Más aún, podría decirse que esta exigencia de justicia de los colombianos rebasa a Petro y a Santos. Prácticamente todos los principales jefes de la clase política están siendo arrastrados por procesos judiciales gravísimos. Llegó el momento histórico que la sociedad viene reclamando: el Juicio Político a la clase política colombiana. Ya les está quedando imposible que la corrupción siga sacándole el cuerpo a la Justicia.
Los hechos de corrupción son tan grandes, los protagonistas tan connotados, la lesión causada a las instituciones tan dañina y las noticias criminales han llegado tan lejos, que ahora sí les está resultando imposible seguir echándole tierrita a los esqueletos que han venido dejando en el camino.
Los hechos de corrupción llamados de Odebrecht son enormes y ya están más que comprobados tanto en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y como en la de Oscar Iván Zuluaga. Lo que sin lugar a dudas incorpora políticamente al Partido Liberal, al de la U, al Partido Conservador, a Cambio Radical. Lo mismo que queda involucrado el Centro Democrático. A su vez, los hechos de corrupción cometidos en la campaña de Gustavo Petro son tan grandes y tan comprobados que todos esos partidos de la izquierda, como el Pacto Histórico y los Verdes, quedaron finalmente pringados por los delitos que se cometieron y que todos vieron cometerlos en su silencio mudo.
Esta vez, los encartados por la justicia no son los coroneles ni los mandos medios de los partidos sino sus generales, directamente. Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Oscar Iván Zuluaga, los Gavirias del Partido Liberal. Todos son cabezas máximas de sus fuerzas y todos simbolizan el ejercicio de la política ante la sociedad.
En todos estos expedientes, las causas judiciales se abren por delitos que atentan contra el sistema electoral. No obstante, la percepción general es que serán juzgados por corrupción -en eso no se equivoca la gente-. Los delitos electorales también forman parte del amplio espectro de conductas que caben en la definición pública de “corrupción política”.
Las noticias criminales llegaron tan lejos en la opinión pública y tan lejos en la distancia, que quedaron grabados en el sistema de justicia de Estados Unidos. Eso no tiene reversa.
Ahora, estos delitos son más que inocultables. También son ineludibles. Los políticos no podrán seguir mintiéndole al país sobre estos delitos. Ni instancias con deberes de justicia, como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral, podrán seguir apostándole a la impunidad. Se les tiene que acabar el perverso “yo te archivo, tú me archivas, nosotros nos archivamos”.
La complicidad entre políticos de estos partidos sí les funciona allí. La polarización de izquierda y derecha les llega hasta las puertas de la Comisión de Acusaciones y del Consejo Nacional Electoral. Allí sí se les olvidan las tales diferencias ideológicas. Entre los partidos se mientan la madre y se dicen de todo en los balcones, las curules y los micrófonos. Pero apenas llegan a los expedientes, miran al piso, se hablan pasito y se ponen de acuerdo. Esa es la nuez de la doble moral de la política colombiana. La doble moral de la izquierda y la derecha. Todos los partidos, los de derecha, los de izquierda y los del autodenominado “centro”, convirtieron la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral en un verdadero “Triángulo de las Bermudas” de los delitos de los jefes políticos, donde todo se desaparece como por arte de magia.
Estamos entrando en un capítulo nuevo y único de la historia de Colombia
Es muy importante que lo sepamos y, mejor aún, que lo entendamos. Los ciudadanos debemos comprenderlo de la mejor manera posible. Si llegamos a comprenderlo bien, podremos salvar nuestra democracia y enrutarnos por un camino de transformaciones, estas sí, prósperas y modernas. Si no lo comprendemos, despilfarraremos el momento y quedaremos entrampados, una vez más, en las arenas movedizas de la corrupción.
Estamos frente a la formidable oportunidad histórica de romper el círculo vicioso y escapar de la que ha sido la historia de corrupción y atraso de América Latina.
Por primera vez coincidieron todas las circunstancias para que se abra el Juicio Político por corrupción a los principales jefes de la clase política, en su conjunto y simultáneamente.
