Se levantó finalmente el campo colombiano, esos millones de campesinos que vieron pasar la vida sin que los esfuerzos esporádicos de los gobiernos durante los últimos años lograran sacarlos de la guerra, de la miseria, del abandono. Porque sí se trató en varias ocasiones de poner su situación en la agenda, como con el Contrato Social Rural en 1996, pero quedó en evidencia que cuando un país no se compromete como un todo con la solución de una situación, muchos de esos esfuerzos aislados se pierden en el vacío. Hoy el gobierno está totalmente desconcertado con la situación del Catatumbo que no ha podido tomar realmente bajo control. Ni subsidios, ni ministros, ni promesas han funcionado y la gente está enardecida. Ojalá corra con más suerte el Vicepresidente.
Esta es la protesta más larga y beligerante pero no la única de la población rural. Se anuncian paros de distintos grupos de productores y se avizoran protestas de los trabajadores de sectores de la minería. Es decir, el campo está en plena ebullición y como comentaba Carlos Caballero, contrasta esta situación de Colombia, con lo que vienen sucediendo en el mundo, también en ebullición. Mientras son las clases medias las que demandan a los gobiernos mucho más de lo que han conseguido, aquí es el campo, sus abandonados habitantes, no necesariamente sus propietarios, los que enfrentan al gobierno.
La pregunta que todos se hacen es por qué una Administración tan dispuesta a dar subsidios y dádivas en general, para calmar a los campesinos, ahora se le ha enredado tanto la situación. Pero no solamente eso sino que para ser justos, es este gobierno con su Ley de Víctimas el que en este aspecto relacionado con las conversaciones de paz, ha puesto el tema rural en la agenda nacional. Pero la verdad es que ni siquiera los cafeteros a quienes se les han asignado tantos recursos están satisfechos sino que por el contrario, anuncian nuevo paro.
¿Qué pasa? La respuesta es muy compleja pero se pueden aventurar algunas hipótesis. La primera y con el perdón de los funcionarios del gobierno actual, parecería que no se conoce y menos se maneja la realidad del campo colombiano. No la de los grandes terratenientes que además viven en las ciudades con todos los privilegios, sino la de los 11 millones de habitantes de ese campo del siglo XIX. La razón es obvia, sus interlocutores no han sido los campesinos sino los gremios de la producción agropecuaria que han demostrado ejercer mejor sus relaciones con el Gobierno que interesarse por la suerte de los productores pobres y medianos. Solo un desconocimiento profundo explica que pretendan acabar con los cultivos de coca sin ofrecer alternativas para que esa población no se muera de hambre. Casi no entienden eso.
La segunda hipótesis se refiere a la resistencia de este gobierno y de los anteriores a definir claramente en que consisten las prioridades para el campo, es decir, en presentar una verdadera política de desarrollo rural y de reconversión productiva para las actividades del agro. Las víctimas son supremamente importantes pero sin claridad sobre lo que se va a hacer en un sector tan desmantelado, genera expectativas que no se van a cumplir. Y la gente no es boba.
La tercera hipótesis es que hay argumentos ingenuos. Pensar que en una zona de cocaleros no hay lo que llaman fuerzas oscuras es una tontería, pero no por eso se debe desconocer que recuperar el campo colombiano empieza por aceptar todas las fallas de ahora y las acumuladas a través del tiempo. Más humildad, menos fuerza y que la gente que negocie por parte del Gobierno realmente conozca la realidad rural, son elementos fundamentales para que este país no explote.
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