Un proyecto de acto legislativo —aprobado recientemente en la plenaria del Senado— pretende autorizar el porte y uso de cannabis o marihuana, como también regularizar “la producción, distribución y venta del [mismo] …con fines de uso adulto”. Lo anterior refleja el énfasis del nuevo gobierno —con una sólida coalición en el Congreso— en ratificar y fortalecer el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, no sin antes aclarar que esta iniciativa modifica el también derecho constitucional a la salud.
Antes de entrar a discutir el derecho de poderse "meter un bareto" —como dijo alguna vez el entonces alcalde Gustavo Petro, cuando inauguró un espacio para habitantes de calle— ,es conveniente preguntar a los constitucionalistas si es acertado o no incluir una disposición tan específica en la carta magna o si esta simplemente se debe consignar en una ley estatutaria —reglamentaria del artículo 49—, porque de lo contrario la constitución se convertiría en una colcha de retazos, erigiendo un “podio constitucional” a la marihuana y quién sabe mañana a qué otras sustancias altamente psicoactivas.
A la senadora María José Pizarro— una de las autoras y ponentes— no se le puede desconocer la valentía y convicción al impulsar esta iniciativa que busca salvaguardar la autodeterminación de la personas, incluso su bienestar integral al preservar el derecho de portar y consumir esta sustancia —argumentando además que la marihuana es menos nociva que el alcohol—. Sin embargo, ninguna vida está bien cuando depende de ese tipo de consumo. En consecuencia, considerar a la marihuana como un elemento imprescindible para el respectivo funcionamiento mental y físico es un planteamiento con problemas.
En ese sentido, la verdadera premisa debe ser buscar los motivos que llevan a consumir, y no reducir el problema a que es un asunto inherente a la vida privada. Este último argumento sin duda es un desconocimiento integral sobre problema —incluso una desbordada ignorancia—, más teniendo en cuenta que nadie consume por consumir, nadie bebe por beber, nadie fuma por fumar. Detrás de esto se encuentra una fisura en el alma, una afectación emocional tan honda y tan grave que un estimulante es aparentemente el único mecanismo para estabilizar al individuo, cuando se cuenta con cientos de tratamientos o herramientas para fortalecer o redireccionar el sentido de la vida, como lo plantea la logoterapia de Víctor Frank o los enunciados de Alcohólicos Anónimos.
El gobierno nacional y el Congreso de la República deben trabajar conjuntamente en políticas públicas de salud mental y emocional de los colombianos, incluso fijar una política de Estado en el entrante Plan Nacional de Desarrollo, que entre otras cosas vendría a coincidir con la directriz de prevención en la salud —planteada por el Presidente Petro—, porque no solo vendría a trabajar en lo que se conoce como “sobriedad” del individuo —incluida su reconstrucción emocional—, sino con otros aspectos. Por ejemplo, una persona sobria tiene más discernimiento para evitar un accidente de tránsito o para protegerse al tener una relación sexual —uso del preservativo— en contraste con una persona que está bajo los efectos de la marihuana o el alcohol. Esto sin contar con que alcanzar la sobriedad eleva el autoestima, lo que permite la adquisición de nuevos hábitos y un riguroso autocuidado de la salud.
En todo caso, la iniciativa legislativa fue aprobada en la Comisión Primera y Plenaria de Senado (primera vuelta), y el año entrante será discutida en la Cámara de Representantes. Quedaría pendiente su aprobación en segunda vuelta —como lo exige una reforma constitucional—, siendo un tiempo más que suficiente para replantear la idea central, teniendo en cuenta el factor de sobriedad emocional o salud mental, que se convierte en la estrategia más acertada para afrontar esta problemática.
Coletilla. La semana pasada se discutió en plenarias de Cámara y Senado —con mensaje de urgencia— el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, con el que el gobierno nacional pretende eliminar las inequidades económicas, sociales y políticas, pero al que se le cuestiona. Desde mi perspectiva, este sería un ente burocrático prácticamente innecesario, porque los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, como también las competencias de los ministerios, son más que suficientes para adelantar una eficaz y eficiente política para superar esa desigualdad.