En Colombia habíamos vivido momentos de juicio político. Unas veces en clave de Juicio Político, como cuando Rojas Pinilla y Ernesto Samper, otras veces en clave de grandes debates de control político, como los que adelantó Uribe Uribe contra la hegemonía conservadora o como los de Laureano Gómez contra los liberales o como los de Gaitán contra las oligarquías políticas. Pero nunca había ocurrido que coincidieran en el tiempo y en las causas -léase tipos penales, léase corrupción- unos hechos que obligaran a que se abrieran sendos procesos judiciales contra las cúpulas de todos los espectros políticos -repito: a todos los grandes partidos y al mismo tiempo-.
Llegó el momento histórico, para nuestra nación, de adelantar el gran Juicio Político a la clase política. La sumatoria de los juicios políticos y jurídicos que se les vienen a unos y a otros en distintas instancias -a unos en la Comisión de Acusaciones, a otros en la Corte Suprema de Justicia y a otros en la Fiscalía- dará para que, en el contexto histórico, lo que se abra sea el gran Juicio Político a la clase política.
En este punto, vale la pena hacernos una precisión más completa sobre el porqué utilizamos el término corrupción cuando nos referimos a los casos “Odebretch”. Para Colombia, “Odebretch” es una especie de florero de Llorente de la corrupción.
En “Odebretch” se manifiestan características genéticas de la corrupción que la opinión pública reconoce y que hacen que reviente allí como Florero de Llorente de la corrupción.
Para empezar, con “Odebretch” queda claro que la corrupción no es, como lo cacarean las élites bogotanas, un problema de los mandos medios y los tenienticos de la política sino que la corrupción parte de las más altas esferas de la sociedad. Con “Odebretch” se derrumba el cuento chino de que la corrupción es una enfermedad de los costeños y de esos alcaldes y concejales bandidos de la provincia.
Con “Odebretch” queda claro que el nervio central de la corrupción está en la contratación pública. El móvil principal del acto de corrupción consistió en hacerse al contrato de la Ruta del Sol y a los otrosís que fueran necesarios para su negocio económico.
Con “Odebrecht” queda claro que en la contraparte de la gran corrupción política siempre hay un espejo de la gran corrupción empresarial. Que existe un sector de grandes empresarios que han aceptado las reglas del juego de la corrupción política, contribuyendo con ello a saquear las arcas públicas. Toda una confabulación público-privada que se ha convertido en una especie anti cultura cívica universal.
Por eso los casos “Odebrecht” no pararán en el juicio a unas campañas electorales. Por eso el gran Juicio Político que se abre, en términos de su significado y de su trascendencia social, será el gran juicio a la corrupción general.
Cabe preguntarnos, entonces: ¿Qué es eso del Juicio Político?
Vale precisar que el término Juicio Político no es una categoría propiamente jurídica o constitucional en nuestro país. Juicio Político es más un término de la teoría política que se usa en la discusión pública. El término exacto que se emplea para el juicio a los altos funcionarios del Estado es el de “Juicio Especial” en la Ley 5° de 1992 -Reglamento del Congreso-.
Sin embargo, para efectos de una mejor comprensión del capítulo histórico nuevo y único en que nos adentramos, bien vale la pena detenernos en algunas características del Juicio Político.
Por excelencia, se denomina Juicio Político al juicio a los presidentes. Principalmente por dos razones: porque a quien se juzga no es un ciudadano común y corriente sino el presidente de la República -el máximo jefe político del país-, y porque quien lo juzga no es un juez de la justicia ordinaria sino un juez político -como lo es el Congreso de la República cuando asume funciones judiciales-.
Existen, otras dos particularidades del Juicio Político a los presidentes: aún cuando el juicio debe ser originado en la violación de alguna norma, penal o de otro tipo, y el grado de convicción de la violación de dicha norma debe estar lo suficientemente probado -como en los juicios jurídicos-, también es cierto que en la decisión del Juicio Político entran a jugar consideraciones de tipo político. Consideraciones de conveniencia e interés público o consideraciones de pertinencia política y social, por ejemplo. La otra particularidad del Juicio Político consiste en que el grado de atención que alcanza en la sociedad es tan alto, que los ciudadanos y los medios de comunicación llegan a convertirse en verdaderos protagonistas de las dinámicas del Juicio Político.
