Señorías, la llamarada de violencia —en un contexto caótico— que ha sacudido la Colombia era, por desgracia, previsible, por no decir inevitable. La cuestión no era si esa explosión social era posible, sino la de prever el momento. En la delantera de esa escena social, encontramos una grave pandemia mundial con hospitales superpoblados, una nueva oleada de infecciones y un virus que sigue propagándose libremente, por un lado y, por el otro, la perturbación social y la angustiosa situación económica general, con masas de familias y refugiados, concentradas en centros urbanos y víctimas de un mismo desempleo en masa, sistemáticamente avivado por ciertos partidos provenientes de la "extrema izquierda" y organismos de derechos humanos (muchos de ellos, probablemente, expresión de la extrema izquierda), incluyendo algunas células terroristas, las comunidades indígenas y el sindicalismo militante de clase (cristianos progresistas y sindicalistas).
Esta gran revuelta es una señal de alarma de enorme relevancia, pues viene promovida por la intifada (rebelión) de la izquierda con su lucha militante revolucionaria, una franja de lunáticos y jóvenes que no se sienten integrados en este Estado. En ellos desempeñan un papel primordial los símbolos. Todo el que se dedique a la política es consciente de la importancia de estos. Prenden así a la vez los conflictos nacionales y sociales. Obviamente, también hay fuerzas contrarias y estas causan víctimas. El ejercicio de la violencia por parte de los manifestantes en un clima de inseguridad, violencia, sufrimiento y muerte ha transformado una parte del país en un campo de miseria, enfermedades infecciosas, constituye un elemento de perturbación crítica para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano.
La situación es realmente muy crítica. Sin lugar a duda, hay que buscar las raíces de ese malestar en la profundísima crisis social por la que atraviesa toda Colombia. Ya a partir de la segunda mitad del 2019, una nueva y creciente radicalización comenzó a manifestarse: desde las huelgas de masas, ocupaciones y rebeliones populares hasta las revueltas en la capital, y de la posterior intensificación y ampliación de la política de bloqueo y de otras medidas que limitan la circulación de personas y mercancías dentro del territorio colombiano (2021), que ha tenido como consecuencia un mayor deterioro de los indicadores socioeconómicos de la población. La anunciada y prometida reforma tributaria y una amplia perturbación social y económica acumulada parecen ser también la causa de esa auténtica explosión de cólera.
Esa reforma era, sin lugar a duda, el resultado de un laborioso bricolaje institucional, difícil de explicar y todavía más difícil de comprender y, en consecuencia, poco estimado. Con la renuncia del ministro, el gobierno envía la señal política correcta, mientras que la oposición de izquierda envía la señal incorrecta. Son pocos los que se atreven a expresarlo, pero esta intifada (rebelión y levantamiento) de las principales fuerzas de la extrema izquierda no refleja las ideas, las esperanzas y las aspiraciones de la gente común. En lo que se refiere a las cuestiones, hay que distinguir claramente entre las promesas y las realidades. No dice nada de los puestos de trabajo o el crecimiento económico, y amplía todavía más el déficit democrático. Por el contrario, la caída económica que va a implicar la profundidad y duración de las manifestaciones y bloqueos va a desencadenar una oleada de bancarrotas, cierres y despidos que puede realimentar a su vez un nuevo pico de la crisis financiera.
Quienes desean imponer esta intifada a los ciudadanos de Colombia deberían pararse a reflexionar. El recurso a la desobediencia civil es una abominación constitucional, porque la desobediencia civil puede convertirse muy fácilmente en conflicto civil. Y lo que es peor, es muy peligroso porque cuando los ciudadanos se den cuenta de que al votar en unas elecciones generales por un candidato de izquierda — heredero de la tradición del nacionalismo revolucionario— no van a cambiar nada –porque el poder se ha entregado a otros–, ¿qué les va a quedar? Debe quedar perfectamente claro que vendría una nueva oleada de infecciones, de las injusticias, del odio, de los conflictos y de los sufrimientos humanos, que resultan tan difíciles de superar para una reconciliación verdadera. En cualquier caso, no puede haber democracia sin libertad y ante este engaño tenemos que responder: "no, gracias". Ningún delirio de grandeza ni mediocridad –y con demasiada frecuencia la estupidez– puede poner en peligro la misión desafiante que representa el destino de Colombia, equivaldría a renegar de nuestra historia secular; hemos dado unos pasos que han sido y son pasos de gigante.
