Lo que más inquieta a los empresarios a los que, valiéndose de su fuero, les han incautado correos, teléfonos y documentos en las diligencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, es el destino de esas pruebas.
Varios empresarios han denunciado la forma arbitraria como se desarrollan las diligencias. Uno de ellos incluso pidió cita con el propio Superintendente Robledo después de un allanamiento y una vez frente a él le extendió los brazos para que lo esposara. "Superintendente, vengo a entregarme”, le dijo en tono desconsolado el empresario.
Ante tan llamativa solicitud Robledo le preguntó el porqué del exótico pedido y este le describió la forma arbitraria como se había desarrollado la diligencia que más parecía una acción de la Fiscalía.
“Entréguese, confiese, lo tenemos pillado, entregue a alguien”, le decían los emisarios de la Superintendencia al asustado empresario que no sabía frente a quién estaba, ni por qué le hacían semejantes propuestas.
Las funcionarias de la Superintendencia llegan por sorpresa a las empresas e inmovilizan a los empleados, se lanzan sobre sus teléfonos móviles, los incautan y después instan en los computadores un software, previamente preparado, que lleva dentro de su sistema varias palabras claves.
El software se “chupa” todos las oraciones relacionadas con las palabras, incluidos correos electrónicos que contengan esas contenidos.
La diligencia que se parece más a una acción judicial que a una administrativa extrae todo tipo de documento.
La molestia de los empresarios se basa en que hoy sus conversaciones personales están en manos de personas sin fuero que podrían incluso compartirlas o utilizarlas en su contra.
Abogados consultados para esta nota ciudadana explican que a pesar de tratarse de una diligencia de una autoridad, los correos personales hacen parte del fuero intimo de las personas y que deben estar excluidos de cualquier acción distinta a la que ordene un juez de la República.
Aquí se está construyendo una especie de “wikileaks criollo” que podría poner en riesgo a muchos empresarios que comentan asuntos eminentemente personales en sus correos y en sus móviles y que nada tienen que ver con el ejercicio de su profesión. Esos contenidos hoy están en manos de quien sabe quién y quién sabe para qué propósito.
Esta especie de policía administrativa montada por el propio superintendente Robledo tiene como jefe a un funcionario de apellido Malo, perteneciente a la familia del magistrado cuestionado por el llamado “cartel de la Toga”.
La situación ha generado entre los empresarios un malestar generalizado, máxime cuando Robledo proviene del desaparecido DAS, donde se desempeñó como secretario general en la época del proceso 8000.
El desbordamiento de las funciones de la Superintendencia empieza a promover entre muchos una reforma a las funciones de la Superintendencia, dicen sus promotores que es imperioso hacerlo porque el Superintendente Robledo no supo administrar el poder que le dio la ley y que se extralimita constantemente en sus funciones.
