El 28 de enero de 2016, aproximadamente las 4:00 p.m., dentro de las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el alférez Yordy Felipe Cárdenas Vélez acabó con la vida de mi hijo, el teniente Hector Julián Villamil Pérez, quien era oficial del Ejército. Él que era considerado por sus superiores como uno de los mejores, quien al momento de su asesinato se distinguía en el cuadro de honor de la escuela militar como el mejor oficial.
Debo decir que desde el momento de los hechos me he sentido totalmente desprotegida y abandonada por las autoridades de este país, es como si no existiera la justicia, como si la vida de un hombre íntegro, sacrificado y amoroso, no valiera absolutamente nada. Me duele la indiferencia ante mi clamor de madre y la de unos hermanitos quienes no logran aceptar la partida de su hermano. Me duele tanta injusticia.
No me explico por qué a mi hijo, un oficial del Ejército Nacional de Colombia, no le fue nombrado un abogado de la Defensoría Militar para que representara a su madre como víctima ante el Juez de Garantías y demás instancias judiciales. Por el contrario, al asesino, un alférez de la escuela militar le mandan inmediatamente un defensor para que lo represente y defienda desde el inicio hasta la culminación del proceso.
Además, no se me informó de la realización de las audiencias preliminares de legalización de la captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, las cuales se llevaron a cabo mientras yo me encontraba en Medicina Legal reclamando el cuerpo de mi hijo y haciendo los tramites de la funeraria. Lo anterior, me privó del derecho de hacer seguimiento al caso
Igualmente, no sé cómo a un hombre que asesinó a sangre fría y premeditadamente a otra persona, que es capturado en flagrancia y reconoció posteriormente haber disparado contra mi hijo, no recibió al menos una detención preventiva en establecimiento carcelario. Un juez de la república se abstuvo de hacerlo al tomar en consideración la solicitud realizada por una delegada del ministerio público, garante de los derechos humanos, quien en su intervención pidió que no se impusiera esta medida aduciendo que el asesinato fue provocado por mi hijo, desconociendo que el teniente se encontraba desarmado, en estado vulnerable y clamando que se le respetara la vida.
“Si bien es cierto, los hechos son graves, el homicidio quitarle la vida a una persona, es absolutamente grave, no podemos hablar lo mismo de la modalidad”
“No se da una modalidad, excedida, esa modalidad que podamos decir que resulta terriblemente gravosa porque en cierta medida la situación fue provocada por la misma victima” (Fragmentos tomados textualmente de la intervención de la Delegada del Ministerio Publico)
¿Por qué no se dicta medida de aseguramiento a Yordy Felipe Cárdenas Vélez, quien premeditadamente sustrajo un fusil, lo escondió junto al cartucho y esperó el momento en que mi hijo estuviera en una posición vulnerable para asesinarlo? Yo me pregunto: ¿estas personas son las encargadas de velar por nuestros derechos o por los “derechos” de los victimarios al justificar sus acciones?, ¿acaso no se tiene en cuenta la hoja de servicio de un oficial respetable, su historia como persona, hijo, hermano, ni aún el hecho de que no portara armas en el momento de su asesinato y se encontrara totalmente vulnerable?
Por otra parte, además de justificar el asesinato y excusarle, la agente del Ministerio Público minimizó el grado de su intencionalidad. “Entonces señor juez, yo le pido tenga en consideración estos aspectos: una persona joven, que se ha preocupado por salir adelante, que ha hecho un curso de Técnico en Ingeniería Civil, que viene a las fuerzas militares para lograr superarse……en este sentido solicito señor juez y reitero mi solicitud de que no se le imponga esa medida de aseguramiento” (Petición de la delegada del Ministerio Público en defensa del acusado, fragmentos textuales de su intervención).
¿Es que mi hijo no era un joven preocupado por salir adelante? No más acababa de cumplir los 25 años y a los 24 ya era teniente del Ejército, sin contar con que entregado a su madre y hermanos, para quienes cumplía un rol de padre, amigo y ejemplo. Era un joven lleno de ternura, amor y preocupación por sus semejantes, que lo caracterizaban como el niño de la sonrisa tierna tanto en su familia, como en su ciudad natal, y entre las esposas y familiares de sus comandantes. Tenía una hoja de servicio intachable, era 100 % dedicado a su trabajo, contaba con gran sentido de responsabilidad y pertenencia con su institución, lo cual lo distinguió durante su corta vida, tanto académica como profesional.
