El impacto que puede tener la Ley de Financiamiento que acaba de presentar el gobierno Duque al Congreso de la República amerita un análisis objetivo y cifras claras. Más aún cuando sus resultados afectarán los ingresos de los colombianos. Sin ese análisis y sin medir los efectos sobre la población, los congresistas se verán a gatas en la discusión que se avecina. Por esta razón, en el fondo lo que se plantea es la complejidad de un debate, que además, para desgracia de todos, va a ser más político —en el mal sentido de la palabra— que técnico, sin mencionar, su poco carácter social. Lo más importante aquí no es solamente la situación de las finanzas del Estado, sino qué le pasará a la gente, a esos sectores sin voz que van a recibir un fuerte impacto en sus ingresos.
Para que cualquier análisis sobre el tema no suene demagógico y se descalifique por populista, lo primero que se debe reconocer es que el Estado colombiano se financia mayoritariamente con los impuestos que pagan los ciudadanos. Los ingresos por la actividad de las empresas estatales están limitados significativamente por el proceso de privatización que este país ha vivido durante las últimas décadas. De hecho, los impuestos en Colombia no ayudan para nada a disminuir la penosa distribución de ingresos, algo que sucede en los países que forman parte del club de ricos al cual pertenecemos ahora. Colombia tiene uno de los pesos de impuestos sobre PIB más bajos de la región, muy lejano del de la OCDE, nuestro punto de referencia. Es decir, los impuestos tienen que aumentar significativamente. El tema es quien los paga; en otras palabras, en nuestra Colombia, los individuos ricos pagan poco, y los pobres y clases medias pagan mucho.
En una sociedad con índices tan altos de desigualdad como la colombiana, los impuestos indirectos como el IVA son regresivos. Los impuestos directos como el de renta son progresivos. Sin embargo, los primeros son de fácil recaudo mientras que los últimos son más problemáticos.
Hechas estas primeras aclaraciones, sin duda muy simplistas, ahora que Colombia requiere aumentar significativamente el recaudo, y necesita hacerlo rápidamente, el IVA se va a convertir en la fuente más expedita para resolver el déficit del Estado. ¡Horror! Porque este peso va a recaer fuertemente sobre los sectores pobres [28 %], vulnerables [40 %], y la clase media [30 %]. A diferencia de los ricos, el 50 % de la población —un grupo que incluye a indigentes, pobres, y parte de los vulnerables— que obtiene ingresos de su trabajo, gana menos de un salario mínimo mensual, y sus mayores gastos son en productos de la canasta familiar. Cualquier reducción del dinero disponible para sus gastos, así sea por unas pocas horas o días, los somete a una situación crítica, como no tener con qué comer.
¿Cómo se calcula la retribución?
¿Cómo se localizan los beneficiarios para que no haya colados?
¿Como se formalizan los mercados informales?
Ahora bien, ¿qué tan viable es que ese IVA se devuelva a los pobres, a aquellos en la base de la pirámide de ingresos? Esta es una sociedad de pocas entradas como lo demuestra la última encuesta de ingresos y gastos 2015-2016 del Dane. Por ello es difícil entender cómo y con qué criterios el gobierno le adelantaría 50 000 pesos a este sector para compensar el nuevo cargo del IVA. Le tocaría comenzar por bancarizarlos a todos, que son fácilmente el 28 % de la población, y obviamente, los banqueros dicen que esa es la parte más fácil de esta estrategia. Sin embargo, desconocer el nivel de informalidad en que se mueve esta población siembra un gran manto de duda sobre la posibilidad de lograr dicha bancarización. Ello, sin mencionar múltiples factores que parecen no ser tenidos en cuenta en la estrategia: ¿Cómo se calcula la retribución? ¿Cómo se localizan los beneficiarios para que no haya colados? ¿Como se formalizan los mercados informales? Temas integrales de la solución propuesta que aún no tienen respuesta.
Lo que sí es no solo evidente sino indiscutible es que parte de los vulnerables pueden volver a ser pobres fácilmente, y que ellos y toda la clase media van a ver seriamente afectada su calidad de vida, porque a estos nadie les va a devolver nada. ¿Cómo abordará el Estado este pequeño problema que puede traducirse en una reducción de la demanda interna? Tampoco se explica en la Ley.
Solo algunas preguntas en un debate que apenas se inicia, pero el gobierno no parece consiente de las implicaciones de esta reforma en términos de equidad. Si Colombia tuviera parlamentarios con objetividad, conciencia social y gran conocimiento sobre el tema, los pobres podrían soñar con la devolución de su IVA.
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