Para cualquier ciudadano colombiano, al momento de aspirar a un cargo público o privado, es menester, más que por ley, por ética, anexar a su hoja de vida su respectivo pasado judicial o certificado de antecedentes judiciales, expedidos por la Procuraduría, la Contraloría y la Policía Nacional.
Así debe ser, para que quede constancia de no tener presente procesos en curso en su contra, que puedan alterar el ejercicio profesional para el cual fue seleccionado o contratado. A eso le llaman algunos, pulcritud en la contratación.
La pregunta que salta al ruedo es: ¿Por qué nos encontramos ante la candidatura de una persona que, el próximo jueves 21 de julio, debe comparecer como imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contrato (corrupción), ante un juez de la república?
Y como advierten conocedores del derecho e incluso del documento de acusación, de acuerdo con las pruebas graves en contra de dicho “candidato”, seis funcionarios más están acusados y el siguiente paso es la audiencia preparatoria de juicio.
¿Será que el candidato sabe algo de la normatividad vigente en nuestro país?
Lo que queda claro es que, además de los muchos bochornos por los que nos ha hecho pasar el actual gobierno ante los ojos del mundo, este caso, en la eventualidad que el candidato de marras sea elegido y a su vez condenado, nos dejaría no sólo como el país más corrupto, sino que su rama judicial y su poder constituyente, es decir, el pueblo, seríamos coadyuvantes de esta afrenta, este bochorno, esta vergüenza y deshonor ante la comunidad internacional.
Antes de escribir esta nota, pregunté y consulté mucho para saber quién es más culpable: el establecimiento que permite este exabrupto o los borregos embriagados y extasiados por cantos de sirenas que amplifican los megáfonos de la “gran prensa” para favorecer el continuismo.
Que la Providencia permita que, como sostiene el adagio popular, “la voz del pueblo es la voz de Dios” y que sea este el que salve a Colombia del ostracismo.