Me cuestiono: ¿quién o quiénes protegen al asesino?, ¿por qué un alférez cuenta con el apoyo del Ejército y la Defensoría Militar, mientras mi hijo que era un oficial del Ejército ni siquiera se le asignó un abogado para acompañar a sus dolientes?
El proceso ha pasado por tres fiscales, lo cuales deben leer nuevamente el proceso cada vez que lo reciben para sacar sus propias conclusiones. Todo esto ha sido muy desmoralizante para mí, ya que he tenido que presenciar actuaciones que me hacen evidenciar que no cuento con el debido respaldo procesal como fue el caso de una audiencia en la cual se presentó el Fiscal y ni siquiera había leído el proceso. Esto se evidenció cuando adujo que la jurisdicción del homicidio era la penal militar y no la ordinaria, asunto que era claro dentro del proceso, ya que el asesino era un civil y no un militar. Además, esta petición ya la había solicitado el abogado del asesino en las audiencias preliminares y le había sido negada, a pesar de haber sido apelada por el defensor, quien posteriormente renunció a dicha apelación.
Por otra parte, pareciera que el último fiscal no le interesara mucho mi caso. Se muestra renuente a cooperar con mis peticiones, las cuales se le han puesto de presentes soportadas por la norma y jurisprudencia. Igualmente, muchas de las veces que nos hemos reunido con él, mi abogada y yo, nos demuestra que no ha estudiado el proceso. Siempre llega afanado a las audiencias porque tiene que asistir a otras el mismo día.
Ahora me siento nuevamente burlada al llegar a la audiencia preparatoria —que se debía adelantar dentro del proceso en curso por el asesinato de mi amado hijo por parte del procesado Yordy Felipe Cárdenas Vélez— se aplazó de nuevo. Esta estaba programada para el 21 de Abril de 2017 a las 10:00 a.m.,después de haber sido aplazada previamente por la abogada defensora el pasado 17 de marzo, quien adujo que tan solo días antes le habían sustituido la defensa del procesado y que por ende no se encontraba preparada para actuar.
En consecuencia, puse en conocimiento del señor juez que el abogado del procesado había sido destituido del cargo de la defensa hacia aproximadamente mes y medio, dos meses, es decir en la semana siguiente al 30/01/2017, (día en el cual al fin se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos y en el cual se había fijado la fecha del 17 de Abril de 2017 para adelantarse la audiencia preparatoria), por lo que no me parecía justo, lógico, razonable que la defensa viniese a solicitar al momento de la audiencia aplazamiento de la misma por no tenerla preparada. Sin embargo, le solicité que si aceptaba el aplazamiento pedido, tuviera en cuenta que mi hijo había sido asesinado el 28 de enero de 2016, es decir 1 año y tres meses. Añadí, que era absurdo que a la fecha no hubiera pasado nada, también que para mí como madre era muy difícil acudir a estas audiencias, más cuando no se llevaban a cabo y pasaba el tiempo sin obtener ningún resultado.
Manifestado esto por mí, el juez tomó la decisión de aceptar el aplazamiento de dicha audiencia y fijó una nueva fecha, la ya mencionada. Se notificó esta citación en estrado, tanto al fiscal, defensa, apoderada de la víctima y Ministerio Público. Todos manifestaron no tener inconveniente alguno. Sin embargo, al presentarme con mi abogada el día 21 de abril al juzgado encontré la penosa y triste realidad, la audiencia había sido nuevamente aplazada porque el fiscal 329 de la Unidad de Vida, quien lleva el caso, salió a disfrutar de sus vacaciones y aún no se había posesionado su reemplazo.
Me siento desolada y abandonada por la ley. Me rodea la profunda desesperanza y no puedo evitar preguntarme: ¿qué se esconde detrás de este proceso?, ¿por qué en un país que se enorgullece de ser democrático, las víctimas parecen tener menos derechos que los victimarios?
Gilma Carolina Pérez Puerto
Madre del Teniente Hector Julián Villamil Pérez (Q.E.P.D)
