El tema más recurrente en la región Caribe, desde hace días y por muchos otros más, es el del servicio eléctrico, que tiene en vilo a más de diez millones de habitantes y al aparato productivo industrial, agrario, comercial y turístico. No se había decantado la discusión en torno al polémico capítulo sobre Electricaribe insertado en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, cuando el Dane prendió las alarmas al dar a conocer que la inflación del gasto en energía eléctrica en la Costa en los últimos doce meses fue la más elevada del país. Su director, Juan Daniel Oviedo, lo detalló con un dato alarmante: “Todas las ciudades de la Costa Caribe están por encima de la inflación nacional”.
Lo causa, según él, que a la empresa distribuidora y comercializadora en esta región le ha tocado comprar parte de la energía en bolsa, más costosa en este momento de sequía que en tiempos normales y también que la comprada a los generadores eléctricos por contratos bilaterales a largo plazo.
Al analizar el periodo entre marzo de 2018 y 2019, el Dane informa que la variación anual del IPC de energía eléctrica para todo el país fue de 9,37%, pero en la Costa fue de 16,41% frente a una inflación anual de 3,21% a marzo de 2019, casi cinco veces por encima del IPC nacional (quinientos por ciento). Pero la situación se agrava con la factura que acaba de llegarle en abril al estrato cuatro de Barranquilla por valor de $498,07 el kilovatio hora (kwh), cuando un año antes pagaba $421,68 kwh. Un aumento de 18,11% de un año para otro, siendo el rubro de Generación (G) el que más subió, 39,43% ($171,46 en abril de 2018 a $239,07 kwh en abril de 2019). Se aclara que el estrato cuatro no recibe subsidio ni paga contribución.
A esta situación inadmisible hay que agregarle el inminente tarifazo que se avecina, de ser aprobado el capítulo Electricaribe en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, en el cual se contemplan los siguientes aumentos:
- Sobretasa de cuatro pesos al kwh para estratos 3, 4 y 5, comercio, industria y no regulados (las grandes empresas que compran en bloque), un gravamen que caerá como una maza sobre los estratos 1, 2 y 3 cuando los empresarios lo carguen a los bienes y servicios que venden.
- Contribución adicional del 1% de los gastos de funcionamiento que pagarán las empresas de servicios públicos vigiladas por Superservicios, también cargadas a las tarifas de los usuarios en la cuenta Administración-Operación-Mantenimiento AOM.
- Aplicación del régimen regulatorio especial para la Costa Atlántica, según el cual, la variación en las tarifas para esta región deberá ser al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional. Como las tarifas en otras empresas del país son mayores que en Electricaribe, el resultado será un incremento sustancial. Lo subraya cínicamente el PND: “Las tasas deben subir en la Costa para que esta región también se ayude, porque sus tarifas son más bajas que en el interior”.
Es muy probable que estas medidas draconianas contra millones de costeños produzcan rechazos generalizados, que no podrán ser matizados por cantos de sirena como los de la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, quien ha dicho que no habrá alzas en las tarifas de energía en la Costa mientras se surte el proceso de enajenación de Electricaribe. Pero las fuerzas vivas de la región han venido proponiendo salidas muy distintas a la enajenación, como la de crear una empresa eléctrica regional integrada verticalmente como las del interior del país, porque la Costa también es Colombia.