Mejor dicho: el Juicio Político tiene exigencias que superan a las del Juicio Jurídico. Además del contraste y la contradicción de normas y pruebas, el Juicio Político tiene que contar con lo que la sociedad diga del juicio. Dicho de otra forma: si bien en el Juicio Jurídico la legitimidad de la decisión depende, sobre todo, de la legalidad de juicio, en el Juicio Político la legitimidad de la decisión depende, sobre todo, de lo que diga la sociedad. Claro que el Juicio Político debe conservar y respetar la legalidad en los procedimientos que les fijan la Constitución y las leyes. Pero está obligado a ir más allá. También está obligado a atender las exigencias de justicia de la sociedad y a ser consciente de las desastrosas consecuencias históricas, institucionales y morales de no hacerlo.
Como de la mano de Dios, todos los hechos se alinearon para que, en esta oportunidad, no pudieran burlar el Juicio Político
Cuando escaló a niveles inocultables e imparables el proceso de Oscar Iván Zuluaga, nadie se imaginaba lo que les vendría a Juan Manuel Santos y a Gustavo Petro. Lo cierto es que Oscar Iván Zuluaga está prácticamente condenado y lo que no se sabe es el destino de sus negociaciones judiciales con la fiscalía. Pero está prácticamente condenado.
Lo digo porque ese solo hecho hace que ahora les resulte imposible a los congresistas eludir su obligación, tanto constitucional como política, de abrirle el Juicio Político a Juan Manuel Santos. Está más que demostrado que los delitos cometidos en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos son iguales a los cometidos en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lo que se sabe es que fueron cometidos en la misma campaña presidencial, en cuantías de dinero muy parecidas y con la misma Odebretch como socia.
Les queda, entonces, imposible, a los jueces políticos y a los jueces ordinarios, condenar a Oscar Iván Zuluaga y absolver a Juan Manuel Santos.
La sociedad colombiana no aceptaría, de ninguna manera, que Oscar Iván Zuluaga fuera condenado por los jueces ordinarios y que Juan Manuel Santos fuera absuelto, o no fuera juzgado, por los jueces políticos.
Llega entonces, también imparable, otra pregunta indispensable:
-¿Qué pensaría la sociedad colombiana si se juzga a Juan Manuel Santos y a Oscar Iván Zuluaga y no se le abre el Juicio Político a Gustavo Petro?
La sociedad colombiana tampoco lo aceptaría, de ninguna manera. Es que están tan claros y comprobados los delitos que fueron cometidos en la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sociedad colombiana estallaría. La sociedad colombiana no aguanta más que los crímenes de la izquierda queden en la más absoluta impunidad, escondidos bajo el argumento peregrino e inaceptable de que fueron cometidos tras la busca de una revolución que la historia ha comprobado que nunca lo fue, o que por lo menos dejó de serlo desde hace muchísimos años. Por esto y por mucho más, la izquierda colombiana está impedida ideológica, moral e históricamente para hablar de revolución.
Los hechos de corrupción comprobados en las campañas presidenciales de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos son tan grandes que queda claro que sin ellos ninguno de los dos hubiera llegado a ser elegido. Lo que deja en franca situación de ilegitimidad la presidencia de 2014 y la presidencia actual, en ejercicio, de Gustavo Petro.
Hay una extraordinaria coincidencia que recorre los tres casos de Petro, Santos y Zuluaga, que contribuye a acrecentar la presión social por la apertura de sus juicios. En todos los casos, los principales testigos terminaron siendo los más cercanos amigos y aliados de los candidatos. Personas de su más absoluta confianza, que estuvieron presentes y que reconocieron haber participado de los delitos. Aunque de tiempo atrás rondaban múltiples versiones, en el caso de la campaña de Juan Manuel Santos el principal testigo terminó siendo el Grupo Aval, en el caso de la de Oscar Iván Zuluaga, Daniel García Arizabaleta y en el caso de la campaña de Petro, su propio hijo, Nicolás Petro.
Luego ninguno de ellos puede salir a decir que está siendo juzgado por los maleficios políticos de sus enemigos. En el caso concreto de Gustavo Petro, le quedó sin ningún sustento el cuentico de que si lo juzgan lo juzgan porque quieren sacar al dizque presidente del cambio. No señor. Primero que todo, los estarán juzgando a todos, y a todos por lo mismo tiempo, por haber violado la Constitución y las leyes. Aquí nadie está exigiendo el Juicio Político contra alguien en razón de su ideología, ni de su credo, ni de su vida privada. Aquí los Juicios Políticos tienen que abrirse porque violaron la Constitución y las leyes, independientemente de si son de izquierda, de derecha o de lo que sea.
