Esa conclusión simplista además de reduccionista puede ser errada. Y lo que es peor, sirve de pretexto para no buscar cambios que nos saquen de la empantanada en que nos encontramos.
Respecto al caso de la droga no es necesario debatir demasiado puesto que existe un consenso de que el problema no es la droga en sí sino la política para enfrentarla y que el resultado ha sido un fracaso. La imposición de Estados Unidos de ‘tolerancia cero’ y de que para ellos es un tema de ‘seguridad nacional’ ha impedido buscar opciones alternativas, pero el diagnóstico está claro.
En el caso de la ‘corrupción’ lo que no es claro es que su existencia no es causada por un mal funcionamiento del sistema sino que por el contrario es simplemente consecuencia de las condiciones en que se encuentra montado.
Mal que bien es aceptado que la razón principal de las diferentes formas de delincuencia -paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico- tienen su origen último en las condiciones de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y sentimientos de humillación y marginamiento que sufren quienes a esas acciones acuden, y que por lo tanto sin resolver esas no desaparecerán esas manifestaciones. Es decir, que es el orden social que tenemos y no la perversidad del colombiano lo que explica los altos niveles de violencia y de delincuencia que vivimos.
Lo que es menos reconocido es que lo que llamamos ‘corrupcion’ es inherente a la realidad de nuestro orden o modelo político.
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El poder político es sImple y claramente entre nosotros un bien que se negocia como cualquier producto del mercado
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El poder político es sImple y claramente entre nosotros un bien que se negocia como cualquier producto del mercado. Lo que define las elecciones no es cuál es un mejor candidato para un cargo sino quien es el que es capaz de conseguir más votos, así por supuesto la compra directa e indirecta de los mismos es lo que define quienes nos gobiernan. El clientelismo como ‘corrupción política’ o la última expresión de simple corrupción en forma de beneficios indebidos obtenidos en el campo económico son parte de la estructura e ideología de la forma como ópera nuestro sistema.
El solo hecho de presumir que así será implica la aceptación tácita que esa es la característica del sistema y que así sucederá.
La idea abstracta de que el egoísmo individual optimiza el uso de los recursos colectivos -si se acepta como válida- conlleva la legitimación del abuso de las situaciones de privilegio. A menos de que se contrarreste con el poder del Estado, deriva naturalmente hacia las confrontaciones y aumento de las desigualdades y el abuso de las capacidades que se tienen o se adquieren. El funcionario público supone impedir que eso suceda. Pero una selección de quien nos representa (o dirige) a través de su capacidad de conseguir votos en ninguna forma garantiza esto.
Si además se admite y asume que los servidores públicos pueden o deben ser quienes son exitosos en las actividades privadas, lo lógico es que llevarán a la actividad pública lo que les significó el éxito en el campo privado. El ser hábil compartir y repartir con socios es una estrategia elemental y virtuosa en él actividad privada pero es pecaminosa -delictuosa – en la función pública.
Sin embargo nada más fácil para oponerse a cualquier cambio que apelar al peligro de la ‘corrupción’ como posible consecuencia de que esta se produzca, y justificar así que lo que tocara defender fuera la pureza del sistema actual.
El principio de que el sector oficial es más ineficiente que la iniciativa privada se acompaña de la presunción de que en aquel florece la ‘corrupción’. La realidad contradice esto, o por lo menos muestra un escenario más complejo, pues en lo que se cuestiona siempre acaban siendo vinculadas las grandes empresas, y los grandes beneficiarios resultan ser los privados. (Oderbrecht, etc.).
La corrupción no es el peligro de lo que viene con los cambios; es la razón por la que se necesita el cambio ya que hoy es parte del sistema imperante.