La desaparición de 43 estudiantes en México el pasado 26 de septiembre constituye uno de los casos que mayor consternación ha causado entre la sociedad mexicana el cual promete empañar el gobierno de Enrique Peña Nieto pues se trata de la peor crisis política y de seguridad que azota su período, distando así del panorama que prometió cuando fue elegido. Diversas marchas han tenido lugar por todo el país, en dónde los ciudadanos y diferentes sectores le exigen al gobierno que esclarezca los hechos ocurridos. El país entero está en contra suya y su aceptación no llega al 34%.
Según cuenta el Procurador General de México (fiscal), las investigaciones hasta el momento han permitido esclarecer que el viernes 26 de septiembre, aproximadamente unos 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (población del estado de Guerrero) abordaron unos buses con destino al municipio vecino de Iguala, a donde llegarían a las 9 de la noche. Al parecer, el objetivo de los estudiantes era sabotear el informe de gestión de gobierno que realizaba el alcalde en compañía de su esposa. La policía de Iguala, al ver esto, decide reaccionar y pide ayuda a la del municipio de Cocula, empezando así la persecución contra los estudiantes.
Entre ambas policías logran bloquear la carretera en la que se desplazaban los estudiantes en los buses. En este punto, la organización delincuencial Guerreros Unidos también estaba involucrada en la persecución, uniéndose así policías y sicarios contra los estudiantes. En este momento es cuanto uno de los policías dispara al primero de los estudiantes en perder la vida. Los estudiantes son capturados y llevados al centro de la policía de Iguala, lugar de dónde son sustraídos por la policía de Cocula, que los entrega al grupo de Guerreros Unidos en algún punto de los límites entre ambos municipios, en dónde fueron hallados los cuerpos que hasta la fecha, está por determinarse si pertenecen a los estudiantes. Según los informes preliminares, estos no corresponderían con los desaparecidos, entonces surge el nuevo interrogante por la identidad de los cuerpos.
Multitudinarias marchas han tenido lugar por todo el país. La sociedad mexicana está estremecida por este caso que a punto de cumplir un mes, aún deja muchos cabos sueltos.
El caso en cuestión ha conmocionado a la sociedad del país azteca por varias razones. Para empezar, muestra como entes gubernamentales se unen con grupos al margen de la ley en contra de la población civil y ya se confirmó que los autores intelectuales del crimen fueron el alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes se encuentran prófugos y se cree que llevaban años aliados con el crimen organizado.
El sacerdote y activista mexicano Alejandro Solalinde asegura que testigos presenciales de los hechos le contaron lo sucedido pero no lo hacen públicamente por miedo a ser los siguientes, tras el horror de la barbarie que tuvieron que presenciar. Según Solalinde, los estudiantes habrían sido incinerados vivos y la mayor prueba de que están muertos es el silencio de los mismos, pues si estuvieran con vida no dejarían que el escándalo tome las dimensiones que ha tomado y trascienda al interés nacional e internacional, como en efecto está sucediendo, no en vano hasta el Parlamento Europeo condenó los hechos.
Este hecho se suma a otros igual de sangrientos en la historia reciente de México, como el asesinato de 71 inmigrantes a manos de Los Zetas en 2010, el fusilamiento de 22 presuntos narcotraficantes a manos del ejército que intentaron hacer pasar por abatido en combate este año, o la masacre de 52 personas en el Casino Royale de Monterrey en 2011. En efecto, se trata de un país en dónde uno de cada cinco ciudadanos no denuncia delitos porque desconfía de las autoridades y la población general presenta una profunda desconfianza en las autoridades.
