El horrendo crimen cometido por Jhonier Leal ha conmovido a la mayoría de habitantes de este país donde el crimen y el horror es parte de nuestra historia.
Sin embargo, sería importante que se aprovechara el análisis de este crimen para plantear el problema del sistema de justicia. No envía un buen mensaje a la ciudadanía el que la Fiscalía haya recolectado información suficiente para acusar a Jhonier Leal del doble homicidio y decida aceptar negociar una rebaja de pena como premio por la confesión realizada.
Esta justicia negociada, copiada del sistema de justicia norteamericano, es tan lamentable como el crimen cometido. Este tipo de medidas dirigidas a beneficiar a los que violan la ley no constituyen un buen ejemplo para la ciudadanía y por el contrario incentivan el delito y le dan la razón a quienes afirman que en Colombia el crimen paga.
Será que los encargados de diseñar y ejecutar la política criminal de este país deciden darle una respuesta coherente al grave problema de la impunidad e ineficacia de nuestro lamentable sistema de justicia.
Si hay una verdad sobre el sistema de justicia actual en Colombia es que es ineficaz, no es sino observar las estadísticas del índice global de impunidad han publicado recientemente, y además envía un pésimo mensaje de ineficacia a la ciudadanía en general.
Las negociaciones entre delincuentes y los fiscales no deberían contemplar ningún tipo de rebajas en los casos donde la evidencia y el acerbo probatorio es contundente y la confesión del delito no aporta al esclarecimiento de lo ocurrido.
Este tipo de negociación es algo útil en los casos de crimen organizado donde el sistema de justicia no cuenta con información o con evidencia y pruebas válidas para combatir organizaciones criminales poderosas.
Pero utilizar una negociación en el caso presente del señor Jhonier Leal, no deja un buen mensaje y por el contrario envía un pésimo mensaje a la ciudadanía.
Como lo señalo el eminente jurista Michele Taruffo, la investigación judicial debe estar sustentada por el conocimiento científico en todo proceso legal que un sistema de justicia lleve a cabo.
La legitimidad del sistema de justicia se sostiene en la medida que los procesos investigativos se lleven a cabo mediante una metodología científica soportada por los principios del debido proceso que garantice los derechos de todos los intervinientes.
Sin embargo, lo que vemos en nuestro lamentable sistema de justicia es que los delincuentes se asesoran de un abogado, cuya tarea es la de generar una estrategia de negociación con la fiscalía, que les permita sacar la mayor ventaja posible con beneficios como la casa por cárcel o la reclusión en un recinto no carcelario.
Todo este espectáculo no es bien recibido por la ciudadanía y es una fuente de deslegitimación del sistema de justicia. El peor escenario que un país puede presentar es el de un sistema de justicia que envía un mensaje de ineficacia para las víctimas y uno de beneficios para quienes se dedican a violar la ley con el convencimiento de que la sanción se podrá negociar y de esta manera legitimar su accionar criminal.
