Escuchando la alocución presidencial del pasado lunes me dio pena ajena. Aprecié en toda su dimensión la pobre sintonía del gobierno nacional y sus aliados con los ciudadanos de Colombia. El presidente quiso reaccionar con esa intervención al duro castigo que su imagen, su desempeño y el proceso de paz registran en las recientes encuestas.
Juan Manuel Santos no estaba mintiendo cuando citaba cifras relacionadas con logros concretos obtenidos durante su gestión. Pero el asunto es que la opinión ya no tiene la disposición para creer ni en los datos ni en los discursos que vengan del mandatario. Tal es así porque hay un problema anterior al de la información representado por la desconfianza creciente en quienes nos gobiernan.
La realidad es que el presidente no se está conectado con el llamado país nacional. Gústenos o no la población quiere ver a los jefes de las Farc pagando sus delitos, se opone a que esos personajes puedan llegar a las corporaciones públicas, y considera que el andamiaje de interpretaciones, procedimientos legislativos abreviados, acuerdos especiales, blindajes, etc. es una estratagema orientada a desconocer la voluntad general.
Esa falta de credibilidad procede también del pobre desempeño gubernamental en temas acuciantes como son la lucha contra la delincuencia, la corrupción y los cultivos ilícitos; la deficiente gestión de los problemas fronterizos con Venezuela; la falta de control territorial en varias zonas de la República y la solución coja y tardía del paro camionero, para citar solo algunos aspectos.
Se decidió nombrar a César Gaviria como jefe de la campaña por el Sí,
olvidando que tiene la fama, acaso injusta,
de ser el enemigo más grande de los campesinos que ha tenido Colombia
Si lo que se necesita para la aprobación de la paz en el plebiscito es generar confianza entre los votantes, uno no entiende ciertas decisiones, declaraciones y propuestas del gobierno. En materia de decisiones nombraron a César Gaviria como jefe de la campaña por el Sí, olvidando que ese expresidente tiene la fama, acaso injusta, de ser el enemigo más grande de los campesinos que ha tenido Colombia. En materia de declaraciones Santos salió diciendo que el plebiscito podría realizarse aunque no estuviera firmado el instrumento final. La embarrada fue corregida pero dejó un mal sabor, la idea de que gobierno y Farc querrían agregar cosas a los acuerdos aún después de celebrada la consulta con el pueblo. En materia de propuestas Roy Barreras presentó un proyecto de ley inquietante para restablecerle el voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que quiérase o no significa dar vía libre a su participación en la actividad partidista.
Ciertos protagonistas de la política en este país tienen la mala costumbre de dañar lo que funciona bien. Hace unos años individuos de tal clase contaminaron la justicia de politiquería al lograr incidencia permanente en el nombramiento de las altas cortes. Ahora quieren hacer lo mismo con esa fuerza pública profesional, heroica, ejemplar que tenemos. ¿No será que en realidad desean penetrar la institucionalidad militar para instrumentalizarla y ponerla al servicio de sus intereses electoreros?
A la propuesta quieren darle sustento por el lado de los derechos humanos. Se afirma que a los militares y policías se los ha privando injustamente de la participación en política. El argumento no se sostiene. Las personas somos libres de optar por una u otra profesión, pero al hacerlo debemos respetar su estatuto específico, máxime cuando ese estatuto se sustenta en consideraciones de interés público.
Si a los militares se les viola un derecho fundamental al no permitirles votar, lo propio podría decirse con respecto a los curas cuyas reglas los privan del derecho a contraer matrimonio, o de los bomberos cuando se les restringe el libre ejercicio de la personalidad con la prohibición de fumar.
También se afirma que el nuestro es uno de las pocas naciones donde las fuerzas armadas carecen de voto. Eso es verdad, pero es que en Colombia a lo largo de décadas las fuerzas armadas fueron manipuladas por los partidos políticos, que las pusieron al servicio de sus intereses. Como en la Venezuela actual los superiores eran seleccionados según su ideología y color político. El propósito era doble: contar con los votos de la tropa e incidir en el comportamiento electoral de la población.
En plena hegemonía conservadora mi abuelo ocupó el Ministerio de Guerra. El viejo no fue un prevaricador, seguía las mismas reglas de juego que ahora Roy se propone reinstaurar. Para que el lector tenga idea de como funcionaron las cosas, transcribo uno de los telegramas que en vísperas de elecciones intercambiaban los jefes militares y el alto gobierno: Palmira 7 de mayo de 1927. Señor Ministro, “Acuso recibo de su mensaje de ayer, que cumpliré porque así impónelo (sic) necesidad salvación partido… tenga absoluta confianza mis humildes esfuerzos. Servidor, Guillermo Gómez. Comandante.”
Presidente, sus áulicos y asesores no lo están ayudando como debieran, parece que se quisieren tirar la paz. Esta no se salva por el camino fácil de las alocuciones, la publicidad pagada y eso que ahora llaman mermelada. Para rescatar la confianza en el proceso se necesitan estrategias capaces de dejar en claro que su compromiso con la democracia, la justicia y la derrota de la corrupción son auténticos.
