La Corte Constitucional le puso fin a la discusión sobre la competencia de la JEP para pedir pruebas en casos de extradición y de paso le tiró un salvavidas a Jesús Santrich. La Corte resolvió una demanda de la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia y le dio la potestad al tribunal de paz para decretar pruebas en los casos de extradición, algo con lo que Duque, el fiscal y el uribismo no están de acuerdo. Esta decisión se dio cuando ni siquiera ha comenzado la discusión sobre las objeciones del presidente, y de inmediato le tumbó de fondo una de sus objeciones. Para la Corte, en los casos que esté revisando la Jurisdicción Especial para la Paz se debe respetar el debido proceso.
Y de paso, le hizo moñona con otra pretensión del presidente, pues hundió el régimen diferencial para militares, algo con lo que muchos no estaban de acuerdo, pero el uribismo igual logró meter con Paloma Valencia a la cabeza. Lo curioso es que en este punto ni siquiera se discutió si era pertinente o no, simplemente quedó descartado por un vicio en el procedimiento, pues apareció la modificación de manera repentina cuando ya se habían surtido varios debates.
