la existencia de las barreras de entrada al mercado lleva a que la inversión sea realizada única y exclusivamente por parte de los proveedores tradicionales.
Para que el proyecto de ley logre una modernización efectiva en el sector de las TIC y el acceso al internet se convierta en la regla general y no en la excepción dentro del territorio nacional, se requiere un replanteamiento alrededor de las barreras de entrada para este sector. Una regulación con barreras de entrada menos exigentes podría contemplar la aparición de nuevos proveedores de servicios que concentren su operación en las zonas rurales que hasta ahora han sufrido un abandono por parte de los proveedores tradicionales.
Una barrera de entrada menos exigente lleva a una dinamización del mercado. Adicionalmente, es una llamada para que los proveedores tradicionales mejoren sus servicios y además busquen expandir su alcance. Sin embargo, es necesario ser realista y no desconocer la dificultad para los nuevos proveedores del servicio de telecomunicaciones para permear el mercado en las poblaciones urbanas. Existe una población que demanda servicios de telecomunicaciones y que actualmente se encuentra desatendida y que puede ser el nicho perfecto para estos nuevos.
¹ Álvarez, Clara Luz. Derecho de las Comunicaciones. Temis, 2014. Pág. 1.
² Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Proyecto de Ley para Modernización del Sector TIC. Consultado en http://micrositios.mintic.gov.co/modernizamos-sector-tic/proyecto.html el 22 de mayo de 2019.