Si se ha de recortar la democracia, por lo menos que la decisión de hacerlo sea aprobada democráticamente por los propios votantes. ¿Qué significa todo esto? A mi juicio, eso indica que la izquierda no está al día. De hecho, se siente como si se hubiera olvidado su identidad nacional. Este es un golpe de Estado popular contra todos nuestros avances democráticos, y por eso lo rechazamos categóricamente. La patria está bajo amenaza de ataque. Me parece que se está abriendo para un nuevo dictador que, una vez más, estará más interesado en los recursos naturales del país y en la perspectiva de llenarse los bolsillos, pero también porque en el futuro podría tener un efecto de contagio hacia otras naciones de la región y volver a una era de barbarie. Eso no puede suceder; no debe permitirse que suceda. Ya hemos escuchado palabrerías durante mucho tiempo, que no son aceptables, ya no son creíbles. El comunismo es un ataque a la democracia y tendremos que vencerlo con más democracia. Nuestra unidad constituye la razón de nuestra existencia.
¿En su opinión qué debería hacer el gobierno? ¿Debería, además, cerrar los ojos? ¿Acaso no debe ofrecer un verdadero porvenir a los colombianos, emprender por fin —cosa que reviste importancia decisiva— reformas económicas? El presidente Duque promete una y otra vez que cercenará la violencia, ¿pero serán castigados los culpables? En este momento albergo serias dudas al respecto. Repito: el cometido más importante del Estado consiste en proteger a su población. Eso es lo que tendría que garantizar la presidencia; tampoco debería hacer mucho más. Es vergonzoso que las autoridades no logren poner fin a la odiosa situación que sufre su país. En mi opinión, ello solo es posible si el gobierno garantiza que hará todo cuanto esté a su alcance para prevenir los actos de violencia y perseguir y procesar a los autores de estos, independientemente del campo al que pertenezcan.
Lamento que no vaya a ser fácil. Pero, naturalmente, no debe quedarse todo en una política de gestos, sino que es necesario introducir reformas sustanciales para el desarrollo: las pensiones y el plan de sostenibilidad financiera, los temas ligados a la salud pública, el sector agrícola y a la utilización de los recursos naturales estrechamente relacionada con el crecimiento económico. Sin un adecuado debate, se corre el riesgo de crear una serie de puntos sin retorno que podrían producir profundas fracturas, especialmente en un período tan políticamente delicado como este, en el cual hay situaciones supeditadas a citas electorales. Y es necesario que los nuevos dirigentes encuentren argumentos que convenzan al pueblo para cambiar de opinión. Pero la política del avestruz no es buena consejera. Por ello es necesario introducir reformas prudentes, garantizar la pluralidad y la libertad y fortalecer el Estado de derecho. Es sin ánimo de injerencia, pero a la vez con firmeza y espíritu positivo en el impulso de los derechos humanos y del proceso democrático como debemos actuar.
A pesar del escepticismo inicial, y eso me complace sobremanera, sobre todo ahora que se sabe que más del 80% de la población no parece muy dividido respecto a esta cuestión, los ciudadanos quieren defender y adherirse a los valores básicos, los derechos sociales fundamentales y una mayor libertad y democracia, en vez de debilitarlos en aras de los presuntos intereses nacionales revolucionarios, la indiferencia y el ansia de poder que nos llevarían de vuelta a esta maldita revolución bolivariana. Yo no comparto este enfoque del modo de organizar nuestra vida terrestre. Ahora les corresponde a ustedes, sociedad civil activa y ciudadanos bien informados, decidir si prefieren impulsar a Colombia hacia delante o cruzarse en su camino por razones egoístas y nacionalistas de signo xenófobo y reaccionario. Hay que aprender la lección del Venezuela. ¡Ninguna persona de la Colombia debe abandonar su país para garantizar los intereses de la intifada en Colombia! Amén.
