Llegó la hora de replantear la forma como aparentemente se negocia el salario mínimo en Colombia. Este proceso es realmente una farsa en la que pierden todos los actores que intervienen. Pierde el Gobierno, porque ante la imposibilidad de alcanzar un consenso entre trabajadores y empresarios, tiene que asumir el costo del incremento salarial que finalmente fije. Pierden los empresarios porque siempre quedan como egoístas que no quieren ceder ante las necesidades de los asalariados. Pero también pierden los trabajadores, representados por unos sindicatos débiles, que dejan en evidencia la falta de soporte técnico de sus aspiraciones.
Sin embargo, para poder llegar a una nueva metodología que no acabe con la poca concertación entre empresarios y trabajadores que existe, son muchas las tareas pendientes que deben asumir tanto los centros de investigación, las universidades, como el mismo gobierno. Para empezar, es hora de conocer realmente lo que está sucediendo con el mercado de trabajo colombiano. El desempleo sigue bajando, la demanda interna está empujando el crecimiento, pero la informalidad no cede, llega a niveles más altos que el promedio de países similares, y la distribución de ingreso prácticamente no se mueve.
Dos temas fundamentales deben estudiarse y aclarase para no seguir en estas negociaciones, trabajando bajo mitos que pueden fácilmente no estar reflejando la situación real sobre las implicaciones económicas del alza en esta remuneración básica. La primera es cuántos trabajadores realmente reciben el salario mínimo con sus prestaciones, como lo manda la Ley, dato fundamental para evaluar el impacto de los ajustes. La segunda es elaborar la metodología que permita determinar estadísticamente los efectos reales sobre el empleo del país, que distintos niveles de incrementos del salario mínimo puedan tener.
Se volvió un dogma que cualquier incremento
en estos salarios básicos generan desempleo,
y así defienden incrementos muy bajos de esta remuneración
Siempre se termina trabajando sobre la hipótesis planteada fundamentalmente por los empresarios y por aquellos que solo miran el salario como un costo y no como demanda por bienes y servicios. Para estos sectores se volvió un dogma que cualquier incremento en estos salarios básicos generan desempleo, y así defienden incrementos muy bajos de esta remuneración. Existen análisis que consideran que no puede generalizarse esta relación entre mayor salario mínimo y mayor desempleo entre otras porque tampoco siempre es cierto que reducir costos salariales aumenta los niveles de ocupación.
Adicionalmente, lo que acaba de suceder con el incremento decretado por el gobierno en este salario y el nivel de inflación para aquellos sectores de población que se deberían beneficiar de estos aumentos, abre otro tema que requiere estudio. Si la inflación se explica fundamentalmente por altos precios de alimentos, no debe ser una sorpresa que este indicador para los más pobres sea superior al promedio dada la mayor proporción que la población pobre asigna a este rubro. Para este sector, contrario a lo que afirma el Gobierno, no se cumple el principio constitucional de mantener el nivel de vida de estos sectores que reciben el salario mínimo. Una polémica que se avecina que debe llevar a estudiar más el tema del salario mínimo, sus implicaciones y la mejor forma de reforzar y no debilitar la concertación entre trabajadores, empresarios y gobierno.
No solo por las razones expuestas sino por los grandes problemas ocultos en el mercado de trabajo colombiano, es fundamental que así como se han realizado misiones para asesorar al gobierno en temas como la Transformación del Campo Colombiano, y en el área fiscal, llegó la hora de que el mismo gobierno promueva una nueva Misión de Empleo, que aclare ese oscuro y complejo panorama que presenta el tema de la ocupación en Colombia. Es la única forma de no seguir con una negociación del salario mínimo que no solo deja descontentos a todos sino que en vez de resolver problemas crea unos nuevos.
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