El primero de octubre de 2020, en plena pandemia del covid-19, cuando iniciaron actividades las empresas AIR-E y AFINIA en los siete departamentos de la Costa, el kilovatio hora estaba en $498 pesos. En mayo de 2023, en menos de tres años, el mismo kilovatio hora se trepó a $841 pesos: un 68% de incremento. Con respecto a la inflación en estos tres años, que aumentó 22,62%, el aumento de la tarifa eléctrica en esta zona del país fue de más de 300% por encima de dicha inflación. También muy superior a los aumentos que se dieron en el resto del país. Y se nos vienen encima otros peores.
¿A qué obedece esa disparidad enorme en los incrementos tarifarios que golpean tan fuerte a la región más pobre de Colombia? Tiene un nombre: régimen especial tarifario para el sector eléctrico de la Región Caribe. Proviene de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque que prescribió que las nuevas empresas, además de haber comprado regalada la infraestructura de Electricaribe, podían cobrar las inversiones futuras en forma anticipada en las tarifas, lo que no ocurría antes y no sucede en ninguna parte del país. El Plan de Desarrollo de Duque les permitió además facturar en las tarifas las pérdidas negras, léase hurtos, lo que tampoco sucede en las demás regiones del territorio nacional. Este golpe demoledor lo recibe toda la población costeña, desde los más pobres hasta los sectores más encumbrados y las grandes empresas.
La Costa Caribe se desconcertó cuando vio que Gustavo Petro, que en la campaña se había comprometido a resolver la situación, ratificaba el adefesio duquista en el artículo 372 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Pero no se quedó allí. El nuevo Plan de Desarrollo también impuso en todo el país el sistema de medición avanzada inteligente AMI, rechazado por los más amplios sectores de usuarios por no ser necesario para la mayoría, por ser demasiado sofisticado y porque es muy costoso al elevar en forma desconsiderada las tarifas. Y ahí no paró. El artículo 108 del nuevo Plan de Desarrollo reasigna y focaliza los subsidios para estratos 1, 2 y 3, pero buscando recortarlos más.
El desconcierto de la ciudadanía es aún mayor al conocer lo que anunció el 5 de junio en el periódico La República la Asociación de Distribuidores de Energía (Asocodis), que agrupa a las empresas distribuidoras de energía del país: se vienen nuevos aumentos tarifarios, porque la llamada opción tarifaria se quedó corta al diferir los incrementos durante la pandemia y otros periodos. Según Asocodis, los usuarios del país les debemos $4,6 billones de pesos, exorbitante suma que empezarán a cobrar más temprano que tarde.
La opción tarifaria es una astucia aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) desde el año 2008, durante el segundo gobierno de Uribe Vélez, y continúa en nuestros días. Significa que cuando hay incrementos grandes en los servicios públicos, los aumentos se difieren en el tiempo como una especie de gota a gota mensual que golpea inclemente la economía familiar, como también al sector empresarial.
El debate hay que centrarlo en la estructura y normatividad tarifaria del sector eléctrico, que deben ser modificadas antes que arruinen a millones de usuarios. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y otras organizaciones venimos planteando propuestas para lograr concretar tarifas más moderadas y pagables, para lo cual les hemos enviado cartas al Presidente de la República y a la CREG solicitándoles convocar Mesas de Concertación con las fuerzas vivas de la región para concertar los lineamientos de política pública tarifaria, ya que quienes pagamos las tarifas somos los usuarios residenciales, oficiales y del sector productivo. Un solo ejemplo a modificar: las altas rentabilidades de las empresas eléctricas, que en Colombia superan el 12% anual, cuando conocemos que en la Unión Europea bordea el 4%, un 300% menos. Aunque estamos en una economía de mercado, las utilidades deben ser razonables, porque las actuales le están quitando el pan de la boca a millones de usuarios.
Finalmente, es importante coadyuvar la demanda interpuesta por los alcaldes de la Costa Caribe ante el Consejo de Estado para tumbar el discriminatorio régimen tarifario especial impuesto a esta región. Para ello se puede bajar el respectivo formato de la página Facebook de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, y en esta forma contribuir a tumbar esta normativa contraria a los intereses de millones de costeños.
