El choque de precios de los combustibles que enfrentó la economía mundial desde comienzos de la década de 2000 hasta mediados de 2008 fue de gran impacto, el costo del petróleo pasó de 26,18 dólares a 99,67 dólares por barril, lo cual puso de presente las presiones inflacionarias que puede generar su comportamiento sobre los precios agregados de las diferentes economías.
A lo largo de la década 1990-1999 se registraron precios inferiores a 20 dólares por barril (véase el gráfico). Ya desde el año 2000 se empezó a registrar una fuerte alza (57% con respecto a 1999), después siguieron dos años de reamortización y leve estabilización de precios, para volver a incrementar a partir del 2003.
El periodo comprendido entre 2003 y 2008, constituye el más largo aumento sostenido de los precios del petróleo, con un promedio de crecimiento anual de 25%. Colombia no fue ajena a este panorama ya que, dichas presiones también estuvieron presentes en nuestra economía y desde el punto de vista de la política de precios de los combustibles, este choque rezagó la política de desmonte gradual del subsidio a los combustibles en el país, la cual se venía aplicando desde finales de los años noventa.
La regulación de precios de los combustibles en Colombia, desde mediados de los años setenta, tiene como sustento legal los decretos 2104 de 1974 y 1736 de 1975 del Ministerio de Minas y Energía (MME), los cuales se complementaron posteriormente con la Ley 1 de 1984. Mediante esta legislación se le asignó al MME la función de establecer la política de precios de los derivados del petróleo y el gas natural, de fijar su estructura y de decretar los aumentos periódicos.
Durante todo el período y hasta finales del año 1998 la política de fijación de los precios de la gasolina y del ACPM, “estuvo ligada directamente con políticas macroeconómicas de control a la inflación y se hacían aumentos escalonados en dos o tres momentos del año”. Esto generaba, como era de esperase, una inercia en los precios de los combustibles y un ambiente especulativo que aumentaba las presiones inflacionarias.
La modificación más sustancial a la política de precios vendría a partir del año 2007 con la creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En la reglamentación que creó este Fondo, se estableció que acumularía recursos, distintos a los rendimientos financieros o a los asignados por el Presupuesto General de la Nación, cuando el precio de paridad de exportación/importación estuviera por debajo del precio regulado al productor/importador y desacumularía cuando sucediera lo contario. Esto quiere decir que, en el primer caso, se grava el consumo de combustibles y se acumulan los recursos. En caso contrario, se subsidia el consumo y se desacumulan recursos. Por último, cuando el precio de paridad sea igual al ingreso al productor/importador no hay acumulación o desacumulación de recursos.
Si bien el Fondo ha logrado garantizar a los habitantes del territorio nacional un precio constante en la compra combustibles como la gasolina, en los últimos años esta política de combustibles genera un déficit persistente que afecta de primera mano las finanzas del Estado. La discusión por el aumento del precio de la gasolina se centra precisamente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque se ha convertido en una bomba de tiempo.
Con un déficit actual de $24 billones y un pronóstico de $31 y $35 billones para el cierre de este año, cifra que representa el 2,7% del PIB, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al FEPC para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. Ante este panorama, ya estamos sintiendo los efectos de la desestabilización y, en consecuencia, el pasado 19 de septiembre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comunicó que el país viviría un incremento de 200 pesos por galón cada mes hasta finales de 2022.
Claramente los precios de los combustibles están ligado a una oferta y demanda, y durante los últimos cinco años, las exportaciones de petróleo en Colombia se vieron afectadas por dos escenarios que impactaron directamente en la economía mundial: 1°; la guerra comercial entre EE. UU. y China en el 2019, y 2°; la crisis sanitaria por covid-19 que trascendió en una crisis económica en el 2020. Pero ahora tenemos un nuevo escenario, y es la guerra entre Rusia y Ucrania que también afecta la demanda de petróleo.
Precio de los Combustibles y la transición energética
“La transición energética en Colombia debe ser sana, no se puede apresurar”.
El objetivo principal del gobierno debe estar orientado en brindar a todos los colombianos la seguridad energética necesaria ante los procesos de reactivación económica y fluctuaciones en la demanda regional.
Tal como lo define la Ley 38 de 1987, la distribución de petróleo y sus derivados son un servicio público. El Gobierno está en la facultad de determinar los aspectos relacionados con la distribución, los precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones y las condiciones de seguridad, pero sobre todo la de seguridad energética.
En virtud de esto, esperamos que el Gobierno Nacional ponga en práctica medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de distribución de combustibles y para esto, es necesario apuntar al abastecimiento en todo el país.
Es necesario tener claro el gran impacto que tiene el consumo de combustibles en el país, de esta manera esperamos que el gobierno opte por dejar que poco a poco, Ia inercia de Ia transición energética haga su trabajo.
Lo más sensato es fundarse en la coexistencia de las fuentes energéticas que tenemos en el país: el gas, el petróleo, y obviamente el carbón. Con ello reunimos el capital necesario para transformar las fuentes de energía desde las no renovables, hasta las renovables, todo bajo la óptica de prácticas responsables y sostenibles, sin poner en riesgo la seguridad energética y el desarrollo del país.
