En el caso de Carlos Bermeo, fiscal de la JEP, el exsenador Luis Alberto Gil y otras tres personas detenidas por presuntamente recibir dinero a cambio de incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich, es preciso y necesario aclarar que la Fiscalía General de la Nación obró lealmente, cumpliendo con su labor investigativa, sin trampas, timos, engaños y fraudulencias, como malévolamente lo sugieren los defensores de la JEP, entre los que se destacan dirigentes políticos y académicos de izquierda.
El ente investigador se apegó en todo al procedimiento establecido por el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, que permite la utilización de agentes encubiertos, con amplias facultades para mezclarse en la organización criminal, entre las que se destacan las siguientes: “intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él” (como efectivamente sucedió con los dólares ofrecidos). Por eso no puede hablarse de una trampa preparada por este organismo para inducir a la comisión de la conducta punible, ni de un agente “provocador” que instara al delito —lo que llevaría a la nulidad de lo actuado—, ya que existía una bien organizada societa criminis. Con eso en mente, los agentes encubiertos solo entran en el tramado, en el proscenio criminal, no montan la obra o el espectáculo para inducir en error o hacer delinquir a estos buenos e inocentes personajes, como se sugiere por los obcecados defensores de esta ignominia jurídica.
En mi opinión, el Tribunal de Justicia para la paz, también conocido como JEP, es un ente espurio para la impunidad, además de burlesco de la autoridad y la legalidad, por eso es lógico que como estrategia defensiva de este endriago o basilisco se eche mano de tan descabellada tesis, alegando intereses oscuros de la Fiscalía y el desmonte de esta jurisdicción por parte de los supuestos enemigos de la paz. Esta fue una operación perfecta, un golpe directo y pleno a la mandíbula de esa cosa viscosa llamada Jurisdicción Especial para la Paz, digna de los mejores agentes de la DEA, colombianos y extranjeros.
