Gustavo Petro fue víctima de las chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante la Seguridad Democrática en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aunque el Estado falló a favor de Petro quien lo había demandado en el 2011 pidiendo 7.090 millones de pesos para resarcir las secuelas que dejó el episodio en su vida y repartir el dinero entre 10 miembros de su familia, el 11 de marzo de 2021 el Tribunal de Cundinamarca sólo aceptó indemnizarlo con 760 salarios mínimos, es decir, 600 millones de pesos.
Sin embargo, Petro impugnó el fallo solicitando al Tribunal de Cundinamarca una indemnización tres veces mayor a la inicial. El monto correspondería a 2.700 salarios mínimos ascendiendo a 2.456 millones de pesos. Su abogado Óscar Ortiz declaró que las chuzadas fue un episodio dramático para los padres y hermanos del senador que se vieron obligados a vivir fuera del país abandonando su trabajo en el colegio de la Fundación Fudel ante los grafitis que pintaron en las paredes externas del local amenazando a estudiantes y profesores. Mientras que la esposa e hijos del líder de la Colombia Humana tuvieron que vivir encerrados, sin vida social y con limitaciones debido al desprestigio y presiones.
A continuación, el monto solicitado por Gustavo Petro para cada miembro de su familia:
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