Juan Diego Mejía, amigo de Andrés Felipe Arias, emprendió la última carta que se jugará el ex ministro Andrés Felipe Arias para conseguir protección del gobierno de Donald Trump, permanecer por fuera del país y no pagar cárcel en Colombia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro: una recolección de 10 mil firmas solicitando asilo en Estados Unidos. En noviembre del 2016 Mejía organizó una campaña que llegó a recolectar USD$ 110.000 para pagar una fianza de USD$150 mil que necesitaba para su libertad condicional. La iniciativa fue abierta hace dos años pero en las últimas horas ha llegado a tener 9.000 firmas.
En el 2011 a los veinte días de haber nacido Juan Pedro, el segundo hijo que tuvo con su esposa Catalina Serrano, Andrés Felipe Arias fue detenido acusado de haber entregado irregular algunos de los subsidios de un ambicioso programa de modernización del campo cuya inversión alcanzaba los 2 billones de pesos. Este fue formulado en cooperación con el organismo internacional IICA que fue escogido como la agencia ejecutora de los recursos cuyos beneficiarios eran direccionados por comités controlados por el Ministerio de Agricultura en el que Andrés Felipe Arias tenía mando y decisión. Por eso terminó enredado.
Desde entonces, hace cinco años empezó un calvario que cada día se complicaba más. Catalina en esa época no trabajaba. Ella, acostumbrada a operar en el sector financiero, vio como las puertas se iban cerrando una a una frente a su cara. Además su hijo estaba recién nacido. Quiso arrendar el apartamento que habían comprado pero nadie quería tener que ver con el nombre de Andrés Felipe Arias. En los restaurantes la gente se levantaba de la mesa porque no querían tener nada que ver con la esposa de un cuestionado personaje. Encontró trabajo en la facultad de economía de la Universidad Católica pero también de allí debió retirarse.
Fue detenido preventivamente en la Escuela de Caballería acusado de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Allá lo visitaba los domingos con estoicismo Catalina Serrano y con sus dos pequeños Eloísa y a Juan Pedro. En el 2013 obtuvo libertad bajo fianza y viajaron a Estados Unidos cuando su caso era estudiado por la Corte Supema de Justicia. Allí se encontraban cuando se hizo pública la condena de 17 años y Andrés Felipe decidió no regresar a cumplir la condena por considerar que no existían garantías y que se trataba de un caso de persecución política asociado a su jefe Álvaro Uribe Vélez.
Empezaba una nueva vida en Miami y desde el primer momento empezó a trabajar legalmente la posibilidad de ser cobijado por la figura de asilo, la misma que con argumentos similares consiguió el ex asesor de paz Luis Carlos Restrepo. Aunque su caso aun no lo han resuelto las autoridades norteamericanas, se le concedió permiso de trabajo con los cual pudo empezar a normalizar su mundo laboral y los ingresos para asumir las obligaciones familiares. La vida parecía haber encontrado un cauce normalidad.
La madrugada del 24 de agosto del 2017 lo sorprendió con algo inesperado: la orden de detención emitida por la Interpol con fines de extradición. Urgía actuar judicialmente. Sin excedentes provenientes de sus ingresos profesionales no contaba con los recursos para asumir una compleja defensa legal. Desde entonces Arias busca el milagro: que el gobierno Trump lo acoja en su país.
