El pasado viernes 29 de abril fue radicado en el concejo de Bogotá El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá, Mejor para Todos 2016-2019”. Este documento de más de 600 páginas condensa la política pública que guiará la administración de Enrique Peñalosa durante su alcaldía.
A pesar de las advertencias que en materia ambiental se habían planteado al anteproyecto y de las recomendaciones generadas por instancias de participación ciudadana tan importantes como el Consejo Territorial de Planeación Distrital, el Proyecto de Plan de Desarrollo que se presenta al Concejo carece de una política seria y suficiente de conservación y protección ambiental.
Aunque existe un eje transversal denominado sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y se enuncian temas que se habían dejado por fuera en el anteproyecto como el manejo de residuos sólidos, el aprovechamiento de material reciclable o el mejoramiento de la Estructura Ecológica principal, su inclusión no pasa de la simple mención. Al analizar el proyecto de acuerdo radicado, los elementos fundamentales para la conservación de la estructura ecológica principal de Bogotá y el medio ambiente siguen estando ausentes.
Su retórica ambiental sobre la descontaminación del Río Bogotá y la protección de los Cerros Orientales se contradice con la ínfima partida presupuestal. Sólo el 0,6% de los recursos son destinados al eje de sostenibilidad ambiental. (art.120) Además, al concentrar la estrategia de financiación del Plan en las Asociaciones público privadas – APP (art.121), el futuro de los proyectos que no generan rentabilidad, como la protección ambiental, quedan condenados al fracaso. Nunca se debe perder de vista que la participación del privado se hace con el exclusivo propósito de obtener utilidades, con las nefastas implicaciones para la garantía de los derechos que todos los colombianos ya conocemos por cuenta de las EPS.
Además de los recursos, la segunda gran ausencia corre por cuenta de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. En el documento se asume de manera descarada que la reserva no existe y se impone sobre este territorio un proyecto de vivienda. Las manos de la especulación inmobiliaria, los negocios de los financiadores de la campaña del Alcalde y la carrera a la presidencia de Vargas Lleras parecen ganarle el pulso a la defensa ambiental que debería primar en el Plan de Desarrollo.
Frente a los humedales, la línea que guía la política es la obtención de recursos a través del turismo y el embellecimiento urbano. La propuesta de construir parques lineales en los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, Torca, Guaymaral y Conejera (art. 144) relega a segundo plano la conservación de estos ecosistemas fundamentales para la ciudad. Además, la vocación inmobiliaria del Alcalde pone en riesgo humedales reconocidos como la Vaca y no reconocidos como el Salitre y el Salitre-Greco.
Finalmente y de especial preocupación para los bogotanos y para el propio Concejo es la chequera en blanco que pretende tramitar Peñalosa en el Plan de Desarrollo. Se trata de todo un conjunto de artículos que le confieren la capacidad de introducir vía decreto modificaciones sustanciales al plan y a los usos del suelo en Bogotá, sin la necesidad siquiera de tener que someterlo a discusión en el Concejo.
El primer tema sobre el que versan estos “súper poderes” es el transporte masivo en la ciudad, el cual está concentrado en el Transmilenio-Volvo con seis nuevas troncales. El Plan de Desarrollo le permite al Alcalde variar el uso de cualquier predio en la ciudad, incluso del espacio público (art.85) para ponerlo al servicio del sistema de transporte. El riesgo ambiental salta a la vista ya que esta autorización permite al alcalde atravesar una vía o un Transmilenio por encima de cualquier “potrero”.
El segundo tema se relaciona con los proyectos inmobiliarios y de renovación, en particular los de iniciativa de la Nación. Con el artículo 86 el burgomaestre queda autorizado para adecuar la normatividad e impulsar este tipo de proyectos. Así, la renovación urbana del Centro Administrativo, CAN quedaría prácticamente habilitada, pese a que afecta a la Universidad Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública y el Parque Simón Bolívar.
Como si esto no fuera suficiente, de ser aprobado el Plan, el Alcalde queda facultado para modificar los proyectos incluidos en el documento y para anexar nuevos vía decreto (art. 149). Con este Plan de Desarrollo y como si se tratara de un principado, Peñalosa podrá continuar promoviendo a sus anchas el cemento y el sistema Transmilenio-volvo que lo caracterizan siendo el único impedimento a su afán destructivo y privatizador la organización y movilización social, tarea pendiente y necesaria de todos los demócratas bogotanos.
@IntiMesias