La pregunta del millón: ¿Qué pasará?
Todo depende. Depende de lo que hagamos. Depende de lo que seamos capaces de hacer. Depende de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer.
Por eso es tan grave cuando las personas se sientan a esperar lo que les digan los naipes, los astros o las bolas de cristal. Por eso es tan grave cuando las sociedades se distraen en el juego de las hipotetologías.
Por eso me gusta tanto cuando el cristianismo nos dice que dejemos de creer en adivinos y que nos metamos, valientes y esforzados, a hacer lo que nos mandan los principios, los valores y las leyes. Las personas no salimos adelante cuando actuamos conforme a lo que creemos que va a pasar. Las personas salimos adelante cuando actuamos conforme a lo que debemos hacer, conforme a lo que es moral y digno que hagamos. De la misma manera, las sociedades debemos marchar por lo que nos dicten los principios, los valores y las leyes, y no los adivinos y los apostadores.
Me atrevo a afirmar que los juicios políticos se abrirán. Es más, me atrevo a afirmar que, desde el punto de vista del nuevo y único capítulo histórico, el gran Juicio a la clase política ya está abierto.
Un gran Juicio Político que tendrá que avanzar hacia el traslado del expediente de Juan Manuel Santos del Congreso de la República a la Corte Suprema de Justicia para que sea esta última la que adelante el juicio jurídico que le corresponde.
Un gran Juicio Político a Gustavo Petro que deberá concluir con su retiro del cargo de la presidencia de la República por parte del Senado, tal como lo ordena la Constitución para estos casos.
Sin embargo, albergo las mismas dudas que todos. También me pasa que no confío en la clase política que tiene la responsabilidad de adelantarlo. Conocemos los altos grados de corrupción e ignorancia que hay en el Congreso -salvo las honrosas excepciones que también las hay-.
O la ciudadanía es capaz de despertar y movilizar su mejor conciencia cívica para defender la democracia y el país o perdemos la democracia y el país a manos de esa confabulación que nos montaron entre la corrupción política y la milicianización.
A los colombianos no va a venir a salvarnos nadie. Ni los gremios económicos ni los gringos, ni los medios de comunicación ni los militares petrificados bajo las órdenes presidenciales, ni los caudillos ni los organismos internacionales. Aquí, o nos salvamos nosotros mismos, las ciudadanas y los ciudadanos, mediante la conciencia y la movilización cívicas, o estaremos perdidos.
Aquí quiero hacer otro paréntesis. Una pregunta que viene inquietándome desde hace días.
-¿Por qué en el acuerdo judicial que firmaron entre la justicia norteamericana y el Grupo Aval hablan de un tal “official 3”?
Como ciudadano colombiano siento que es una ofensa contra Colombia el hecho de que tanto los Estados Unidos como el Grupo Aval utilicen seudónimos para hablar de los responsables de actos de corrupción en Colombia.
-¿Qué grado de respeto y de lealtad les merecemos los colombianos a la justicia de Estados Unidos y al Grupo Aval? ¿No les parece que los jueces y los colombianos hemos debido ser los primeros en conocer todo lo relacionado con los protagonistas y las pruebas de unos delitos que fueron cometidos en Colombia y cuya víctima principal fue nuestra sociedad?
Continúo:
De alguna manera, el gran Juicio Político también será un autojuicio de la sociedad colombiana a sí misma. Que no nos pase que seamos capaces de ver la paja en los ojos de los políticos y no seamos capaces de ver las vigas que tenemos en los ojos ciudadanos.
Tenemos que ser capaces de despertar el espíritu cívico que debe estar presente en toda sociedad democrática. No podemos seguir con los niveles de indiferencia y tolerancia que hemos tenido frente a la corrupción y la violencia.
Solo una ciudadanía cívica puede rectificar y recuperar el rumbo democrático y de progreso de nuestra nación.
Hoy, como de las manos de Dios puestas sobre Colombia, tenemos la gran oportunidad histórica de derrotar la corrupción y la violencia.
Más ciudadanía y más civismo. Es lo que necesitamos.
