El madrugón del Congreso saliente y del gobierno de Duque de adelantar la elección del nuevo Contralor General de la República, se explica no sólo por la trinca que habían armado entre el ex Director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, el actual Contralor Felipe Córdoba, el Fiscal Barbosa, la Procuradora Cabello Blanco y varios magistrados, para intercambiar y repartirse entre familiares y amigos, los principales cargos de estas entidades remunerados con jugosos salarios.
El verdadero motivo para el madrugón podemos entenderlo al conocerse la investigación de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, de Blu Radio, según la cual cerca de $500.000 millones de los recursos destinados a financiar obras en los 170 municipios PDET, incluidos después del acuerdo de paz con las FARC, fueron repartidos en coimas entre congresistas, la mayoría del partido conservador, funcionarios de la Contraloría General de la República cumpliendo funciones de control previo que se prestaron para sobornar a numerosos alcaldes y algunos alcaldes y gobernadores miembros de la OCAD PAZ, la entidad que decidía a qué municipios se les autorizaban las obras.
Ahora se explica que, entre los que encabezan lista en manos del congreso para elegir al nuevo Contralor General se encuentre en primera fila el ex director Nacional de Planeación, Luis A. Rodríguez quien orquestó la repartición de los $7 billones, que debían invertirse en 10 años y sólo en 2021 adjudicaron $4.5 billones, de los cuales en sobornos se rapiñaron $500.000 millones, sin conocerse cuánto se han robado en la ejecución de los obras, que hay que averiguar, sí las ejecutaron, y en qué estado se encuentran, tal como cuestionó Germán Vargas Lleras, en su columna dominical en El Tiempo.
Y para asegurarse de que la investigación siga el mismo destino de la de la Caya Daza y el difunteado Ñeñe, acerca de la compra de votos para la elección de Duque en 2018. A Rodríguez "lo bajaron del bus" en esta candidatura para Contralor, por no cumplir la edad establecida para este cargo; y en la lista de los 10 elegibles estaban Gualdrón y Quiroz, subalternos en la Contraloría de Felipe Córdoba, que tuvieron que ver con el control previo a los cuestionados contratos financiados con fondos de paz, quienes también tendrían la misión de “echarle tierrita y tápalo” a la investigación sobre el manejo de los dineros para cumplir el acuerdo de paz, aprobados por la OCAD.
Poniéndole lupa a la ejecución de los contratos adjudicados a dedo se incrementaría notablemente del robo a la paz, a la que no sólo hicieron trizas fomentando la proliferación de grupos armados para que entre todos y a veces con la complicidad de las fuerzas armadas, siguiera el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes sociales.
¡Qué gran despedida la de este gobierno y de la bandola que lo acompañó!
