La obsesión con el debate electoral ha relegado a un segundo plano el tema más importante como es el ‘Proceso de Paz’, ‘Posconflicto’, ‘Acuerdos de la Habana’, o el nombre que se le dé a la etapa que vivimos y viviremos, y de la cual depende más que de quién sale elegido.
Comencemos por entender y reconocer que lo ‘acordado’ es una cosa y lo desarrollado no necesariamente lo sigue. O, para ser más exactos, que ya se sabe que lo uno no coincide con lo otro.
La diferencia es simplemente que no se pudo cumplir con lo pactado; pero a su turno esto se puede deber a deficiencias en su origen, o a fallas en la implementación por incapacidad de adelantar lo programado.
Enumerar cuestionamientos por el contenido y defectos en la ejecución sería la repetición de la repetidera… Pero de donde nacen no sobra entenderlo.
Uno, lo que podríamos llamar el complejo de ‘adanismo’; consiste en la idea que ser originales equivale a ser más hábiles, y que basta con escoger caminos que no se habían ensayado para suponer que son mejores.
Esto respecto a la afirmación de que ningún proceso de Paz había creado una jurisdicción especial para manejar los tratados que se hacen entre una insurgencia y el Estado. Igual la idea que nunca los arreglos en casos parecidos se hubieran centrado en la reparación a las victimas. Estos enfoques no tuvieron más análisis para probar su bondad que el hecho de ser ‘novedosos’, pero, como veremos más adelante, su viabilidad o conveniencia no fue estudiada; eso en buena parte es responsable de su fracaso o por lo menos de las dificultades que en este momento se presentan.
Otro gran error fue lo que se podría a llamar la ‘usurpación de funciones’. El Gobierno es la rama ejecutiva pero no es el Estado; forma parte de él pero en la misma calidad que otras entidades como el Legislativo o el Judicial. Quien negoció comprometió lo que no podía comprometer puesto que las facultades de esas otras ramas no le fueron delegadas. La condición planteada por el presidente al proponer la ratificación por el constituyente primario subsanaría eso, pero hizo lo contrario al ganar el No el referendo. La solución de unos cambios bastante cosméticos y una dudosa aprobación parlamentaria con modificaciones posteriores por la Corte Constitucional lo que hicieron fue ponerle un parche a la manguera porosa de una llanta; ahora estamos viendo hasta dónde podemos llegar con ella.
Lo anterior deriva en lo que hoy vemos.
La Justicia Especial para la Paz se encuentra empantanada sin poder arrancar
condicionada al trámite legislativo para sacar la ley
que apruebe su código de procedimiento
La Justicia Especial para la Paz se encuentra empantanada sin poder arrancar; condicionada al trámite legislativo para sacar la ley que apruebe su código de procedimiento (donde todo debate es álgido y posible); pendiente después del control constitucional en la Corte donde a su turno también cualquier resultado puede salir (como ya se ha visto en otras ocasiones); pero además desde antes de existir operativamente ya cuestionada tanto en su organigrama como en la forma que se ha manejado. Adicionado a esto, pesan sobre su existencia las objeciones al hecho que no coincida con lo hablado en La Habana, convirtiéndose en una especie de entelequia a la cual cada quien pretende dar su propia interpretación y uso (el fiscal, Santrich, los funcionarios del Gobierno Uribe ya sentenciados, los parapoliticos, los simples narcotraficantes, los miembros de las Farc acusados por lesa humanidad, etc.).
En cuanto a las víctimas lo evidente es que todos los sectores que las representan se encuentran insatisfechos con lo avanzado y que lo que aparece sobre el tapete son los temas relacionados con las obligaciones entre las partes que suscribieron los documentos y no lo que afecta a los terceros que no participaron en la negociación.
Lo que se ha hecho y podido iniciar como cumplimiento es mínimo como lo dice el Instituto Kroc -encargado de esa evaluación-, pero aún más la opinión nacional que es escéptica en un 73 % al respecto. Lo que hoy queda es el desarme y desmantelamiento de la insurgente Farc. Todo lo demás era de antemano obligación del Gobierno o promesas imposibles de cumplir. De lo primero es ejemplo el compromiso de un censo catastral o de una política rural integral. De lo segundo la prometida indemnización y/o adjudicación de 3.000.000 de hectáreas de tierras a 6.8 millones de víctimas.
Esto no significa que no sea inmenso el resultado para poder iniciar un proceso de Paz. Pero sí que el insistir en que la Paz consiste en lo que se hizo es un engaño; los errores cometidos se pueden corregir, pero el negarlos lo impide; el tratar de vender la idea que son solo dificultades del comienzo pero que todo va en buen camino enerva a la gente además de fortalecer a quienes desean reversar lo andado.
