El país, como lo mencionaba un reciente editorial de la revista Dinero, tiene en la corrupción una de sus enfermedades más dolorosas. Se estima que cuesta $50 billones por año, según la Contraloría. Eso impide que los recursos públicos fluyan para desarrollar las regiones o para ofrecer una mayor cobertura y calidad en servicios como la salud y educación. O, incluso, para tener una justicia más pronta y eficiente. “Con entusiasmo, más de 10 millones de personas votaron la consulta anticorrupción y recibieron positivamente iniciativas como la Ley 1882 de 2018, que buscaba instaurar los pliegos tipo en la contratación de obras de infraestructura. La norma tenía un objetivo claro: estandarizar procesos de selección para evitar, en especial en las alcaldías y gobernaciones, los ‘pliegos sastre’, que hacían exigencias específicas para favorecer a los corruptos. Los ‘pliego único’ han logrado aumentar el número de proponentes y que los contratos no queden en un reducido y repetido número de ellos. De un único oferente en 85 % de las licitaciones en el ámbito territorial, el país pasó a una gran pluralidad de propuestas en 81 % de los casos.”
Por supuesto el ‘pliego único’ no es el fin de la corrupción, pero a muchos gobernadores y alcaldes se les va a aguar la fiesta con la obligatoriedad de utilizar este pliego, y dejar de un lado el ‘pliego sastre’ con el que favorecían a sus amigos para llenarse los bolsillos. La Procuraduría General de la Nación conceptuó que los pliegos tipo no vulneran el principio de autonomía territorial de los gobernadores y alcaldes, por el contrario, son una herramienta eficaz para prevenir la corrupción en los procesos de contratación pública.
El ‘pliego único’ no es el fin de la corrupción
pero sí una herramienta eficaz para prevenir la corrupción
en los procesos de contratación pública
La Cámara Colombiana de la Infraestructura con Juan Martín Caicedo Ferrer a la cabeza, ha estado liderando esta iniciativa gubernamental desde hace un par de años y solo hasta ahora se logra esta realidad legal; según sus palabras, “parte en dos la historia de la contratación, porque no es desconocido el hecho de que, en algunos departamentos, la contratación pública estaba cooptada por unas mafias, más de 80 % de los contratos en los municipios conducían a únicos oferentes o conducen a únicos oferentes”. Desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros también se ha apoyado la iniciativa que ahora es una norma de cumplimiento legal y que evitará la práctica corrupta de comprometerse a aportar una parte de los contratos a los funcionarios de la entidad o terceros.
Un reciente editorial del diario La República señalaba: “Con la firma del decreto que crea los denominados pliegos tipo para la contratación de infraestructura y transporte en todo el país, se le pone coto a los carteles de únicos proponentes y se empieza a cortarle las posibilidades de fraude a los contratistas del Estado, indistintamente si son de orden nacional, regional o municipal. El objetivo es contar con reglas claras y lineamientos homogéneos para este tipo de contratos públicos, en la actualidad cada gobernación o alcaldía establece sus propias directrices, por lo general, privilegiando a los contratistas que han apoyado sus campañas o lo que es peor a sus familiares. Hacer negocios con el Estado es la única alternativa de trabajo que existe en varias regiones desde hace muchas décadas, situación que ha engendrado mafias de contratistas que patrocinan alcaldes, gobernadores y presidentes para que estos les devuelvan los favores económicos con contratos a la medida que, dada la formulación excluyente, los deja sin competidores desde que se elabora el contrato o la licitación pública.”
No va a ser fácil salir de los corruptos, pero el ‘pliego único’ definitivamente es una herramienta poderosa. La pregunta de fondo es que si bien se les ha aguado la fiesta a los corruptos unos años, los pícaros están diseñando nuevos estrategemas para embolsillarse los recursos que aportamos los contribuyentes.
